EDITORIALES
Ejército, promotor de la paz y la soberanía
La función del Ejército de Guatemala ha sido determinante en la historia de nuestro país. En cada etapa que ha vivido la república ha cumplido con el papel que le corresponde: la defensa de la soberanía y la paz de la nación.
Asimismo, la institución castrense ha sido partícipe en las labores
humanitarias, en apoyo a las entidades de socorro durante y después de fenómenos atmosféricos, como terremotos, huracanes o tormentas tropicales.
No se puede obviar que las Fuerzas Armadas también han contribuido con las fuerzas de seguridad civil en el combate del crimen organizado, como el narcotráfico. Actualmente, su participación es clave en el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.
Esas y otras acciones fueron resaltadas y reconocidas ayer por el presidente de la República, Alejandro Giammattei, durante la conmemoración del 171 aniversario de la Batalla de La Arada y del Día de las Fuerzas de Tierra del Ejército.
Rememorar dichos acontecimientos ayuda a recordar cómo miles de guatemaltecos, portando el uniforme militar y llenos de amor por su patria, combatieron como héroes y triunfaron.
Por ello, el gobernante indicó que una de las metas para las Fuerzas de Tierra es fortalecer sus capacidades y disminuir sus deficiencias, pues la intención es dejar las bases conceptuales para que puedan desarrollar sus habilidades en beneficio de la nación.
Se espera que cuando finalice su gestión, el jefe de Estado habrá dejado un Ejército más fuerte y numeroso pero, sobre todo, promotor de la paz, la democracia y la responsabilidad de preservar la vida de los guatemaltecos.
Le toca a la institución militar continuar el trabajo para el mantenimiento de la paz y la gobernabilidad pero, sobre todo, la democracia de nuestro territorio, y garantizar que el crimen transnacional y otros grupos delictivos no violen la soberanía del país.
Desolador. Contundente. Duro, pero cierto. El informe preliminar de los delegados de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que observan el proceso para integrar las Cortes, también es repetitivo en cuanto a sus reflexiones.
Como para la mayoría de guatemaltecos, es normal que a ellos les sea frustrante ver candidatos cuya reputación causa más pena que gloria. Que concita mayor rechazo que respaldo. Que genera más temor que esperanza.
El documento que la OEA hizo público ayer defiende el criterio de que las personas que lleguen a los puestos deben ser idóneas, con honorabilidad y un fuerte compromiso con los principios democráticos y el Estado de derecho.
De igual manera, repara en el hecho de que se hayan ignorado los cuestionamientos que pesan sobre varios aspirantes, en especial porque 11 de ellos figuran en la Lista Engel, donde Estados Unidos incluye a quienes considera “actores corruptos y antidemocráticos”.
Los temores de la Misión de la OEA fueron advertidos 24 horas antes por el presidente Bernardo Arévalo. Una selección objetiva y rigurosa pidió el jefe del Ejecutivo. El pacto de inmorales sabe que el tiempo se le termina y quiere conservar su poder real y fáctico en el sistema de justicia.
Está consciente que perdió su dominio en el Organismo Ejecutivo y, con él, su poder absoluto para disponer y repartir el erario. Además, ve que sus influencias en el Congreso mermaron, así que le apuestan a retener la mafia que impera en algunos juzgados y magistraturas.
Eso explica tanto descaro. Tanta desvergüenza. Tan poco pudor. Por eso la insistencia de los delegados de la OEA de pedir candidatos idóneos, honorables. Ajenos a los politiqueros y al crimen organizado. En el informe, la OEA tampoco olvida el papel del Ministerio Público.
Ni de sus persecuciones fantasiosas y recordó que el ente investigador citó a comisionados, aunque no tenían registros ni evidencias que respaldaran la apertura de procesos.
Por todo lo anterior, los observadores encuentran desafíos que representan un riesgo significativo en la selección de Cortes. Por eso, la ciudadanía está a tiempo de evitar la prolongación del pacto de mafiosos.
En el Congreso soplan nuevos aires. Se sienten otras sensaciones. Hay diputados que se resisten a ser instrumentos del pacto de corruptos y se les ve dispuestos a velar por el bien común. En fin, el Parlamento parece reinventarse. Y la ciudadanía lo está notando.
La primera señal puso en su sitio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La mayoría de legisladores hizo valer su determinación de aumentar la inversión social y volvió a aprobar un decreto anulado por el máximo tribunal del país. Con más votos. Similar ejercicio ocurrió con la Ley de Clases Pasivas del Estado, que contiene mayores beneficios para los jubilados, en su mayoría personas de la tercera edad.
Hoy, los dignatarios cierran filas a favor de las fuerzas civiles de seguridad. Un sector sobre el que pesa un prejuicio injusto, que ha invisibilizado muchas de sus necesidades y escamoteado sus derechos.
Ahora este organismo encamina una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC), creada hace 27 años. Una iniciativa humana, que efectivamente pretende dignificar la labor de los agentes.
Por ejemplo, el anteproyecto contempla cambios en el régimen de Previsión Social Complementario, que incluye apoyo a las viudas e hijos menores de edad que perdieron a su progenitor durante la prestación del servicio. Además, se promueve asistencia especial a personal que haya quedado discapacitado por el cumplimiento de su deber.
De igual manera, proyecta mejoras salariales, un régimen más equitativo de escalafón y pone especial énfasis en el auxilio póstumo, así como maximiza la atención médica, la cual se extiende a padres, cónyuges y descendientes menores de 18 años.
Sin duda, el mundo cambia mucho después de 27 años y nuestras normativas deben estar a la altura, sobre todo en materia se seguridad ciudadana. Lo bueno es que en el Congreso soplan nuevos aires. Se sienten otras sensaciones y el ciudadano lo sabe.
En ocho meses las fuerzas de seguridad del país, comandadas por el Ministerio de Gobernación, han puesto de manifiesto que el gobierno del mandatario Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, tiene entre sus prioridades combatir el tráfico de drogas y todo lo relacionado al trasiego de estupefacientes químicos.
Por décadas Guatemala ha sido un territorio frágil para los grandes cárteles que han encontrado en nuestras rutas, vías libres para transitar como Pedro por su casa. Hoy, hay un compromiso implacable de luchar contra este flagelo.
Como muestra es que en pocos meses la actual administración ha doblado esfuerzos por tierra, aire y mar, hasta lograr resultados mucho más contundentes en decomisos. Las cifras proporcionadas por la cartera de Gobernación, dirigida por Francisco Jiménez, dan cuenta que el incremento de las incautaciones ha sido de un 210 por ciento hasta el 8 de septiembre, con respecto a la misma fecha del año pasado.
Desde luego que para conseguir estos resultados ha sido necesaria una articulación interinstitucional con el Ministerio de la Defensa y otras entidades, además de una implementación de programas de capacitación y apoyo contínuo a la Policía Nacional Civil.
Sobre los números, en 2023 se había decomisado 3 mil 474 kilogramos de cocaína, mientras que a 2024, el volumen fue de 10 mil 777.96 kilogramos. En términos de valor, equivale a 1 mil 107 millones, 346 mil 471 quetzales.
Pero no solo este alcaloide ha sido blanco de nuestras fuerzas públicas de seguridad. Los resultados también se ven en metanfetamina, aeronaves y embarcaciones confiscadas, además de armamento y capturas de implicados.
Es oportuno elogiar ese esfuerzo y profesionalismo que los agentes de seguridad han puesto en cada acción que emprenden para evitar que la droga llegue a sus destinos, principalmente Estados Unidos y Europa.
Se han redoblado esfuerzos en todas las líneas fronterizas con nuestros vecinos, El Salvador, Honduras y México, además de mantener una coordinación muy cercana con los respectivos gobiernos, incluyendo Colombia, desde donde procede la mayor cantidad de la droga que pisa suelo guatemalteco.
