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Juez restituye subsidios a proyectos renovables

Las ayudas habían sido aprobadas entre noviembre de 2024 y enero de 2025

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Un juez federal estadounidense declaró ilegal la cancelación de ayudas por US $7 mil 500 millones para proyectos de energía, generalmente renovable y en estados gobernados por demócratas, que dictó el gobierno de Donald Trump en octubre de 2025.

El juez Amit Mehta señala en su orden que la administración admitió haber decidido la medida “basándose en si el receptor residía” en un estado republicano o demócrata, y considera que no es una justificación racional ni sigue las prioridades establecidas por el Departamento de Energía.

“(…) La identidad política del estado del beneficiario y, en concreto, sus votos electorales emitidos contra el presidente Trump, no ofrece una base racional para explicar por qué los demandados eligieron rescindir las subvenciones de los demandantes frente a otras con el fin de promover su declarado interés en alinear la financiación con las prioridades de la agencia”, indica.

Se trata de 321 subsidios para 223 proyectos, entregados por agencias de modernización eléctrica y protección climática, y parte de ellas otorgadas entre el 5 de noviembre de 2024, día de las elecciones que ganó Trump, y su investidura el 20 de enero. Según la información pública disponible, las empresas receptoras de las ayudas son en su mayoría multinacionales estadounidenses.

Quiénes se quejaron
La querella estaba encabezada por la ciudad de St. Paul (Minesota) y organizaciones que habían recibido fondos de Energía para proyectos “como desarrollo de vehículos eléctricos, actualizar los códigos de energía de edificios y abordar emisiones de metano”.

El juzgador se refirió en específico a siete apoyos por US $27.6 millones que habían recibido las demandantes, y que deben restaurarse. No hace mención al resto de las subvenciones canceladas.

El 3 octubre de 2025, el Departamento de Energía argumentó las anulaciones diciendo que “no contribuían de manera significativa a satisfacer las necesidades energéticas del país, no eran económicamente viables y no generarían un retorno positivo de la inversión de los fondos públicos”.

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