De acuerdo con el Open Budget Index (OBI) 2025, elaborado por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (Ciidh), Guatemala subió siete puntos en comparación con el análisis de 2023 al obtener una calificación de 71 sobre 100, lo cual “refleja mejoras específicas en la disponibilidad de información fiscal durante el ciclo presupuestario”.
Un comunicado del Ciidh destaca que “en el caso guatemalteco, una calificación de 71 indica que el país publica un volumen suficiente de información presupuestaria que, en términos generales, permite comprender decisiones fiscales y habilita el debate público informado sobre política fiscal”.
El organismo global explicó que la encuesta para este informe comprende a 83 naciones y “utiliza criterios internacionalmente aceptados, mide la oportunidad y la integralidad de ocho documentos presupuestarios clave, a través de 109 indicadores igualmente ponderados”.
El progreso en la calificación, el OBI 2025 lo atribuye “a la ampliación de la información contenida en los informes entregados durante el año, en particular, mediante la incorporación o expansión de datos relacionados con ingresos y gastos”.
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfín) destaca que este resultado “es validado por el International Budget Partnership, un referente global en la materia, y corresponde a la dimensión de transparencia de la medición y refuerza el compromiso del Gobierno con la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos”.
Resalta que la nación se encuentra 14 puntos arriba del promedio latinoamericano y del Caribe, en segundo lugar, solo detrás de República Dominicana, con 82 puntos (vea gráfica: Arriba del promedio).
Desafíos
El estudio señala algunos retos que implican a otros organismos del Estado, en particular el Congreso, en donde si bien hay consultas durante la formulación del plan de inversiones gestionadas por el Minfín, recomienda fortalecer el proceso de aprobación parlamentaria y propone ajustes concretos para ampliar la posibilidad de comparecencias y contribuciones desde la sociedad civil organizada y ciudadanía durante audiencias relacionadas con el presupuesto y el informe de auditoría.
La cartera detalla que la nación subió de 19 (en 2023) a 41 puntos, progreso “asociado a iniciativas como los ejercicios de planificación y presupuesto abierto, desarrollados en conjunto con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
“El ministerio reconoce, no obstante, que persisten desafíos, en especial, en los mecanismos de involucramiento ciudadano durante la fase de implementación del presupuesto, los cuales deben mejorar”.
El documento OBI 2025 sugiere que el Legislativo ofrece una supervisión relativamente más sólida en la fase de planificación, pero más débil durante la de implementación. Además, recomienda mejorar la inspección asociada con la auditoría mediante mecanismos más robustos de escrutinio y publicación de hallazgos.
Subraya “la inexistencia de una institución fiscal independiente, entidades que suelen contribuir con información técnica imparcial que fortalece el debate y la supervisión fiscal”.
Lo que recomiendan
El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos formuló recomendaciones para profundizar la calidad y el alcance de la información divulgada.
Sugiere fortalecer el contenido del proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo, incorporando datos más completos sobre riesgos fiscales y proyecciones multianuales.
Además, ampliar el informe de fin de año con datos más robustos sobre deuda y elementos de política y desempeño.
Asimismo, detallar el nivel original y el monto real de recursos asignados a políticas con impacto en la población.
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