Alejandro Balsells Conde
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó en diciembre pasado el informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala, 403 páginas que ilustran conforme normas de derecho la realidad en el cumplimiento efectivo de los principios universales de respeto a la persona humana en nuestro país. El documento ilustra, uno a uno, los aspectos relevantes en cuanto a los derechos humanos y también desnuda las grandes violaciones, por acción u omisión, de un sistema de justicia utilizado para reprimir por medio del derecho penal a quienes ejercen su libertad. “Cesar el uso indebido del sistema penal a través de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales, contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos; integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales; así como integrantes de grupos de situación de riesgo”, señaló el informe y además “realizar un examen independiente sobre el funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos en los últimos 7 años…”.
LA CIDH desnuda las grandes violaciones de un sistema de justicia.
Es claro, como también el informe dijo: “… dejar sin efecto las disposiciones legales y procesales contrarias a estándares interamericanos… como la reserva judicial y ciertos tipos penales”. Estas citas nos deben hacer comprender cómo, si bien por medio del Ministerio Público se produce una constante violación a los derechos humanos, el sistema en su conjunto, con el procurador de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad a la cabeza, debe realizar un serio y reflexivo examen introspectivo sobre cómo sus decisiones permitieron crear en los dos últimos años de Jimmy Morales y los cuatro de Alejandro Giammattei una pseudolegalidad para todos quienes convivimos en este pedazo de tierra.
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