EN EL PAÍS
Con unidad, el país está saliendo adelante
El 13 de marzo de 2020, por la tarde, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, daba a conocer el primer caso de Covid-19 en Guatemala. En ese momento, el Gobierno fortaleció las acciones que días antes había comenzado para contener la crisis sanitaria.
Un año después, Guatemala no ha bajado la guardia contra el coronavirus y está saliendo adelante, gracias a la unidad del sectro público, privado y la cooperación internacional, que continúan la tarea de prevención y combate de la enfermedad, así como para reactivar la económica.
Entre las acciones tomadas para evitar el contagio de la pandemia figuran el cierre del país y el toque de queda decretados por el Ejecutivo. Además, la construcción en tiempo record de cinco hospitales temporales para atender a los pacientes.
El Gobierno implementó 10 programas de apoyo, dirigido a las familias vulnerables, a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como al sector laboral que sufrió los efectos del Covid-19.
La acción más reciente es la vacunación del personal que combate la pandemia en primera línea, así como de los salubristas de las 29 áreas de salud. Para ello, el país recibió 5 mil y 200 mil dosis de inmunizadores, donados por Israel e India, respectivamente, y 81 mil 600 compradas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Homenaje
La titular de la MSPAS, Amelia Flores, reconoció el trabajo de todo el personal médico y paramédico de los servicios hospitalarios, que han atendido a pacientes con coronavirus desde el primer día de la emergencia.
La funcionaria lamentó la pérdida de vidas de galenos y de enfermos.
“Creemos que es muy importante la labor que los profesionales, técnicos y de intendencia hicieron por la salud de la población”, añadió.
Ayer y hoy, Guatemala es sede de la Segunda Reunión Presencial de Diálogo Centroamericano con Puntos de Contacto Nacional, un esfuerzo regional enfocado en la creación de la Hoja de Ruta para prevenir el tráfico ilícito de armas y municiones.
Este instrumento pretende establecer prioridades y acciones compartidas entre los países del área para mejorar la eficacia en la lucha contra la circulación ilegal de estos artefactos, que impacta directamente la seguridad y estabilidad.
Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), resaltó la relevancia de enfrentar el fenómeno, pues una alta proporción de los actos violentos en el país está vinculada con este tema.
“Es necesario desarrollar acciones para comprender mejor este problema y establecer conversaciones que permitan contrarrestar a las organizaciones criminales responsables de la proliferación de armas en el territorio”, afirmó Jiménez.
Herramienta clave
Por su parte, Katja Boettcher, oficial de Asuntos Políticos del Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec, en inglés), resaltó los avances desde la primera reunión, el año pasado, en Panamá.
Explicó que este mecanismo se perfila como una herramienta clave para transformar la región en una zona de paz, seguridad y desarrollo.
Asimismo, el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ivan Marques, señaló: “Tenemos que alinear nuestras acciones para la prevención de la violencia y fortalecer nuestros marcos legales para reducir los flujos ilícitos que alimentan a los grupos ilegales organizados”.
El representante de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), Rafael Donis, dijo: “Cada país enfrenta el desafío de garantizar que las armas autorizadas estén en manos de sus propietarios. La Hoja de Ruta contribuirá a lograr este objetivo”.
EN EL PAÍS
Buscan más acción contra la pobreza
Organizaciones no gubernamentales definirán una agenda común en apoyo a los guatemaltecos más vulnerables
Definir acciones para trabajar de manera conjunta en el combate de la pobreza es el objetivo del V Congreso Nacional de ONG, que se realiza en la capital de Guatemala, informó la presidenta en funciones, Karin Herrera.
En ese sentido, Herrera afirmó que en el encuentro, que comenzó ayer y finalizará mañana, se establecerá una agenda común con el fin de conocer y buscar salidas a las necesidades de la población rural.
“Es importante tener una hoja de ruta, trabajar unidos en diferentes sectores para continuar mejorando las condiciones de los guatemaltecos más necesitados”, manifestó.
Planes a futuro
Por su parte, William Mazariegos, director ejecutivo de la entidad Asindes, que aglutina a 26 ONG, señaló que el evento pretende integrar a las organizaciones, para formular planes a futuro.
Mazariegos agregó que parte de las acciones es coordinar el trabajo con agencias internacionales, para obtener financiamientos y hablar con las municipalidades acerca del rol de las oenegés. “Queremos que las organizaciones no gubernamentales legítimas ocupen los espacios intersectoriales”, expresó.
De acuerdo con Mazariegos, durante estos tres días se espera establecer los acuerdos mínimos de la agenda común, darle seguimiento, lograr consensos y consolidarla en, aproximadamente,
cuatro meses.
El director de Asindes indicó que su organización llega a 500 mil familias, beneficiándolas con proyectos de desarrollo agrícola y exportación. Aquellos hogares que no tienen terrenos se les apoya con alimentos y educación nutricional, aseguró.
Además, la entidad cuenta con programas de microcréditos para impulsar el desarrollo económico y programas de vivienda y salud para las personas más necesitadas.
Una supervisión para verificar si el país cumple con las medidas de seguridad, especialmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), empezó ayer la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que concluirá el próximo 3 de octubre.
La evaluación busca determinar “si se están cumpliendo los protocolos, lineamientos y planes nacionales, entre otros, para mantener la seguridad aeroportuaria”, afirmó Erick Uribio, gerente
general del AILA.
De esa cuenta, inspeccionarán si, por ejemplo, se efectúan los patrullajes dentro y fuera del aeródromo, que los usuarios estén pasando por los escáneres, así como determinar qué artículos ingresan y cómo lo hacen, explicó.
Si tras la fiscalización encuentran inconvenientes establecen las medidas correctivas que se requieran y de no atenderse en el plazo que ellos fijan, el aeropuerto puede perder su categoría.
“Esta es una inspección integral que realiza la OACI, cada cierto tiempo a los Estados miembros del Convenio de Chicago, para comprobar el estado de los sistemas de supervisión de seguridad de aviación civil”, señaló la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en un comunicado de prensa.
