COLUMNAS
Y, de paso, corrigiendo al decano
Afirmó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez –al menos tal lo afirmado en medio
periodístico, y no tengo razón para pensar que se hubiera tergiversado lo que dijo– que el Presidente de la República tenía hasta el 17 de mayo para nombrar al nuevo o la nueva fiscal general de la República, lo cual no es cierto, puesto que hubiera podido nombrarla, incluso, hasta la fecha en que vence el actual período constitucional, fecha esta (la misma fecha) en que se inicia el período siguiente; es decir, el viernes 18 de mayo, ni un día antes, ni uno después.
El error del decano es propio de quienes computan los plazos constitucionales como que si se tratara del plazo de vencimiento de obligaciones civiles y, así, una obligación pactada un 18 de mayo, a 4 años plazo, tendría como fecha de vencimiento el 17 de mayo, 4 años contados a partir de la fecha en la que la obligación se origina, pero esta forma de computar los plazos, propia del Derecho Civil, no es la propia del Derecho Constitucional, ya que en este –los plazos constitucionales– se computan de fecha a fecha y, así, a nadie se le ocurriría pensar que el plazo constitucional para ejercer la Presidencia de la República, iniciado el 14 de enero venciera el 13 de enero –y no el 14– cuatro años después.
La frase que se hizo popular, la del 14, a las 14, aunque no exacta, es ilustrativa: en la misma fecha en que concluye el período constitucional de quien entrega, se inicia el período constitucional de quien COMIENZA, sabiduría popular que bien valdría la pena que se impregne en la academia.
El plazo constitucional del Presidente es 14 de enero a 14 de enero –a nadie se le ocurriría afirmar otra cosa– tal y como el plazo constitucional del fiscal general es de 18 de mayo a 18 de mayo. ¡Así de claro!
No tienen por qué conocer los abogados todas las ramas del derecho, y sobre todo en esta época de tantas especializaciones, pero el Derecho Constitucional es de necesario conocimiento para todos, y máxime cuando, como en el presente caso, se actúa en ejercicio de una función pública, la Secretaría de la Comisión Postuladora para integrar la nómina de 6 abogados de entre los cuales habría de nombrar el Presidente de la Republica al fiscal o la fiscal general, período constitucional 18 de mayo 2018-18 de mayo 2022.
La fiscal general ya ha sido designada, y para efectos del presente proceso carece ya de importancia el error del decano su afirmación de que el Presidente tendría hasta el 17 de mayo como fecha última para nombrarla, cuando la fecha última para hacerlo era el propio 18 de mayo, fecha en que concluye el período constitucional de la saliente y empieza el período constitucional del entrante.
El primer fiscal general de la República fue Ramsés Cuestas Gómez, quien tomó posesión del cargo el 18 de mayo de 1994, fecha en que se inició el primero de los períodos constitucionales de la nueva institución, el Ministerio Público ya encabezado por el fiscal general de la República, distinta de la Procuraduría General de la Nación, nueva institución también, cuando quedó ya separada del Ministerio Público.
Siendo el 18 de mayo de 1994 el primer período constitucional, su vencimiento e inicio del próximo período fue el 18 de mayo de 1998, tal y como, sucesivamente, debieron serlo, finalización del anterior e inicio del siguiente, el 18 de mayo de 2002, el 18 de mayo de 2006, el 18 de mayo de 2010, el 18 de mayo de 2014, y lo es y debe serlo el 18 de mayo de 2018, fecha en la que concluye el actual período e inicia el período 18 de mayo 2018–18 de mayo 2022.
No existe razón –alguna– para haber alterado y alterar esta secuencia: los signos importan. Ramsés Cuestas, el primer fiscal general, no completó su período constitucional, habiéndolo completado su sucesor, Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien hizo entrega de este el 18 de mayo de 1998, fecha de conclusión del período que había completado y de inicio del período subsiguiente que sirviera completo Adolfo González Rodas, quien asumió el cargo ese 18 de mayo de 1998 e hizo entrega de este a su conclusión.
Las vicisitudes habidas en la institución y los errores que se hayan cometido en cuanto a los períodos constitucionales del fiscal general no justifican que se persista estos: el período de la actual fiscal general termina el 18 de mayo, y en esa misma fecha se inicia el período constitucional que debe servir María Consuelo Porras Argueta, la fiscal general recién designada, ni un día antes, ni uno después.
¿Que no tienen importancia estas fechas? ¿Qué da igual que el Presidente de la República asuma el 14 de enero o que asuma el 13 o el 15? Pues si es así, sigamos irrespetando los períodos constitucionales que corresponden al fiscal general, irrespeto que en nada favorece a la institución –una institución de segunda– entonces con respecto a las instituciones en que los períodos constitucionales se respetan.
La Presidencia de la República, institución de primera, de 14 enero a 14 de enero; la presidencia de la CC, también de primera, de 14 de abril a 14 de abril; la presidencia de la CSJ, de primera, también, de 13 de octubre a 13 de octubre; contralor general de Cuentas, de 13 de octubre a 13 de octubre; procurador de los derechos humanos, de 20 de agosto a 20 de agosto; alcaldes, de 15 de enero a 15 de enero…
La Fiscalía General, por el contrario, una institución de segunda cuyo período constitucional se extiende de la fecha que se nos venga en gana a la fecha que se nos venga en gana (actualmente se nos ha venido en gana, al parecer, que sea el 17 y no el 18 de mayo). ¿Se cae el cielo porque no se respete la fecha de conclusión e inicio de los períodos constitucionales? Pues, la verdad, es que por nada se cae el cielo, pero, verdad, también, que precisamente por no cumplir con las leyes (la Constitución, la primera) los plazos también son leyes es que estamos, como estamos.
La nueva fiscal general de la República, María Consuelo Porras Argueta –además de ser su obligación– merece entrar por la puerta grande –y en estricto cumplimiento de la Ley, el ejemplo arrastra– al ejercicio de su cargo y, en consecuencia, en la fecha en que le corresponde hacerlo, el 18 de mayo, y de igual forma merece salir por esa puerta, el 18 de mayo, quien hace su entrega. ¿Cuál es la gana de hacerlo, me pregunto, por la puerta de atrás?
Luis Rodrigo Carrillo Flores
Viceministro de Cultura
Guatemala es un país rico en diversidad cultural e historia, resultado de la fusión de las tradiciones indígenas mayas y la influencia colonial española. Sin embargo, a pesar de esta riqueza, la actividad del arte y la cultura en Guatemala enfrenta diversos retos para mantener la preservación de su patrimonio y el desarrollo de nuestra identidad.
Uno de los principales retos es la pobreza que afecta a más del 50% de la población guatemalteca, según datos del Banco Mundial. Esta realidad limita el acceso de muchas comunidades a actividades artísticas y culturales, desviando la atención y los recursos hacia la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la salud y la educación, lo que a su vez implica que muchas iniciativas queden desatendidas, ya que las comunidades no pueden priorizar actividades que no sean de supervivencia
inmediata.
La falta de inversión en el sector cultural también es un desafío significativo. A menudo, los gobiernos han priorizado otras áreas de desarrollo, dejando al arte y la cultura en un segundo plano. Esto se traduce en falta de infraestructura adecuada, como museos, teatros y espacios públicos.
Abordar estos desafíos requiere un esfuerzo conjunto.
De esa cuenta, a nivel del Viceministerio de Cultura estamos convencidos que el apoyo gubernamental es vital para el fomento y desarrollo del quehacer cultural, y para que las iniciativas prosperen y lleguen a todo el país.
La globalización representa otro reto importante. Si bien la globalización puede facilitar el acceso a nuevas ideas y formas de expresión, también puede llevar a la homogeneización cultural, donde las tradiciones y prácticas locales son opacadas por influencias externas.
En Guatemala, esto es visible con el auge de la cultura pop global, que a menudo eclipsa las manifestaciones artísticas locales. La necesidad de promover y preservar la cultura guatemalteca ante esta tendencia es crucial, no solo para mantener la identidad nacional, sino también para fomentar el orgullo artístico-cultural.
Finalmente, el acceso a la educación cultural es fundamental para el desarrollo de una conciencia crítica y apreciativa entre la población. La educación formal en Guatemala enfrenta retos significativos, como la deserción escolar y la calidad de la enseñanza, factores en los cuales se está trabajando.
Sin una educación que fomente el conocimiento y la apreciación por las diversas formas de arte y cultura, será difícil construir un público que valore y participe activamente en la vida cultural del país. Por eso implementar programas educativos que integren arte y cultura guatemalteca en el currículo escolar y promuevan la participación de los jóvenes en actividades artísticas son vitales.
Abordar estos desafíos requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno, las comunidades y las organizaciones culturales para garantizar que la riqueza de Guatemala no solo se preserve, sino que también se celebre y se comparta con el mundo.
Las políticas constituyen uno de los escenarios estratégicos en materia de decisión pública sobre la identidad, las artes, los valores y el patrimonio tangible e intangible de nuestro país, de tal manera que desde nuestro viceministerio estamos haciendo no solo el trabajo necesario, sino también las proyecciones para que las políticas públicas sean sostenibles en el tiempo.
Patricia Letona D. Innovación y Relacionamiento Estratégico
¿Es posible combatir las mentiras con la verdad en un mundo donde las noticias falsas y la desinformación nos rodean? La respuesta es sí, pero va más allá de simplemente exponer hechos. Requiere una estrategia de comunicación que conecte emocionalmente, repita el mensaje y provenga de fuentes creíbles.
Peter Pomerantsev, reconocido experto en propaganda y desinformación, en su libro How to Win an Information War, cuenta la historia de Sefton Delmer, el propagandista británico que, con juegos psicológicos y distintas estrategias, usó la propaganda Nazi durante la II Guerra Mundial para ayudar a los aliados a ganar y desmoralizar a las tropas alemanas. En su obra explora cómo la desinformación se ha transformado en un arma poderosa en el escenario global.
Las campañas de influencia se dirigen a las emociones.
La democracia está en juego, ya que la desinformación socava la confianza en los líderes, las instituciones y el proceso político. Según Pomerantsev, la guerra de la información no se limita a la difusión intencional de mentiras.
Hoy día, las tácticas para manipular a la opinión pública incluyen la creación de cuentas falsas en redes sociales y la infiltración de medios de comunicación con objetivos oscuros. Para enfrentar esta amenaza, se necesita la cooperación de gobiernos, empresas tecnológicas y la sociedad civil.
La próxima semana, la Asamblea General de la ONU acogerá la “Cumbre del Futuro”, donde, según anunciaron, abordarán los desequilibrios del mundo digital. La desinformación es uno de los mayores peligros que enfrenta nuestra sociedad, aunque queda por ver si será tratada a fondo en este foro.
La velocidad con la que se difunden las mentiras supera a la de la verificación. Incluso los medios tradicionales, a pesar de su credibilidad, son vulnerables a la manipulación. Por ello, la alfabetización mediática es clave para que los ciudadanos distingan entre verdad y mentira. En contextos como emergencias sanitarias, desastres naturales o conflictos bélicos, esta habilidad puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte.
Las campañas de influencia se dirigen a las emociones, como el miedo, la ira o el resentimiento, siendo una táctica efectiva para manipular la opinión pública. Las redes sociales son el principal campo de batalla, amplificando el alcance de la desinformación y polarizando a la sociedad.
La desinformación es un arma estratégica de largo alcance. La repetición constante de una mentira, por obvia que sea, puede impactar en las masas, influyendo en el entorno político y social.
Pomerantsev ofrece lecciones valiosas sobre las guerras de influencia actuales. La verdad por sí sola no es suficiente para combatir la desinformación; las mentiras bien estructuradas y repetidas pueden tener mayor impacto. Además, las narrativas emocionales son más poderosas que los hechos fríos, lo que hace que las campañas de propaganda manipulen las emociones para lograr sus objetivos.
La gente rechaza los hechos que no quiere escuchar, por lo que controlar la narrativa es esencial en cualquier guerra de información. Quien controla el mensaje público controla, en gran parte, la percepción de la realidad. Las mentiras se vuelven más creíbles cuando se alinean con prejuicios preexistentes o cuando falta pensamiento crítico. Incluso desmentidas, sus efectos perduran, alterando la memoria colectiva y debilitando la confianza pública.
Cuando la percepción se convierte en realidad recordamos la frase de Gabriel García Márquez: “La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla”.
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas
CONADI, Guatemala.
La Lengua de Señas Guatemalteca (Lensegua), es el principal vehículo de comunicación para la comunidad sorda en Guatemala. Es un derecho humano fundamental que garantiza a las personas sordas su plena participación en la sociedad.
Sin embargo, el reconocimiento y la accesibilidad plena de esta lengua siguen siendo un reto dentro del contexto actual de derechos para personas con discapacidad.
A pesar de los avances normativos, como la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad (Decreto 135-96), la inclusión efectiva de las personas sordas aún enfrenta barreras significativas.
El respeto a la Lensegua contribuye a una sociedad más equitativa e inclusiva.
En Guatemala, la comunidad sorda sigue luchando para que la Lensegua, sea vista no solo como una herramienta de comunicación, sino como un derecho humano fundamental, a pesar de la ratificada por Guatemala en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); que exige el respeto y la promoción de las lenguas de señas en todos los ámbitos de la vida de una persona sorda.
La coyuntura actual refleja un esfuerzo creciente de diversas organizaciones, como la Unidad de Lengua de Señas de CONADI y colectivos de personas sordas, para que la Lensegua, sea reconocida oficialmente, abogando por el establecimiento de políticas públicas más inclusivas, que no solo apoyen a las personas sordas en su acceso a la educación bilingüe (español y Lensegua), sino que también promuevan el aprendizaje de este idioma, la capacitación de intérpretes y el uso de la lengua de señas en los medios de comunicación, la justicia y la salud entre otros.
En Guatemala se establece el 23 de septiembre como el Día Nacional de la Lengua de Señas en Guatemala; considerado como un paso significativo hacia la visibilización y el respeto de los derechos lingüísticos de la comunidad sorda en el país; siendo clave para fortalecer la lucha por la inclusión y la accesibilidad, subrayando que la Lengua de Señas es un derecho humano.
Este día sirve no solo para celebrar la cultura y la identidad de la comunidad sorda, sino también para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión lingüística y la eliminación de barreras de comunicación.
La comunidad sorda hace un llamado a la inclusión plena, trabajando bajo un enfoque intersectorial que involucre a instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, y a la sociedad en general, para realzar el derecho a la Lensegua, fomentandosu uso no solo entre la comunidad sorda, sino también entre los oyentes, promoviendo una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad lingüística.
