EN EL PAÍS
Aumentan seguridad en zonas vulnerables
Para garantizar el resguardo de la vida y el patrimonio de los habitantes de las zonas 6, 12, 18 y 21, de la ciudad capital, así como de Mixco y Villa Nueva, la Policía Nacional Civil (PNC) aumentó su presencia en esas áreas.
Así lo indicó el director general adjunto de la entidad, Carlos Roberto Tohom, durante una visita al Congreso de la República.
El funcionario manifestó que la medida responde a la necesidad de controlar y disminuir los índices delincuenciales en esos lugares, donde ya se desarrollan programas de prevención de la violencia, dirigidos a grupos vulnerables, como parte del plan estratégico establecido por las autoridades del Ministerio de Gobernación.
Tohom también destacó la labor que desarrollan en esos puntos los agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC, lo cual ha permitido desarticular distintas estructuras criminales que atentaban contra la tranquilidad de la población. Tales acciones fueron bien vistas por diputados de diferentes bancadas.
- Karla Gutiérrez
Dos guardias de seguridad y un piloto tendrán asignados durante cinco años cada uno de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dice el Acuerdo 63-2024 del Organismo Judicial (OJ).
Según el documento, que modifica los artículos 1 y 2 del Reglamento del Servicio de Protección Temporal de los extogados, el expresidente Oscar Cruz firmó en contra de que se brinde ese beneficio.
Al respecto, el exmagistrado Carlos Rivera dijo a un noticiero televisivo: “Es un acuerdo que se creó, desde que mataron al magistrado (José Arturo) Sierra”, el 26 de enero de 2018.
Se refiere a que la experiencia ha demostrado que el ejercicio de la judicatura y la administración del OJ conlleva riesgos a la vida e integridad personal de los funcionarios judiciales, los cuales “no cesan una vez que se ha dejado el cargo…, se agudizan, debido a que no existen garantías que los minimicen”, puntualiza el documento.
Foto: PNC
El arsenal hallado la noche del pasado lunes en Chicacao,
Suchitepéquez, fue destruido por la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (Didae), de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según las autoridades, ese día atendieron una denuncia ciudadana por el descubrimiento de un tonel con artefactos explosivos cerca de la finca Nueva Florida, del citado municipio.
Especialistas de la Didae, con apoyo de agentes de la Comisaría 33 y soldados de la Cuarta Brigada de Infantería de Cuyotenango y del Ministerio Público, procedieron a la extracción de los artefactos, manejo y conteo. En total, eran cinco granadas K75, otras 13 M.26 A2 y tres más PR B8. También, cuatro cilindros de TNT, dos granadas de práctica MK2, dos morteros de ensayo, 15 tolvas para fusil y municiones.
Con estos indicios comenzará una investigación para determinar el origen de este armamento de uso exclusivo militar, quiénes lo trasladaron al lugar y qué finalidades tenían, detalló la institución.
Foto: Congreso
El Congreso aprobó anoche, en su tercer debate, el Proyecto de Ley 6015 que busca fortalecer la Policía Nacional Civil (PNC), el cual se enfoca en aspectos como asistencia social, salud, dignificación laboral y profesionalización de los agentes.
La iniciativa estipula la consolidación de un modelo policial preventivo, comunitario y reactivo.
En la misma sesión también se ratificó la Ley de Infraestructura Vial, que pretende impulsar un mejor desarrollo y aprovechar el potencial productivo.
Asimismo, se avanzó en la aprobación del Fondo Verde Nacional, presentado por la iniciativa 6404. Las tres propuestas ahora deberán ser discutidas por artículos y redacción final para convertirse en decretos.
Además, los parlamentarios conocieron, en segundo debate, la iniciativa 6410, que busca regular los dragados y rescatar la capacidad portuaria marítima, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia de los puertos nacionales.
Adicionalmente, el diputado Gustavo Adolfo Cruz Montoya, representante del bloque Visión con Valores (Viva), fue electo
como representante de este organismo ante el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).
Finalmente, fue aprobado un préstamo por 250 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y otro por 8.4 millones de dólares y una donación de 775 mil, con el Banco Interamericano de Desarrollo.
