El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tiene previsto realizar la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas en febrero de 2027, y uno de los pilares de la inspección es determinar la efectividad de la legislación para combatir el delito de blanqueado de activos, explicó Guillermo Alejandro Hernández, experto en la Secretaría Ejecutiva de esta instancia.
Para ello, se mide el grado en que el sistema de control logra los resultados en el territorio. En los exámenes anteriores, la nación demostró que puede crear normativas sólidas de forma técnica, pero al llevarlos a la práctica, pierden efectividad, destacó.
En la actualidad, muy pocas jurisdicciones alcanzan un nivel alto de efectividad; la mayoría se inclina hacia sistemas moderadamente efectivos, donde los alcances se logran de manera parcial y requieren mejoras.
“El éxito de un país depende de su capacidad de demostrar que sus instituciones tienen funciones y resultados debidos para mitigar los riesgos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, puntualizó.
Expertos nacionales
Al considerar la próxima visita de Gafilat, desde 2024 la Superintendencia de Bancos (SIB) trabajó en una nueva legislación debido a que se han identificado inconsistencias, a fin de alinearla con los nuevos estándares globales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El titular de la SIB, Saulo De León, en entrevista en Emisoras Unidas, describe la normativa actual como “anacrónica” y asegura que no responde a la realidad de Guatemala. Por ello, desde hace 10 meses el Organismo Ejecutivo presentó en el Congreso la iniciativa de ley integral contra lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.
El jefe de la Intendencia de Verificación Especial de la SIB, Juan Carlos Monroy, enfatizó que “se ha identificado alrededor de 20 recomendaciones de GAFI que se degradarían en caso de que la iniciativa de ley no sea aprobada o que no se cuente con la verificación técnica apropiada”.
“Caer en la lista gris destruiría el esfuerzo de los últimos 10 años”. Carlos Arias - Presidente de Cacif
Nuevas enmiendas
“Existe una prisa técnica para aprobar la norma lo antes posible, para que tenga al menos seis meses de aplicación antes de la inspección de Gafilat el próximo año”, explicó Mario García Lara, exvicepresidente del Banco de Guatemala.
En ese sentido, llamó a los parlamentarios a discernir las enmiendas para presentar las más efectivas en la posible sesión plenaria el próximo 3 de junio.
Los cambios de último momento, García Lara los calificó como “de los dos sabores”, dado que unos fortalecen la ley, como aquellos que aclaran el rol de los notarios, y otros que denominó “retrasos”, debido a que ya fueron temas superados desde hace tiempo que pretenden redefinir delitos y penas.
Agregó que esto representa una demora innecesaria, pues el proceso ya tenía acuerdos.
Misión previa llega en junio
Una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegará al país en junio y permanecerá unos 20 días para tener una primera interacción con las autoridades, con el propósito de capacitar a todas las entidades públicas y privadas en el desarrollo del examen, explicó el jefe de la Superintendencia de Bancos, Saulo De León.
“No es la evaluación en sí misma; no quiere decir que se inicia desde el próximo junio, sino una primera interacción para que empiece a tomar la temperatura del compromiso que tenemos”, explicó, y ello coincidiría con la discusión en el Pleno legislativo de la iniciativa 6593.
Cacif llama a aprobar la iniciativa
Presidentes de las distintas cámaras que integran el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) exigieron a los diputados aprobar la normativa “como un acto de responsabilidad y compromiso con el cargo que la ciudadanía les otorgó”.
El presidente de la gremial, Carlos Arias, señaló que esta medida es imperativa para evitar que la nación sea sancionada e integre la “lista gris” de Gafilat.
Aprobar y garantizar la efectividad de la ley enviará una señal de confianza a inversionistas, calificadoras de riesgo y organismos internacionales. Según Arias, la falta de este marco legal dificultaría el comercio internacional y encarecería los costos operativos, los cuales terminarían por afectar al consumidor final. Francisco Ralda, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, dijo que “aislarse en un mundo globalizado sería una sentencia de muerte para el sector exportador”.
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