COLUMNAS
Campesinas y la agricultura familiar (II)
Mariela Jara
AGENCIA INTERNACIONAL DE NOTICIAS INTER PRESS SERVICE (IPS)
Puntualizó que la reforma tendrá nueve ejes; entre ellos, la seguridad alimentaria, la infraestructura hidráulica, la industrialización rural, créditos de fomento agrario, asociatividad y cooperativismo, mercados de productores y compras estatales. Inclusive mencionó un fondo para la mujer rural. Sin embargo, son muchas las dudas sobre su implementación en el clima político tenso y polarizado que vive Perú desde que Castillo asumió la presidencia, en julio. Vásquez recibió el voto de confianza del Legislativo el 4 de noviembre. Gladys Vila, activista indígena quechua, originaria del departamento centroandino de Huancavelica, la región con los mayores índices de pobreza de Perú, indicó que si bien entusiasma el anuncio de la segunda reforma agraria, le preocupan varios vacíos.
Amortiguar las brechas de género. Vila puso énfasis en la importancia de tomar en cuenta las brechas de género en las zonas rurales, pues de lo contrario las mujeres agricultoras, que son motor de la economía pero sin reconocimiento ni valoración, podrían quedar excluidas de las oportunidades de la proyectada reforma.
Planteó que como parte del proceso se den condiciones habilitantes como garantizar a las mujeres la seguridad jurídica de las tierras que trabajan, lo que a su vez requerirá de modificar la ley de comunidades campesinas que reconoce derechos solo al jefe de familia. “Al quedar fuera del padrón comunitario, también se limita a las mujeres su participación en las juntas directivas y en la toma de decisiones sobre el desarrollo comunal, pese a que tenemos una ley que indica que deben ocupar 30 por ciento de los cargos”, explicó.
Si las productoras agropecuarias accedieran en igualdad de condiciones que los hombres a los recursos, se incrementaría la producción.
“Las normativas sobre comunidades campesinas y participación de las mujeres en las juntas directivas no son fruto del diálogo y será una barrera para el acceso a los derechos y oportunidades que busca la segunda reforma agraria”, analizó. A nivel mundial, ONU Mujeres ha documentado que las campesinas viven en peores condiciones que sus pares hombres y que las mujeres de zonas urbanas debido a brechas sociales y de género. También ha evidenciado que si las productoras agropecuarias accedieran en igualdad de condiciones que los hombres a los recursos, se incrementaría la producción de alimentos en los países del Sur en desarrollo y se reducirá la desnutrición entre un 12 y 17 por ciento en ese grupo global. Clima con mirada femenina. Vila mencionó también la crisis climática que está poniendo en riesgo la vida de las diferentes especies y mermando derechos humanos, en particular de quienes dependen de la agricultura familiar, situación que la política anunciada no ha tomado en cuenta.
“Las mujeres nos estamos adaptando al cambio climático con nuestros saberes ancestrales y con respeto a la madre tierra, resistimos y aportamos a la seguridad y soberanía alimentaria y ese conocimiento debe ser considerado en la segunda reforma agraria”, subrayó. Un ejemplo de ello es el caso de Beatriz Huisa, campesina de la comunidad de Sachac, en Quispicanchi, a más de 3500 metros sobre el nivel del mar, quien contó a IPS durante una jornada en su aldea que antes el sol la calentaba, pero que ahora la sensación es “de quemadura”.
Y eso no solo sucede en su piel, sino en sus cultivos de papa y hortalizas, que sufren además la reducción de las fuentes hídricas y la aparición de plagas que antes no habían visto por sus planicies. Sin embargo, no se queda de brazos cruzados, y al igual que las mujeres apela a los conocimientos de sus abuelas y a insumos naturales para proteger su siembra. Abona la tierra con estiércol de sus animales y prepara repelentes naturales con base al ají rocoto (Capsicum pubescens) y ajos para ahuyentar a gusanos y gorgojos. Cuando se la pregunta por la anunciada segunda reforma agraria, responde que no ha escuchado mucha explicación al respecto, pero que espera que el presidente Castillo “no se olvide de las mujeres del campo”.
Fernando Soto,
Director de Fomento de las Artes, Ministerio de Cultura y Deportes
Guatemaltecos, cuyos nombres han trascendido las fronteras de nuestro país por su valor artístico, forman una constelación de estrellas en el firmamento del arte nacional. Nombres como Joaquín Orellana, Carlos Mérida, Efraín Recinos o Miguel Ángel Asturias, son algunas de estas figuras del arte nacional que dan renombre a Guatemala en el universo artístico.
El Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, constitucionalmente tiene la obligación primordial de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional y, anualmente, reconoce a los artistas por medio de la entrega de los Premios por Trayectoria y Aportes al Desarrollo del Arte.
El Estado tiene la obligaciòn de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional.
Marimba, teatro, danza, música, artes visuales y artes circenses son las disciplinas en las que se premia a mujeres y hombres guatemaltecos dedicados al arte nacional, enalteciendo, reconociendo y valorando a las y los guatemaltecos dedicados al quehacer artístico nacional.
Durante el año se entregan los premios a los artistas en cada una de las disciplinas en las que han destacado, contribuyendo al desarrollo del arte, ya sea por medio de la docencia, la proyección de su arte como destacado intérprete, o la labor creadora de obras artísticas, fruto de años de dedicación y esfuerzo, sirviendo como ejemplo a las nuevas generaciones de niños y jóvenes que inician o se están formando en el arte y, a la vez, proyectando su obra creadora a la sociedad guatemalteca, dejando un legado artístico que muestra la grandeza del arte a nivel nacional e internacional.
Educadores que transmiten a las nuevas generaciones su conocimiento y experiencia en las escuelas de arte, conservatorios o academias comunitarias que existen en el territorio nacional; dramaturgos, compositores y coreógrafos que plasman en su obra historias y vidas, paisajes sonoros, lenguajes corporales cadenciosos con el fin de transmitir una idea, un momento, un mensaje, un recuerdo o una realidad; músicos, actrices y actores, bailarinas y bailarines, escultores y pintores, payasos, acróbatas y magos que han dejado su vida en las tablas, en teatros, en galerías, en parques, iglesias, edificios, en festivales o en donde se pueda hacer un escenario o montar una exposición y presentar ante un público diverso y colorido el fruto de la obra creadora
individual o colectiva.
Mientras sigamos reconociendo y valorando a nuestros artistas, seguiremos llenando de estrellas el firmamento artístico de nuestra Guatemala.
El Informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial destaca las principales amenazas que enfrentará el mundo. Entre las más urgentes para los próximos dos años se encuentran la desinformación, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, ciberataques y los conflictos armados.
La desinformación, entendida como información falsa difundida sin intención y como aquella creada deliberadamente para engañar, destaca como una de las amenazas más preocupantes. Dentro de este fenómeno, se incluyen las deepfakes: videos o audios generados con inteligencia artificial que imitan a personas reales diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural.
Estas herramientas, que utilizan modelos de aprendizaje profundo para crear contenido casi indistinguible de la realidad, están ahora al alcance de cualquiera con acceso a un software básico, convirtiéndose en una poderosa arma de manipulación.
En un país como Guatemala, donde persiste la polarización política y la desconfianza en las instituciones, las deepfakes representan un riesgo enorme.
La rapidez con la que se difunde la información a través de plataformas como Facebook, WhatsApp o TikTok, sumada a la tendencia de la población a consumir información superficial sin verificarla, crea un terreno fértil para el éxito de este tipo de
manipulaciones.
Crear un deepfake no requiere de equipos sofisticados; basta con programas accesibles y suficiente material visual de la persona que se desea imitar. Casi cualquiera con intenciones maliciosas puede producir contenido para difamar a figuras públicas, marcas o influir en decisiones políticas y sociales. En un país donde muchos ciudadanos se quedan en la superficie de lo que ven o escuchan, las consecuencias pueden ser tremendas.
Vivimos en una era de sobrecarga de información y contenido instantáneo, donde la veracidad de los hechos importa menos que las emociones que estos generan.
Campañas de desprestigio y contenidos falsos no solo capturan la atención del público y manipulan sus percepciones, sino que también distorsionan la verdad y alimentan la polarización social, aumentando el clima de desconfianza.
A nivel global, estudios como los del MIT han demostrado que las noticias falsas y los deepfakes, se difunden más rápido y llegan más lejos que las noticias verdaderas, especialmente en el ámbito político. Esto se debe a su novedad, apariencia y a su capacidad de generar emociones fuertes como miedo, disgusto y sorpresa, haciéndolas más propensas a ser compartidas en redes sociales.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural. Las redes sociales, que surgieron como espacios para la libre expresión, hoy pueden adormecer el razonamiento crítico, convirtiendo a los usuarios en presa fácil de la manipulación. En lugar de profundizar y cuestionar, muchos se quedan en la superficie de los titulares y contenidos virales, adoptando posturas emocionales antes que basadas en hechos.
Como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad ante esta amenaza. No debemos consumir toda la información que nos llega sin cuestionarla. Necesitamos practicar un escepticismo saludable, fomentar la alfabetización mediática, la cultura de verificación y análisis crítico educándonos para identificar y combatir la desinformación.
Si no aprendemos a discernir entre la verdad y la manipulación, seguiremos siendo vulnerables y presas fáciles. Solo con una ciudadanía informada y crítica podremos proteger nuestro derecho a tomar decisiones .
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas
CONADI, Guatemala.
En Guatemala, se estima que 1,025,465 personas viven con al menos una dificultad, lo que equivale al 9.53% de la población total. Durante muchos años, las personas con discapacidad en nuestras comunidades han sido olvidadas y excluidas de diversos ámbitos sociales.
Este es un tema de preocupación para el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, que, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Guatemala, ha emitido 83 observaciones y recomendaciones al Estado guatemalteco.
Las OMD representan el enlace entre las personas con discapacidad y las entidades municipales.
Para cumplir con estas recomendaciones el CONADI, cuenta con el Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad. A través de sus delegados departamentales trabaja con organizaciones e instituciones dedicadas a las personas con discapacidad.
El objetivo es influir en la voluntad política de las autoridades para que integren la temática de discapacidad en los Planes, Programas, Proyectos y Políticas municipales.
En seguimiento a este mandato, CONADI colabora activamente en la Comisión Departamental de Discapacidad (CODEDIS) y con la Comisión Municipal de Discapacidad (COMUDIS); y a partir de la publicación del Acuerdo Gubernativo 137-23024, el pasado 2 de septiembre en el Diario Oficial, el CONADI podrá participar con voz y voto en los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (CODEDES).
Estos esfuerzos buscan fomentar la participación ciudadana y crear espacios específicos para la instalación de Oficinas Municipales de Discapacidad en los municipios del país.
Hasta la fecha, se han establecido 131 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) y 2 Direcciones Municipales de Discapacidad (DMD), que sirven como enlace directo entre las personas con discapacidad y sus familias en cada municipio.
Las aperturas más recientes incluyen las oficinas de Santa Catarina Mita, Jutiapa; Melchor de Mencos, Petén; Samayac, Suchitepéquez, San Rafael las Flores, Santa Rosa; Olopa y Quezaltepeque en Chiquimula; así como en Jocotenango y Pastores en Sacatepéquez.
