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Asociación de Jueces y Magistrados cuenta con nuevo presidente
Fue electa la Junta Directiva para el periodo 2022-2023.
Foto: Organismo Judicial
A finales de enero se realizó la Asamblea General ordinaria de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (OJ), con el objetivo de realizar la elección de Junta Directiva para el período 2022-2023.
En la asamblea, Ramiro Stuardo López Galindo, del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, quedó como nuevo presidente de la asociación, luego de obtener más de 300 votos por la planilla 2 que encabezaba.
Según informó el OJ, participó un total de 510 magistrados y jueces en la elección que se realizó de manera virtual y presencial debido a protocolos contra la pandemia.
La votación se llevó a cabo por medio del programa denominado Sistema de Votación Electrónica (Sivel), con el apoyo del Centro de Informática y Telecomunicaciones del Organismo Judicial.
López Galindo es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala como abogado y notario, y cursó una maestría en dicha casa de estudios y en una universidad de España.
Ha tenido diversos cargos en el OJ; algunos de ellos, como juez de Primera Instancia, Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, ciudad de Guatemala, y juez del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del área Metropolitana.
Además, el profesional en derecho fue asesor jurídico del Consejo de la Carrera Judicial y Secretario de Instancia del Juzgado Segundo de Ejecución Penal y Juzgado Primero de Ejecución Penal.
312 obtuvo la planilla que dejó a Ramiro López como presidente de la Asociación.
En lo que va de la época lluviosa, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que se han generado daños en 6 mil 548 viviendas, en 31 escuelas y nueve puentes, así como el fallecimiento de 10 personas.
Entre el lunes y ayer se contabilizaron 41 incidentes en toda la república, entre deslaves y otro tipo de eventos; en total, desde la primera quincena de junio van 810 emergencias que han dejado 506 personas
albergadas.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó ayer que los municipios de Chuarrancho, San Raymundo, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc y Chinautla, en el departamento de Guatemala, presentan un 30 por ciento de saturación del suelo, lo que podría provocar deslizamientos, derrumbes o socavamiento de terrenos.
Las autoridades reiteraron el llamado a tomar las medidas de precaución pertinentes como evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas a pie o en vehículo, mantener la mochila de
las 72 horas y estar en apresto a las instrucciones que den las autoridades.
“Los desalojos que efectúa el Ministerio Público (MP), ordenados por jueces que son parte del pacto de corruptos, buscan un enfrentamiento entre campesinos y el gobierno de Bernardo Arévalo, pero no lo lograrán”, afirmó Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC).
Recordó que “esos problemas tienen años y lo raro es que durante el tiempo de Alejandro
Giammattei se evitaron para no crearle desgaste, y ahora que hay un Gobierno progresista que está abriendo espacios a los sectores más desposeídos en menos de cinco meses se han producido cerca de 15 desalojos ilegales y hay 10 más en espera”, indicó.
De igual forma, el Frente Campesino Iximulew rechazó, en un comunicado de prensa, los desahucios y exigió a los organismos de derechos humanos a asumir su compromiso de “velar por el bien común y defender a las familias amenazadas por las oligarquías del agro”.
Además, Pascual urgió a tomar acciones en torno a los problemas que atraviesa el país como “consecuencia de la cooptación de la institucionalidad del Estado, sobre la que tienen el control las mafias
que impiden el desarrollo socioeconómico de la población”.
Pascual advirtió que los jueces son los responsables de la crisis humanitaria que se deriva de estas expulsiones que violan el artículo 67 de la Constitución de la República, el cual establece que las tierras de comunidades indígenas gozarán de protección especial del Estado.
Con la revocatoria de las medidas sustitutivas que beneficiaban al periodista Jose Rubén Zamora, en el primer caso judicial en su contra por lavado de dinero, la Sala Segunda de Apelaciones del ramo Penal anuló la libertad condicional que había sido otorgada, informó ayer el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
15 de mayo le otorgaron las medidas sustitutivas.
A través de un video colgado en las redes sociales se hizo saber sobre la notificación en la que se revocó el citado beneficio al fundador del diario elPeriódico, a solicitud de la FECI, porque “la medida sustitutiva no era apropiada para la gravedad del caso”.
No ha salido
El pasado 15 de mayo, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal otorgó la alternativa a Zamora, la cual consistía en arresto domiciliar, obligación de presentar su huella digital en el sistema biométrico en el MP, arraigo, prohibición de comunicarse con los coimputados y concurrir a lugares citados en la acusación y el pago de una caución económica de 30 mil quetzales.
Sin embargo, el comunicador permanecía en prisión, ya que enfrenta un segundo proceso en su contra, el cual no ha sido resuelto. Ayer, se dictaminó que deberá continuar en la cárcel de Mariscal Zavala.
