La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley que instituye la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, que prevé incentivos para la investigación, explotación y refinamiento de estos elementos considerados esenciales para la transición energética.
La iniciativa busca aprovechar el potencial de la nación sudamericana en níquel, litio, grafito y tierras raras, fundamentales para la fabricación de baterías, motores eléctricos y energías renovables, y con ello reducir la dependencia externa en insumos agrícolas como el potasio y el fosfato.
El documento fue aprobado sin necesidad de votación gracias a un acuerdo al que se adhirieron todos los partidos, incluso de oposición, y ahora depende de su visto bueno en el pleno del Senado para que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pueda sancionarlo.
La aprobación en la Cámara Baja se produjo en vísperas del encuentro que el líder brasileño tendrá hoy con el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, y en el que será discutida la posible cooperación de los dos países en la explotación de minerales críticos.
La iniciativa aprobada anticipa la concesión de hasta 5 mil millones de reales (US $950 millones) en incentivos fiscales entre 2030 y 2034 para estimular el desarrollo del sector, así como la creación de un fondo que le permita al Gobierno conceder créditos a las empresas que exploten tierras raras.
Otras medidas de la iniciativa consideran líneas de crédito diferenciadas para la investigación tecnológica, apoyo al licenciamiento ambiental y un régimen aduanero especial para exportación e importación de bienes vinculados a la cadena de producción.
Uno de los principales objetivos del proyecto es que Brasil pueda procesar los minerales y agregarles valor, para no perpetuarse como un exportador de materias primas.
Mayores reservas
Con la nueva política, el país, dueño de las mayores reservas de minerales críticos después de China, busca consolidarse como proveedor clave en la transición energética global, aunque las organizaciones ecologistas aseguran que el modelo podría reproducir impactos socioambientales sin asegurar una transición justa.
El Observatorio do Clima, una red que vincula más de un centenar de organizaciones defensoras del medioambiente, alertó que el texto puede profundizar el modelo extractivista.
Señaló que no garantiza beneficios públicos y conlleva graves amenazas al entorno y a comunidades tradicionales.
En una nota técnica, la red apuntó riesgos como la aceleración de proyectos sin salvaguardas suficientes, expansión de incentivos fiscales sin una gobernanza robusta y la incoherencia climática que podría derivar en greenwashing regulador.
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