La recuperación del control del Sistema Penitenciario (SP) comienza a reflejar hechos. Durante años, las cárceles simbolizaron abandono, corrupción y oficinas del crimen. Desde esos centros salían órdenes de extorsión, amenazas y asesinatos ante la complacencia y complicidad de autoridades y guardias.
De esa cuenta, la habilitación del Centro de Aislamiento Penitenciario en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla, representa una de las acciones más importantes emprendidas en las últimas décadas. El objetivo va implícito en el nombre de los nuevos pabellones: controlar a cabecillas, romper sus vías de comunicación y evitar que continúen planificando delitos.
El Gobierno, por medio del Ministerio de Gobernación y la Dirección General del Sistema Penitenciario, desarrolla una estrategia integral con base en infraestructura, control operativo, tecnología y requisas permanentes. Las nuevas carceletas de alta seguridad incluyen, como advierte el ministro Marco Antonio Villeda, protocolos reforzados, vigilancia estricta y acceso restringido, incluso dentro del propio centro.
Viene a cuento la entrega, el viernes pasado, de 20 unidades de transporte para el SP. Los vehículos facilitarán el traslado de privados de libertad de manera segura a tribunales, hospitales y otros lugares. Además, cuentan con estructuras reforzadas, compartimentos aislados entre custodios y reclusos, así como capacidad para movilizar entre 15 y 20 reos.
También resulta relevante el anuncio sobre la contratación de 300 agentes penitenciarios, quienes deben llenar perfiles exigentes. Las requisas permanentes y repetidas en distintos presidios forman parte de esta estrategia, que ha redundado en la incautación de teléfonos, chips, armas y drogas.
En este proceso, el Ejército mantiene un papel importante al colaborar con la recuperación del orden y el resguardo perimetral de las prisiones.
En cuanto a los centros de aislamiento, llama la atención la discrecionalidad con que fueron edificados, la cual coincide con la orden judicial que contuvo los trabajos de la primera cárcel de alta seguridad El Triunfo, que empezaba a levantarse en Izabal. La segunda también avanza.
Guatemala necesita cárceles en donde el crimen deje de gobernar y decidir. Recuperar el control penitenciario no solo fortalece la seguridad pública y devuelve la tranquilidad ciudadana; también representa una señal de autoridad frente a organizaciones criminales malacostumbradas a operar con impunidad.
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