NACIONALES
En marcha, apoyos a la economía familiar
Asistencias a pagos de luz y gas propano comenzaron a aplicarse, mientras que para diésel y gasolina regular cobrarán vigencia mañana.
Las contribuciones económicas promovidas por el presidente Alejandro Giammattei, apoyadas por el Congreso de la República, para contrarrestar los incrementos en los precios de los derivados del petróleo, cobraron vigencia en los primeros cinco días de abril, lo que implicará un respiro para las economías familiares.
Mañana comienza a aplicarse el Decreto 20-2022, que faculta al Organismo Ejecutivo (OJ) para que por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM) se otorgue un apoyo temporal a los costos de la gasolina regular y del diésel.
Alberto Pimentel, titular del MEM, informó que la asistencia consiste en Q5 por cada galón de diésel y de Q2.50 por la medida de gasolina regular. El aporte durará dos meses, a partir de mañana.
Q5
Por galón de diésel y Q2.50 por combustible regular, es el aporte.
La normativa referida se une al Acuerdo 88-2022 del MEM, que establece aportes gubernamentales a la compra del gas propano, y al Decreto 25-2022, Ley de Fortalecimiento al Aporte Social de la Tarifa Eléctrica, que amplía el rango de hogares que el Ejecutivo asistirá para el pago del servicio de luz.
Pimentel recordó que el apoyo social para consumidores de gas propano entró en vigencia el 1 de abril y, respecto a la energía eléctrica, su aplicación es relativamente más sencilla porque el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) tiene un programa vigente de aporte a la Tarifa Social, desde 2000.
La asistencia para los cilindros de 10, 20, 25 y 35 libras es de Q8, Q16, Q20 y Q28, respectivamente. En el caso de la energía, se amplía la subvención para consumos mensuales de 89 a 100 kilovatios. Hasta la semana pasada, solo cubría hogares que consumían de 1 a 88 kilovatios.
Ante la disposición de la Policía Nacional Civil (PNC) de privilegiar el diálogo en situaciones críticas como el desalojo programado de las familias que viven en los alrededores del puente El Naranjo, en la zona 7 capitalina, expertos ven con buenos ojos las directrices emitidas desde el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Dirección General de la PNC. Estas órdenes, según los analistas, están apegadas a derecho y respetan los derechos humanos.
Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), afirmó que siempre se debe dar importancia a la conversación en estas situaciones sin que esto resulte en inacción por parte de las fuerzas de seguridad, las cuales deben cumplir con las órdenes judiciales sin llegar a enfrentamientos con la población. Menchú destacó que equilibrar la autoridad y evitar la confrontación social es positivo, contrastando con administraciones anteriores que recurrían a la violencia o a la ineficiencia.
Desde el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Lizandro Acuña también elogió la decisión, pero recordó que las órdenes judiciales deben cumplirse para evitar el delito de desobediencia. Subrayó la necesidad de prevenir estos conflictos desde las autoridades locales y garantizar el derecho constitucional de acceso a vivienda digna.
Ambos expertos coincidieron en la importancia de capacitar al personal de la PNC en habilidades de negociación, y recomendaron establecer protocolos claros de actuación para prevenir la violencia durante
los desalojos.
Estos comentarios surgieron en el contexto de la movilización programada para el pasado viernes, para el retiro de cerca de 150 familias del asentamiento Dios es Fiel bajo el Puente El Naranjo, el cual fue suspendido provisionalmente por la jueza encargada del caso, Judith Secaida, por no haber citado a los habitantes a una mesa técnica previa. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reafirmó el compromiso de la PNC con la protección de los ciudadanos, el respeto a sus derechos y la promoción del diálogo, resaltando que, aunque los desalojos impactan la moral de la fuerza policial, no cumplir las órdenes judiciales constituiría un delito.
Antecedentes
La mañana del lunes 25 de septiembre de 2023, tras las intensas lluvias reportadas en diversos sectores de la capital, los cuerpos de socorro fueron alertados por la crecida de un río que provocó una tragedia en el asentamiento Dios es Fiel, ubicado bajo el puente El Naranjo, en la zona 7. Según los reportes oficiales, el saldo fue de 11 muertos y siete desaparecidos.
Actualmente, las autoridades buscan retirar a las familias que aún viven en el lugar, ya que
temen que se puedan producir incidentes similares.
Depredación de Bienes de la Usac, así nombró la bancada del Movimiento Semilla el caso presentado el viernes en contra del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos.
El diputado Samuel Pérez indicó que accionaron a través de una querella por los delitos de abuso de autoridad y depredación de bienes culturales dado que, como representante legal de la casa de estudios, permitió la alteración de espacios, elementos y arquitectura del campus central.
Luis Ventura, parlamentario oficialista, explicó que en el sitio Guatecompras se detectaron al menos 38 compras directas, en las cuales se detallan trabajos de mantenimiento, remodelación, demoliciones de muros y restauración que se han efectuado sobre diferentes edificios de Rectoría, S-5, S-12, T-7, T-3, entre otros.
“Mazariegos, como rector y representante legal de la Usac, materializó la alteración de espacios, elementos y arquitectura sin haber solicitado la autorización respectiva de conformidad con la ley de la materia, causando grave perjuicio al patrimonio”, dijo.
La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación señala que lo forman los bienes que por declaratoria lo constituyan bienes muebles o inmuebles.
El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) a través del Acuerdo Ministerial 1199-2011, integró al campus central el 19 de diciembre de 2011.
También, destacó que se tiene conocimiento de que, durante su administración han realizado pinturas sobre murales de importancia y relevancia histórica. Por ello, los dignatarios solicitaron información al MCD, la cual destacó que no existían permisos y de las pocas solicitudes que había aún estaban pendientes de resolver.
Según la Ley para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes culturales protegidos no podrán ser objeto de alteración alguna salvo con autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural. Cuando se trate de Patrimonio Cultural de la Nación será necesario permiso de la municipalidad correspondiente.
Por último, la dignataria Brenda Mejía recalcó que la querella está debidamente documentada, con lo que se evidencia que no hubo solicitud del rector para ejecutar esas remodelaciones y alteraciones.
Más de 4 mil ciudadanos en movilidad humana han sido asistidos en lo que va del año, en el Centro de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas (Capmir), ubicado en Centra Sur para el resguardo de su integridad física y emocional, así como la prevención de violencia sexual, explotación y trata (VET).
El Capmir ofrece servicios de información, asesoramiento, primeros auxilios y conectividad. También, asistencia legal, psicológica, médica, psicopedagógica, espacio amigable y seguro para niños, así como sala de reuniones de migrantes y refugiados.
Bajo ese contexto, la vicepresidenta Karin Herrera, junto a Besem Obenson, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y Danissa Ramírez, titular de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), visitaron el recinto para sumar esfuerzos en el apoyo humanitario.
Durante su recorrido, Herrera convivió con los niños y adultos que son favorecidos. Asimismo, conversó con los profesionales que ven cada área según sus competencias y resaltó la importancia del trabajo unificado en favor de esta población vulnerable.
Obenson indicó que por parte de Acnur se dona la infraestructura y el manejo del espacio como la atención es por parte de las autoridades locales. Agregó que en el país cuentan con cinco Capmir en Petén, Izabal, Huehuetenango, Guatemala y Chiquimula.
