Por: Ana Leticia Aguilar Theissen
Las mujeres garífunas son un segmento de la población guatemalteca portador de conocimientos ancestrales, elementos culturales y sociales que representan aportes valiosos para el desarrollo de nuestra sociedad.
No obstante, son también uno de los grupos más marginados, en especial en el abordaje de aspectos de políticas públicas en salud, educación, desarrollo económico, gestión de los recursos naturales y acceso a la seguridad y la justicia.
La fecha es propicia para reconocer y reiterar el compromiso y la obligación que como Seprem tenemos, y la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso a servicios públicos, a un sistema de protección social, y a condiciones para un desarrollo económico inclusivo, sin racismo y sin discriminación.
Como Estado nos corresponde establecer los mecanismos de diálogo correspondientes, para reflexionar e identificar cuáles son los retos y limitantes que enfrentan las mujeres garífunas, y avanzar hacia una propuesta que nos ayude, como institucionalidad pública, a hacer frente al desafío. El Plan Nacional de Desarrollo, K’atun, Nuestra Guatemala 2032, es el instrumento marco de política pública, que incorpora las prioridades nacionales de desarrollo, y constituye la herramienta que articula las intervenciones del sector público y orienta la focalización de las acciones para otros actores estratégicos del desarrollo.
El mismo plantea un modelo de desarrollo humano sostenible, y considera que la equidad étnica y de género son un eje transversal fundamental para lograr la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres de todos los grupos poblacionales, y a nivel de todo el territorio nacional.
El Plan fue construido a partir de otros marcos estratégicos de política pública, tales como la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y la Política para la Convivencia y Eliminación del Racismo.
Corresponde ahora avanzar en una agenda sustantiva y de estrategias consensuadas y coordinadas, para cambiar el diagnóstico que el país presenta en materia de discriminación y racismo, que afecta a las mujeres garífunas.
Es un deber legítimo que nos corresponde por las generaciones venideras, por erradicar las estructuras en que se asienta la discriminación y el racismo.
