El proceso en curso por la muerte de Melissa Palacios ha ganado notoriedad pública por una serie de circunstancias “extrañas”, las cuales han puesto en duda la objetividad y seriedad propias de un sistema de justicia imparcial y ajeno a injerencias de cualquier índole.
La posición de los juzgadores de Zacapa y Chiquimula a cargo de las primeras audiencias y su aparente urgencia por sellar un caso de impacto social a favor de María Fernanda Bonilla Archila, acusada de la muerte de la joven, despertó malestar, en primera instancia, de familiares, amigos y vecinos de la víctima y, posteriormente, de una buena parte de los guatemaltecos, quienes se ven representados o identificados con un caso dominado por una supuesta parcialidad procesal.
Las interrogantes son tan variadas e incluyen la decisión del tribunal de aceptar la confesión de Bonilla y su argumento de un supuesto “homicidio en estado de emoción violenta”, con lo cual reduciría una eventual condena de 50 años a un máximo de ocho.
Las molestias abarcan la denuncia por la pérdida de pruebas fundamentales, como un audio donde se escucha a Palacios suplicarle a Bonilla frenar agresiones, siendo la última
manifestación de vida. Además, resalta la conducta indolente de la señalada, quien desde prisión hizo “un en vivo” presumiendo su próxima libertad.
Pero más allá del proceder de los juzgadores, resaltan la presión social con la cual se forzó el traslado del expediente al Juzgado de Mayor Riesgo C en la ciudad capital y la participación social expresada en medios y redes sociales, en demanda de rigidez y transparencia en el proceso.
En un país encaminado a transparentar y rescatar las instituciones públicas, la muerte de Palacios, el 4 de julio de 2021, se torna en un caso emblemático. Un proceso no solo para revictimizar a la joven, sino permitirle a ella y su familia la posibilidad de conocer la verdad y juzgar a los responsables, sin importar las relaciones, conexiones o posiciones sociales de los acusados.
El Organismo Judicial, tan cuestionado como está, sobre todo tras conocerse los nombramientos aparentemente ilegales en salas de apelaciones, puede darse una oportunidad y demostrar su capacidad para resarcir daños y responder a las víctimas, así como devolver algo de credibilidad al sistema de justicia. El primer paso lo constituye el que ella y su presunto cómplice deberán enfrentar juicio por asesinato, un cargo mayor al de homicidio.
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