La salida de Rafael Curruchiche, quien encabezó la desaparecida Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), es un acto de mucho simbolismo para el Ministerio Público (MP). No se trata de un péndulo como se pretende hacer creer cuando solo se busca terminar con la impunidad y recuperar el Estado de derecho.
Desde agosto de 2021, cuando asumió el control de la FECI, dicha instancia pasó de representar una esperanza ciudadana en la lucha contra estructuras corruptas a convertirse en un aparato utilizado para perseguir a quienes se consideraba opositor.
En este marco, el nombramiento de Gabriel García Luna en la jefatura general del MP abrió la posibilidad de recuperar la esencia constitucional del ente investigador: perseguir el delito sin sesgos políticos ni privilegios partidarios o gremiales.
La salida previa de Ángel Pineda, secretario general de Consuelo Porras, y la de Curruchiche forman parte de una depuración indispensable para reconstruir la confianza ciudadana en una entidad golpeada por años de descrédito.
Sin embargo, esta dignificación no puede limitarse a cambios administrativos. Guatemala necesita saber la verdad y demanda la rendición de cuentas. Las víctimas de Porras, Pineda y Curruchiche merecen acceso a la justicia bajo las garantías propias de un Estado de derecho, lejos de vendettas o revanchismos como los emprendidos por ellos.
Las notas periodísticas iniciadas el lunes por el Diario de Centro América exponen episodios dolorosos para la institucionalidad democrática: investigaciones paralizadas, protección de figuras señaladas de corrupción y omisiones frente a casos emblemáticos como las vacunas Sputnik, Hogar Seguro o cuestionamientos relacionados con financiamiento electoral. El costo de la inacción del MP (valuado en Q2 mil 496 millones por la Comisión Nacional contra la Corrupción) y la impunidad fomentada no solo afectó al erario; erosionó la confianza en la democracia y profundizó la sensación de una complicidad escandalosa, cínica y vergonzosa.
Hoy, es saludable observar un fiscal general dispuesto a corregir rumbos y a desmontar estructuras utilizadas con fines alejados de la ley. La ciudadanía no exige espectáculos mediáticos ni persecuciones selectivas; sí reclama investigaciones serias, independencia y valentía para actuar contra quienes traicionaron a la patria.
El Estado vive un momento decisivo: recuperar el sistema. Ninguna democracia sobrevive cuando el miedo sustituye la ley. Tampoco prospera cuando la “verdad” la imponen las mafias. Más allá de nombres y cargos, surge una oportunidad histórica: devolverle al MP la dignidad y reconvertir la justicia en el refugio legítimo de la ciudadanía y en el terror de los criminales.
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