COLUMNAS
Importancia de un catálogo electrónico de trámites (I)
ROLMAN JOSÉ ORDOÑEZ
Guatemala da un paso importante en promover acciones que optimicen los recursos del Estado y con ello exista una reducción del gasto público; impulsando la transparencia, descentralización y digitalización de los trámites o gestiones que la población guatemalteca demanda de la administración pública.
Con la aprobación del Decreto Número 5-2021, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, los guatemaltecos tendrán acceso a una forma más sencilla de realizar una gestión, así como la habilitación de plataformas digitales para seguimiento oportuno de las diferentes solicitudes.
No es sencillo impulsar cambios en los procesos, y existe un sin número de variables que interactúan con el proceso administrativo para que sea eficiente. Con la ayuda de las tecnologías de la información los procesos se pueden rediseñar y automatizar, generando un trámite más sencillo y transparente, lo que da como resultado una reducción de tiempo en la obtención de los documentos, logrando que sean más eficientes y que respondan a las diferentes necesidades de los ciudadanos.
La plataforma se suma como opción adicional de consulta para los ciudadanos guatemaltecos que deseen obtener en una sola página toda la información de un trámite en específico.
Latinoamérica se ha ido modernizando en el uso de la tecnología de forma exponencial y ha optado por aplicar cada vez más tecnología conforme sus capacidades demográficas, técnicas y tecnológicas; Guatemala no ha sido la excepción en el uso de tecnología.
El Covid-19 como elemento de transformación, provocó una aceleración en el uso de la tecnología que benefició a los ciudadanos, reduciendo la brecha digital para el país; con la habilitación de un mayor número de productos y servicios en línea, el comercio electrónico tuvo un crecimiento positivo, debido a las restricciones que estuvieron vigentes esto dio como resultado un mayor uso de aplicaciones para reuniones y conferencias virtuales, uso de apps para pedidos en línea de productos y servicios; lo que aumentó la demanda de dispositivos electrónicos con acceso a internet que hoy por hoy son necesarios para realizar consultas o pedidos en línea.
El uso adecuado de software y hardware para brindar un servicio 100 por ciento digital provocó que un número mayor de usuarios migraran de servicios físicos a servicios digitales mucho más sencillos y rápidos, evitando colas y gastos adicionales a las compras o pagos programados.
En la actualidad existe una cantidad gigante de software que no requiere el pago de licencia y esto facilita su uso para incorporarlo a las diferentes plataformas que la administración pública utiliza; eso permite a las diferentes instituciones aprovechar las tecnologías existentes para integrarlo a las páginas web, y que los servicios se puedan gestionar en su totalidad de manera digital, desde la comodidad de casa u oficina.
Una disponibilidad estable de servicios digitalizados hace que la gestión de un trámite se vuelva más sencilla, rápida y económica para el ciudadano; para quienes debían viajar de un departamento hasta la ciudad capital, representa un verdadero ahorro en tiempo y en gastos, puesto que se evita el pago de hospedaje y transporte, que hoy en día, los costos son bastante elevados. En ocasiones, los guatemaltecos necesitaban hacer viajes que duraban varias horas, solo para solicitar un formulario, que era requisito para iniciar las gestiones; sin olvidar las colas, únicamente para obtener el formulario.
Otro de los problemas que causa el no tener una descentralización de los trámites son los famosos cuellos de botella, debido a la alta demanda y la reducida oferta para dar atención y solución a las solicitudes.
Continuará…
Marlon Leonel García Estrada
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Desde el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y el Gobierno de Guatemala, reconocemos a las y los estudiantes universitarios en su compromiso de avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación de Calidad, en el marco del Día del Estudiante Universitario.
Según los resultados de una encuesta realizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el 87 por ciento de los estudiantes universitarios considera que el acceso a una educación de calidad es uno de los principales retos que enfrenta el país; además, el 92 por ciento afirma que la pandemia ha tenido un impacto negativo en su educación, evidenciando la necesidad urgente de mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo.
El 22 de mayo se conmemora el Día del Estudiante Universitario, para reivindicar el acceso a la educación superior.
Los compromisos de Guatemala se enmarcan en una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, y los jóvenes universitarios desempeñan un papel fundamental en la consecución de esta meta.
Asegurar el acceso universal a la educación superior es garantizar que todos los jóvenes, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación geográfica, puedan acceder a una educación universitaria de calidad. Además, es importante promover la igualdad de género en la educación superior.
En este día, se destaca la importancia de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la universidad, así como invertir en la formación y el desarrollo profesional de los docentes universitarios, actualizar los planes de estudio y fomentar métodos de enseñanza innovadores.
También, se destaca la necesidad de ampliar el acceso a la educación técnica, vocacional y superior, garantizando que las personas de todas las edades puedan acceder a oportunidades de capacitación y educación superior de calidad, para mejorar sus perspectivas de empleo y desarrollo personal.
En este día les invitamos a ser agentes de cambio y a unirse a nuestros esfuerzos por construir un futuro más equitativo y sostenible a través de la educación. Juntos podemos asegurar que, para 2032, las personas en Guatemala tengan acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar todo su potencial y contribuir de manera significativa al desarrollo sostenible del país y del mundo.
Pablo Paniagua Prieto
Investigador de Faro UDD
Estos dos pensadores ofrecieron enfoques contrastantes sobre cómo entendemos y justificamos el derecho de propiedad en la sociedad. Por una parte, John Locke (2014), en su obra Two Treatises of Government desarrolló una teoría del derecho de propiedad que se ha convertido en un pilar fundamental de la filosofía política moderna. Según Locke, el derecho de propiedad surge de forma natural a través del trabajo y de la mezcla del trabajo con la naturaleza.
Este argumentaba que cuando un individuo trabaja en algo y lo mejora, adquiere ipso facto un derecho de propiedad sobre ese objeto. El argumento de Locke busca demostrar que los individuos que poseen o crean propiedad tienen luego derechos morales sobre esta, por lo que, a pesar de las desigualdades que se podrían generar, bien podríamos defender que dicha sociedad es justa.
Locke creía que la propiedad privada era fundamental para la preservación de la libertad individual y la prosperidad de la sociedad en su conjunto.
En el Segundo tratado, Locke dedica un capítulo entero a la propiedad en donde enarbola varios argumentos distintos para justificar la propiedad y las adquisiciones iniciales. Pero no cabe duda de que para Locke el trabajo que nace de la acción del hombre es un elemento crucial en la creación de valor y para llegar a adquirir propiedad.
Según el célebre filósofo americano Robert Nozick, una teoría de los derechos de propiedad necesita elaborar tres principios clave: i) un principio de “justicia en la adquisición inicial” de la propiedad, o cómo justificamos a los primeros individuos que dijeron, como diría Rousseau, “esto es mío”; ii) un principio de “justicia en la transferencia”; y iii) un principio de “justicia en la rectificación”.
En sus escritos sobre la propiedad, John Locke se concentra principalmente en la primera de estas cuestiones: ¿Cómo llegan los individuos a establecer derechos de propiedad sobre tierra y cosas que se hallan en estado natural? Y, ¿por qué están justificados a hacerlo? Dicho de otra forma ¿cómo podemos justificar la apropiación inicial y el derecho a excluir a otros del uso de cosas y objetos que eran de propiedad común en el estado de naturaleza? ¿Cómo podemos justificar a aquellos que Rousseau llamaba ‘impostores’? Con todo, y contra Rousseau, Locke da cuatro argumentos para la justificación inicial de la propiedad: i) el argumento de la supervivencia, ii) el argumento de la “labor mezclada”, iii) el argumento del “valor añadido” del trabajo y iv) el argumento de que Dios nos ha dado la propiedad para poder hacer un uso racional del mundo y para incentivar al hombre a trabajar (el argumento del mérito). Sin duda la argumentación más celebre de estos cuatro puntos es su idea de la “labor mezclada” y el “valor añadido”. En palabras de Locke:
“Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los hombres, cada hombre tiene, sin embargo, una propiedad que pertenece a su propia persona; y a esa propiedad nadie tiene derecho, excepto él mismo.
El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos, podemos decir que son suyos. Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza lo produjo y la dejó, y a la que mezcla su labor y añade a ella algo que es de sí mismo, es, por consiguiente, propiedad suya.
Pues al sacarla del estado común en el que la naturaleza la había puesto, agrega a ella algo con su trabajo, y ello hace que no tengan ya derecho a ella los demás hombres. Porque este trabajo, al ser indudablemente propiedad del trabajador, da como resultado el que ningún hombre, excepto el, tenga derecho a lo que ha sido añadido a la cosa en cuestión” (Locke, 2012. pp. 56-57).
De esta manera, Locke creía que la propiedad privada era fundamental para la preservación de la libertad individual y la prosperidad de la sociedad en su conjunto, ideas que luego recogería Robert Nozick en su famoso libro Anarquía, Estado y Utopía.
Continuará…
Javier Wilenmann
Facultad de Derecho
El 23 de abril pasado, la Federal Trade Comision (FTC) publicó una norma de carácter general que prohíbe las cláusulas de noncompete, con el propósito de promover la competitividad y proteger el derecho a cambiar de empleo o emprender un nuevo negocio. Las cláusulas de noncompete son disposiciones contractuales que obligan a ejecutivos y trabajadores a no ejercer una determinada actividad laboral, profesional o comercial comprendida dentro del giro de su empleador, por un período determinado, después de terminado el contrato.
Difundidas desde Estados Unidos, ellas han jugado un rol importante en la protección de la organización empresarial y sus secretos comerciales, a la vez que se han utilizado abusivamente para limitar la posibilidad de emprender nuevos negocios en ámbitos cercanos al del antiguo empleador.
Dado que se trata de una práctica que se ha difundido desde Estados Unidos, es probable que la acción de la FTC tenga efectos en Chile.
Entre nosotros, la imposición de las cláusulas de no competir siempre ha estado sujeta a niveles relevantes de incertidumbre por su potencial afectación de la libertad de trabajo y de la liberad económica.
Para limitar la afectación a estos derechos, la jurisprudencia chilena ha definido requisitos más o menos concretos de validez de las cláusulas en cuestión: debe constar por escrito, limitarse a las actividades comprendías dentro del giro de la empresa, estar acotada a un espacio de tiempo razonable y contemplar una compensación económica para la parte afectada por la estipulación.
Las consideraciones de la FTC para prohibir la estipulación fueron más bien consecuencialista: las cláusulas de noncompete limitarían la innovación, la generación de competencia y el dinamismo de la economía. Prohibirlas iría sobre todo en interés del mercado.
Dado que se trata de una práctica que se ha difundido desde Estados Unidos, es probable que la acción de la FTC tenga efectos en Chile y lleve también aquí a la redefinición de los usos contractuales.
Continuará…
