EN EL PAÍS
Gobierno entrega viviendas a 148 familias
Este año, el CIV ha adjudicado 6 mil 500 soluciones habitacionales.
Ciento cuarenta y ocho familias de los municipios de San Raymundo, Guatemala, y de Tecpán-Guatemala, Chimaltenango, estrenaron igual número de viviendas, de manos de Carlos Armendáriz, viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
La primera entrega se efectuó el pasado viernes en San Raymundo, donde se otorgaron 80 unidades familiares a vecinos de varias aldeas. El funcionario afirmó que en este lugar hace falta dar 33 más para un total de 133.
Posteriormente, el vicetitular del CIV se trasladó ayer para conceder otras 68 casas en varias comunidades de Tecpán-Guatemala, de las 96 que tienen previstas.
Testimonios
Wendy Argueta, una de las beneficiarias de San Raymundo, agradeció al presidente Alejandro Giammattei y a funcionarios del CIV por cumplir su sueño de tener casa propia. “Hacía cinco años que venía esperando este momento. Nos decían que no había fondos, pero no fue hasta este gobierno que empezaron a construir mi casa y hoy me la entregaron”, manifestó emocionada la vecina.
35
mil quetzales otorga el Fopavi a cada beneficiario.
De la misma forma se expresó Flaviano Salomón, líder comunitario de Tecpán-Guatemala, quien reconoció el esfuerzo del actual gobierno por ayudar a las personas necesitadas, a la vez solicitar otras 111 viviendas más.
El viceministro explicó que este año han sido construidas y dadas en propiedad no menos de 6 mil 500 casas para igual número de familias de todo el país. Según el CIV, el costo de cada unidad familiar es de Q35 mil y cada beneficiario debía contar con terreno propio para edificar el inmueble.
El Fondo Para la Vivienda (Fopavi) es la entidad responsable de otorgar el subsidio y se entrega por una sola vez directamente al beneficiario, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna.
La persona beneficiada debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley de Vivienda; entre estos, ser personas que viven en situación de pobreza o pobreza extrema.
Con el objetivo de impulsar la producción de familias en cadenas productivas se realizó el foro Empresarialidad inclusiva y agricultura sostenible, organizado por la Agencia de Cooperación del Gobierno de Bélgica, Trias, el cual reunió a 14 organizaciones de Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana.
En la actividad se resaltó el apoyo técnico, la capacitación y la conexión con mercados internacionales, ejes fundamentales para el desarrollo sostenible en la región, como parte de la mejora en las capacidades empresariales en las comunidades agrícolas.
Jacqueline Abrego, directora regional para Trias de Centroamérica y el Caribe, destacó que el programa tiene como meta principal el crecimiento organizacional y el acceso inclusivo a compradores. “Buscamos fortalecer a los pequeños productores para que puedan desarrollarse, crecer y acceder a mercados, así como mejorar la calidad de vida desde sus hogares”, subrayó Abrego.
Por su parte, Enrique Tobar, representante del viceministerio de Desarrollo Económico y Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), resaltó la importancia de estos espacios para fomentar la resiliencia ante la variabilidad climática y garantizar la seguridad alimentaria. “Este tipo de eventos nos permite fortalecer la asociatividad y enfrentar los retos que afectan a las familias rurales”, señaló.
La inauguración de la Oficina de Transparencia y Probidad en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) representa una herramienta clave en la lucha contra la corrupción, con la cual se
busca promover la integridad y la honestidad en la administración pública, al fortalecer la confianza de la población en las instituciones.
La presidenta de la República en funciones, Karin Herrera, enfatizó en la importancia de esta iniciativa, como pilar fundamental para el buen funcionamiento de las entidades estatales.
“El manejo transparente y honrado de los recursos públicos es un compromiso indispensable para el fortalecimiento de las democracias”, afirmó Herrera, quien subrayó que la corrupción amenaza la efectividad de las instituciones. Además, instó a los funcionarios a trascender el marco normativo y cultivar una convicción colectiva contra los hechos deshonestos.
El director del Inguat, Harris Whitbeck, expresó que esta oficina representa un acuerdo con la sociedad y el sector turístico, el cual se ha visto afectado. “La corrupción es una enfermedad que ha lacerado a nuestra sociedad”, afirmó, y señaló que cada acto de este tipo daña la imagen de Guatemala ante el mundo.
EN EL PAÍS
MEM usará sistema satelital para evitar la minería ilegal
Piden a la ciudadanía denunciar a quienes excavan en canteras sin tener los permisos, lo cual es un delito
Con el fin de fortalecer los controles y evitar extracción de recursos minerales sin licencia, se tiene previsto hacer uso de la tecnología, informó ayer Julio Luna, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), durante una reunión con el diputado Manuel Archila, de la bancada Cabal.
“Tenemos un proyecto de utilización de controles remotos, imágenes satelitales para vigilar el territorio de Guatemala para este tipo de situaciones”, afirmó el funcionario durante el encuentro que se llevó a cabo en el segundo nivel del edificio Riera.
Agregó: “Hay algunos lugares que no son accesibles y que podríamos observarlos bien mediante ese sistema”.
La respuesta la dio Luna luego de que se le diera a conocer un caso de una empresa que extrae materiales en una cantera ilegal ubicada entre Villa Nueva y Sacatepéquez.
Llamado
Tras comentar que no tenía conocimiento de ello, Luna llamó a la ciudadanía a denunciar estos hechos. “Agradeceríamos el apoyo para que realicen las denuncias, que se pueden hacer de manera anónima; ya tenemos un mecanismo para ello. Necesitamos las coordenadas del sitio. Si no tienen licencia, hacemos la denuncia al Ministerio Público, porque esto es un delito”, aseguró.
Al encuentro llegaron representantes de micro y pequeñas empresas que están tramitando licencias para la extracción de material para la fabricación de block y que no han obtenido respuesta en más de dos años.
“Solicito velar por ellos, porque están a punto de cerrar por diferentes trámites ante la cartera de Energía, que no logran resolver”, afirmó Otto Jiménez, uno de los afectados.
