EN EL PAÍS
Centroamérica consolida acciones en materia de seguridad
La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) y su incidencia en la alineación de las políticas nacionales de seguridad en las que El Plan El Salvador Seguro, la Política Nacional de Seguridad de Guatemala y la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana de Panamá, son algunos de los ejemplos en los que las naciones de la región han trabajado en materia de resguardo ciudadano.
Así lo indicaron las autoridades del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) durante una reunión ayer con delegados del Comité Ejecutivo de ese foro, en la cual se presentaron los principales resultados en materia de seguridad democrática.
Una nota de prensa de dicha entidad refiere que, como parte de los esfuerzos implementados, también se destaca la creación y el fortalecimiento de 65 comités municipales de prevención de la violencia en las naciones del Sica, en temas como formulación de políticas y planes, trabajo con jóvenes e igualdad de género, entre otros.
También se hizo referencia a la ejecución de 12 operaciones regionales policiales y fiscales en temas de trata de personas, narcotráfico, tráfico ilícito de armas de fuego, antipandillas, ciberdelito y robo y hurto de vehículos.
Los funcionarios del Sistema de la Integración plantearon que la desarticulación de 120 estructuras internacionales y 91 internas han sido otros de los logros, a lo cual se suma la capacitación a más de 25 mil operadores de seguridad y justicia de la región y la implementación de cursos regionales para el fortalecimiento de la coordinación multinivel, intersectorial e interinstitucional.
De acuerdo con la nota del Sica, más de 56 mil personas han sido beneficiadas de forma directa e indirecta por medio de la ejecución de los proyectos del componente Prevención de la Violencia y Rehabilitación, Reinserción y Seguridad Penitenciaria.
“La Estrategia de Seguridad de Centroamérica es un excelente ejemplo de la articulación de nuestras políticas, planes y estrategias con la Agenda 2030, para alcanzar mejores resultados”, afirmó Vinicio Cerezo, secretario general del foro.
Se informó que a mediano y largo plazo se trabajará en la formulación del Plan Regional Intersectorial contra el Crimen Organizado y la construcción del Índice Centroamericano de Seguridad, así como la implementación del Plan de Acción en Materia de Seguridad SICA-CARICOM y la formulación de un proyecto para la prevención social de la violencia, en el marco del Programa Indicativo Multianual de la Unión Europea.
Al menos cuatro mil docentes y personal técnico administrativo, así como maestros de formación física serán contratados para reforzar la educación media durante 2025, informó ayer la ministra de Educación, Anabella
Giracca, quien acompañó al presidente Bernardo Arévalo durante su TikTok semanal.
Giracca explicó que la cartera Formativa publicó ayer en el Diario de Centro América la convocatoria para reclutar a educadores de los niveles de básico y diversificado.
Los interesados deberán ingresar un único expediente con documentos que acrediten su especialidad. Los profesores podrán optar hasta 30 períodos laborales y quienes no logren completar su carga horaria, participar en futuras convocatorias.
Los requisitos incluyen certificados académicos y constancias laborales. Los maestros asignados deberán entregar la documentación necesaria en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio.
“Con este proceso se espera mejorar la cobertura y calidad del sistema educativo, especialmente en el nivel medio, donde no se había contratado docentes en los últimos 10 años”, puntualizó la funcionaria.
EN EL PAÍS
Fortalecen educación con programas escolares
Se entregaron útiles y fondos de gratuidad desde el primer día de clases
Con el propósito de que los niños cuenten con las herramientas y materiales necesarios para su aprendizaje, el Ministerio de Educación (Mineduc) ha entregado con puntualidad los fondos para los programas Gratuidad de la Educación, Útiles Escolares y Valija Didáctica.
De enero al 31 de agosto del presente año se han invertido 553 millones de quetzales en los tres planes que garantizan que los alumnos reciban el pan del saber sin dificultad.
335 millones de quetzales en útiles escolares
El viceministro técnico del Mineduc, Francisco Cabrera, indicó que desde el primer día de clases los estudiantes recibieron los insumos para su formación.
“Si los estudiantes cuentan con los materiales necesarios y los docentes con los recursos básicos para su trabajo, las oportunidades de aprendizaje mejoran. Son condiciones que ayudan a que la orientación se imparta de mejor manera”, aseguró Cabrera.
Desembolsos para útiles
Según el funcionario, este año se duplicó el aporte destinado para la compra de útiles escolares, al entregar un primer desembolso a finales de enero y un segundo en agosto, con una inversión de 335 millones de quetzales, en beneficio de 3.1 millones de estudiantes, de 34 mil establecimientos.
50 millones de quetzales en Valija Didáctica
Agregó que estos insumos se compran localmente, a fin de responder con mayor precisión a las necesidades de cada escuela, ya que la acreditación se hace a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), como ocurre con los demás programas.
En cuanto a los avances en las estrategias para el mejoramiento de los recursos educativos, resaltan 33 mil 799 planteles beneficiados con el programa de Gratuidad de la Educación, con una inversión de 168 millones de quetzales. Este dinero permite obtener distintos recursos utilizados en el aula, así como productos de limpieza.
Por otro lado, Valija Didáctica benefició a 119 mil 687 docentes de 30 mil 170 centros de todo el país, al erogar 50 millones de quetzales, con lo que se atienden las necesidades específicas de los maestros.
El viceministro técnico de Educación explicó que incrementar el presupuesto para estos programas sería adecuado, pero depende de la capacidad económica de la cartera, y es algo que se quiere implementar antes de que concluya el actual Gobierno.
553 millones de quetzales para tres programas
El año pasado se invirtieron 164.9 millones para el programade Gratuidad, 178.9 millones en el de Útiles y 53.8 millones en Valija Didáctica, lo que suma 397.6 millones de quetzales en los tres proyectos, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). Es decir, en el presente período se ha erogado 39 por ciento más que en 2023.
Por su parte, María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que en estos programas se invierten millones de quetzales, por lo que es necesario evaluar si realmente le llega a los niños y a los profesores.
Además, es pertinente establecer qué es lo que realmente están comprando las OPF, si es lo que se necesita y si llega a tiempo.
EN EL PAÍS
Piden compromiso en el rescate de la justicia
Aumentan exigencias para que el proceso de elección de magistrados sea transparente y se designe a profesionales probos
Gustavo Villagrán y Luis Carrillo Redacción
La votación para integrar la nómina de aspirantes a magistrados de las Cortes de Apelaciones (CA) comienza hoy, en una sesión pública en la Universidad Rafael Landívar, en medio de exigencias y demandas de diferentes sectores sociales que piden transparencia en las nominaciones.
Los listados de aspirantes a CA y Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben ser entregados el lunes 23 de septiembre al Congreso de la República, que tendrá la tarea de designar a los magistrados titulares y suplentes para los próximos cinco años, “pero deben ser profesionales probos y sin señalamientos de que defienden a corruptos”, señalaron entidades como el Grupo de Estudiantes Interuniversitarios de Derecho.
Esta instancia llamó a la ciudadanía a defender y exigir un sistema de justicia honorable, íntegro e independiente y rechazó que personajes vinculados con actores corruptos y que criminalizan a defensores de derechos humanos sigan en la carrera por lograr una magistratura.
Independientes
En esa misma línea, Omar Carrera y Nancy Gómez, del Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado, coincidieron en que es imposible ignorar que Guatemala necesita Cortes honorables e independientes.
Por ello, “causa malestar que en los listados de ambas comisiones estén incluidos candidatos cuya trayectoria es perjudicial para el sistema de justicia”, enfatizó Gómez.
“Las comunidades religiosas confían en que en las nóminas que lleguen al Congreso no figuren abogados, jueces y funcionarios que han sido señalados por estar involucrados en actos de corrupción, porque han violento derechos humanos o favorecido la impunidad, y muchos de ellos, incluso con sanciones internacionales”, detallaron los dirigentes.
La Asamblea de Pueblos y Organizaciones Indígenas rechazó que los comisionados hayan calificado con punteos que mantiene en la carrera a aspirantes como Gilberto de Jesús Porres, esposo de la fiscal general Consuelo Porras, y Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por carecer de idoneidad.
El Foro de Organizaciones No Gubernamentales también demandó un proceso transparente e idóneo que permita la elección de profesionales honorables, con capacidad y probos, “para salir de la crisis judicial en la que hemos estado inmersos como sociedad desde hace muchos años”. La entidad agregó que no deben ser electos personajes señalados como defensores de corruptos, proimpunidad y ligados a grupos mafiosos, cuyas acciones son antidemocráticas.
En manos del Congreso
Todas las organizaciones coincidieron en exigir a los diputados que sean conscientes a la hora de elegir a los nuevos magistrados, pues en sus manos tienen el rescate de la justicia, como exigen los ciudadanos.
El presidente Bernardo Arévalo pidió a los comisionados actuar de forma independiente y señaló que este proceso de elección de Cortes es “fundamental” en medio del momento que vive Guatemala.
Entre 2019 y 2024, las Cortes estuvieron en un limbo sin renovación debido a que una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) mostró el amaño del proceso de elección.
Todo quedó paralizado hasta 2023, cuando tomaron posesión los actuales togados que culminan el período que debió empezar hace cinco años.
Podría haber complicaciones
El proceso de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA) del período 2024-2029 podría enfrentar complicaciones, debido a una serie de amparos interpuestos por diversos aspirantes que busca revertir su exclusión.
Estos recursos legales amenazan con retrasar el trabajo de las comisiones de postulación, encargadas de presentar los listados finales de candidatos antes del próximo lunes 23 de septiembre.
Raúl Arévalo, presidente de la Comisión de Postulación de Apelaciones, señaló esta semana que la elaboración de la nómina de candidatos podría sufrir un atraso por las acciones interpuestas contra el ente postulador.
Hasta el martes, la comisión había sido notificada de 25 amparos, tres de los cuales han sido resueltos a favor de los aspirantes, lo que obligó a la reincorporación de los abogados Olga Lucrecia Morales Aragón, Claudia Cáceres Arriaza y Oscar Enoc Ruiz Barillas, quienes originalmente habían quedado fuera por no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Por el contrario, la postuladora para la CSJ ha recibido solo tres amparos, ninguno de los cuales ha sido dado a lugar hasta el momento, lo que permite que el proceso avance sin mayores contratiempos en ese frente.
El abogado Edgar Ortiz comentó que la situación era previsible, ya que los amparos son una herramienta utilizada para tratar de forzar retrasos en la selección. “Esto ha hecho que los comisionados sean muy cautelosos al calificar y aceptar tachas”, afirmó. Subrayó que a pesar de las dificultades, el proceso ha continuado su curso de manera fluida.
Kevin López, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), sostuvo que, si bien los amparos han afectado parcialmente el desarrollo de la selección, no representan un riesgo significativo. “Son acciones legales muy específicas y no han puesto en cuestión el proceso en su totalidad”, explicó López, quien destacó el formalismo con el que han trabajado las comisiones, lo que ha permitido que el proceso avance dentro de los plazos previstos.
