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Trasladarán a mil 171 damnificados a ATUs
Para este viernes se tiene contemplado el traslado de mil 171 personas (226 familias) a los Albergues de Transición Unifamiliares (ATUs), informó David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Alotenango
Se continúa con el traslado de las familias que se encuentran en la escuela pública y su anexo Mario Méndez Montenegro y el colegio Alfa y Omega, y la planificación es la siguiente: miércoles 30 familias (122 personas), jueves 30, (133 personas) y viernes 25, (97 personas), lo que hace un total de 144.
Con ello, expresó De León, se habrá ubicado en el sector Santa Isabel, de San Juan Alotenango, a las 583 personas alojadas en los tres centros escolares y, por lo tanto, dejan de funcionar como temporales. En los mismos se iniciarán las clases con normalidad
Escuintla
Ayer se inició la segunda fase del traslado de afectados a los ATUs ubicados en la finca La Industria, Escuintla, y la logística será la siguiente: martes 23 familias (91), miércoles 22 familias (71) y jueves 37 familias (119). En total son 82 familias, con 281 personas, con lo que se contabiliza viviendo en las ATUs de este lugar a 161 familias, con 588 personas, ya que en la primera fase fueron llevados al lugar 79 familias.
En los traslados, tanto de Alotenango como de Escuintla, han colaborado miembros del Ejército y personal de las municipalidades.
Se les ha proporcionado asistencia médica por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a los que ya viven en los ATUs, que también cuentan con seguridad de la PNC.
La empresa española Nextil comenzará sus operaciones en Guatemala mañana, inicialmente para atender el mercado de Estados Unidos, según anunció este lunes una fuente oficial.
El secretario de comunicación del Gobierno guatemalteco, Santiago Palomo, explicó en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura que el miércoles el jefe de Estado, Bernardo Arévalo, participará en la inauguración de la nueva planta.
Palomo dijo que la empresa es una de las fabricantes de telas elásticas más grandes del mundo y que operará a partir de esta semana en Guatemala.
La inversión inicial de la empresa en infraestructura es de US$21. 8 millones (Q171.1 millones) la misma está ubicada en el municipio de Fraijanes.
La fábrica tiene 12 mil metros cuadrados de espacio para la producción de prendas de vestir, ropa íntima, deportiva y también de baño para los mercados del mundo, sostuvo Palomo.
El funcionario agregó que la empresa española incorpora una planta de tratamiento de aguas para que la producción «sea más sostenible» en todo sentido.
«El objetivo de esta filial es poder atender el mercado de Estados Unidos con una capacidad de producción de US$ 32.7 millones (Q.256.7 millones) en su primera fase», detalló el secretario de comunicación.
Sin embargo, señaló que en una segunda fase, en 2025, la planta llegará a una producción de US$87.26 millones (Q684.9 millones) al año en prendas de ropa.
«Este es un esfuerzo del Gobierno de atraer más inversión a Guatemala y generar más empleo. Estamos construyendo un entorno de confianza para que más empresas vengan a Guatemala como ahora lo hace la empresa española», apuntó.
La empresa Nextil cuenta con fábricas operativas en España, Portugal y Estados Unidos, y ahora en Guatemala, de acuerdo a la misma firma europea.
EFE
Un náufrago, un hombre de 46 años, fue rescatado en el mar de Ojotsk tras pasar 67 días en alta mar a bordo de una balsa inflable, informaron este martes las autoridades del Lejano Oriente ruso.
Según la Fiscalía de Transporte rusa, que ha abierto una causa penal para esclarecer el suceso, dos hermanos y el hijo de uno de ellos, de 15 años, partieron el pasado 9 de agosto de una localidad de la región de Jabárovsk con destino a la isla de Sajalín, en el océano Pacífico.
Los viajeros llevaban en su bote ropa, chalecos salvavidas, bengalas, además de una pequeña provisión de alimentos y 20 litros de agua.
Pocas horas después de comenzar la travesía, el contacto con los viajeros se perdió.
El operativo de búsqueda se prolongó durante varios días, pero no dio ningún resultado hasta que la embarcación fue divisada el 14 de octubre por el buque «Ángel», cuya tripulación fue la primera en socorrer al náufrago.
El superviviente, que perdió 50 kilos en dos meses, fue trasladado con urgencia a un hospital de la región de Magadán en estado de grave conmoción, según medios rusos.
Antonio Broto
Cuatro días después de lograr su renovación por dos años, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela publicó un contundente informe en que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» en las elecciones de julio.
El documento de 158 páginas abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 y acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género antes, durante y después de unos comicios marcados por la persecución de opositores y la represión de las protestas.
Las fuerzas de seguridad estuvieron «involucradas masivamente» en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También asegura que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia».
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad», la Asamblea Nacional, «instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático», o el sistema de justicia, que «siguió operando con falta de independencia».
Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión «se amplió de manera significativa» en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.
En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por «ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades», indicó.
Detenciones y amenazas
La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
Ese tipo de campañas «sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil», señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, «pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente», con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, «sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019».
Muchas de estas detenciones formaron parte de la «operación Tun Tun», diseñada para amenazar y «generar temor en la población», afirmó la misión.
En el marco de esa operación, se llegó a marcar con una X las casas de personas percibidas como opositoras, o se alentó a grupos afines al Gobierno a señalar y denunciar a éstas mediante una aplicación de celular que se habilitó a tal fin.
Entre las violaciones de derechos humanos que destaca el informe figura la detención en el periodo postelectoral de 158 menores de edad «acusados de graves delitos como terrorismo», detenidos en la mayor parte de los casos sin informar a sus familiares o a abogados, por lo que permanecieron incomunicados durante días.
Muertes en las protestas
El informe documenta al menos 25 muertes, incluidas las de dos menores de edad, durante los primeros días de protestas electorales, y señala que al menos ocho de esos incidentes mortales fueron en manifestaciones donde las fuerzas de seguridad del Estado o grupos de civiles afines al Gobierno hicieron uso de armas de fuego.
La misión también denunció numerosos casos de torturas y de violencia sexual, estos últimos no sólo contra detenidos sino también en mujeres y niñas que habían acudido a centros de detención para visitar a sus familiares.
Las torturas incluyeron «puñetazos, golpes con planchas de madera o con botes envueltos en espuma, descargas eléctricas incluso en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño», detalla.
«Las violaciones graves de derechos humanos investigadas durante este periodo representan una continuación de la misma línea de conducta caracterizada como crímenes de lesa humanidad en informes previos de la misión», concluye el documento.
