Las enmiendas presentadas la semana pasada por distintos parlamentarios al dictamen favorable de la iniciativa 6593, ley integral contra el lavado de dinero y otros activos y el financiamiento del terrorismo, deberán recibir el aval de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso en reunión extraordiaria el miércoles, antes de que sean discutidas en el Hemiciclo la próxima semana.
La propuesta de normativa enviada por el mandatario Bernardo Arévalo el 28 de julio del año pasado fue aprobada en tercera lectura y queda pendiente el visto bueno por artículos y redacción final, lo que se espera que ocurra antes del receso parlamentario del 15 de mayo venidero.
Una mesa técnica conoció las sugerencias de cambios y estuvieron presentes representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB), de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y de la Cámara de Finanzas, que comenzaron el análisis de las enmiendas.
“La instrucción de la Presidencia del Parlamento es evitar que en el Pleno surjan propuestas que no hayan sido previamente acordadas y discutidas desde el seno de la comisión”, explicó el diputado Jorge Ayala, quien lidera esta sala de trabajo.
Principales propuestas
Dentro de las sugerencias de enmiendas se encuentran las de Karina Paz, quien pretende que la información de los funcionarios de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) no sea declarada “confidencial”, sino “datos sensibles” conforme al Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, a fin de garantizar el cumplimiento del artículo 30 constitucional (publicidad de los actos administrativos).
Asimismo, planteó la necesidad de mejorar la definición del delito de terrorismo en el artículo 104 para que no sea muy amplio. La propuesta incluye un aumento de la pena en una tercera parte cuando el ilícito sea cometido por maras o pandillas constituidas como organizaciones criminales transnacionales.
Julio Héctor Estrada, entre sus propuestas incluye el artículo 52, relativo a las funciones de la SIB, por medio de la IVE. Pretende establecer de forma “contundente” que la información de inteligencia financiera tenga carácter preliminar y analítico, por lo que carecería de valor probatorio por sí sola en procesos judiciales.
La redacción sugerida refiere que estos informes no puedan ser el fundamento “exclusivo” para ejercer la acción penal o solicitar medidas cautelares, debiendo ser corroborados mediante investigaciones adicionales por parte del Ministerio Público.
Análisis oficial
Los asesores jurídicos que representaron a la SIB en la sesión de la semana pasada indicaron, respecto al tiempo que debe mantenerse la documentación por parte de los sujetos obligados, que el estándar señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece un mínimo de cinco años para la conservación de registros.
Sin embargo, subrayaron que la práctica actual en el país considera lapsos mayores debido a que la prescripción del delito de lavado de dinero puede extenderse hasta los 20 años.
El equipo técnico de la SIB, junto con la ABG y la Cámara de Finanzas, analizará las propuestas para asegurar que los cambios mantengan la coherencia con las recomendaciones internacionales, pues esos serán los aspectos que evaluará la misión técnica del GAFI en su próxima visita al territorio en 2027.
Reducir entrada en vigencia
El legislador José Carlos Sanabria propone una enmienda al artículo 126, vigencia de la ley, en cuanto a reducir el plazo de entrada en vigor de la nueva normativa, de tres a dos meses después de su publicación en el diario oficial.
El objetivo es acelerar la implementación debido a la próxima evaluación de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2027. En la redacción original la propuesta era de seis meses tras su aprobación en el Pleno para que las instituciones y personas obligadas puedan anticiparse a los cambios. En el dictamen se disminuyó a tres. La sugerencia es adelantar la emisión de los reglamentos necesarios.
Pretenden inclusión de SAT otra vez
En la iniciativa original presentada por el Ejecutivo se incluía la participación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Conclaft), entidad que será creada.
El argumento fue que la SAT tiene un papel importante en la detección de evasión de impuestos; sin embargo, durante la redacción del dictamen en la Comisión de Economía, los diputados decidieron excluirla por considerar que se le estarían otorgando facultades adiciones, las cuales no están especificadas en su ley orgánica. Aun así, en las enmiendas entregadas la semana pasada, José Carlos Sanabria y Laura Marroquín proponen de nuevo su inclusión.
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