La Comisión de Economía y Comercio Exterior, del Congreso de la República, emitió dictamen favorable 4-2026 a la iniciativa de 6593, ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, que el mandatario Bernardo Arévalo envió a ese organismo el 28 de julio pasado.
Esta propuesta fue objeto de un amplio análisis dentro de la mesa de trabajo, y entre las últimas modificaciones efectuadas ayer se encuentra la del artículo 75. En el documento original contempla, además de cárcel, una multa que equivale al valor del beneficio económico obtenido por la comisión del delito.
La sugerencia incorpora que el condenado, si no puede cancelar dicho monto, el juez competente deberá ordenar la conversión en pena de prisión, conforme a lo establecido en el artículo 55 del Decreto 17-73, Código Penal.
El parlamentario Elmer Palencia explicó que esto ayudaría a que los centros de detención no estén tan hacinados, pues ahora una buena parte de la población reclusa ya cumplió su condena, pero no tiene la capacidad financiera de cancelar las multas.
Otra modificación se hizo al artículo 104, que reforma el 391 del Código Penal, el cual define el delito de terrorismo. Al borrador del dictamen se le agregó al final del primer párrafo: “O impida a terceros el libre ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales”.
Sin embargo, tras una breve discusión, los legisladores aprobaron suprimir esta línea debido a la preocupación de que esta redacción era demasiado amplia y podría llevar a que cualquier delito que impida derechos constitucionales fuera interpretado como terrorismo.
Un paso decisivo
La Superintendencia de Bancos (SIB) indicó que este dictamen representa un avance significativo en el fortalecimiento del marco normativo e incrementa la efectividad del sistema nacional de prevención de blanqueado de capitales y financiamiento del terrorismo.
“Esta actualización integral permitirá dar una lucha frontal”, señaló en un comunicado. Para que esta iniciativa reciba el visto bueno del Pleno debe contar con un dictamen favorable por parte de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Legislativo.
Al aprobar el dictamen, el diputado José Carlos Sanabria celebró la votación y mencionó que ahora les corresponderá buscar apoyo en el hemiciclo para que continúe su proceso legislativo.
Destacó que esta norma es necesaria y de alto calibre, ya que coloca a Guatemala en el camino correcto para cumplir con convenios y estándares internacionales.
Cambio a legislación tributaria
La Comisión de Economía y Comercio Exterior aprobó el dictamen 3-2026 que contempla reformas a la Ley de Actualización Tributaria, con el objetivo de evitar que quien devengue el salario mínimo esté afecto al impuesto sobre la renta (ISR) en relación de dependencia.
Para ello, se modifican los artículos 1, 2 (72 bis) 3 y 4, este último será transitorio para el período fiscal de 2026, que establece una deducción extraordinaria de Q3 mil 024, lo cual permitirá que a quienes ya se les retuvo el tributo en enero de este año, se les devuelva, ya que esta deducción especial entraría en vigencia en 2026.
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