La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó ayer tres amparos presentados en contra del proceso de selección del nuevo fiscal general y confirmó la designación de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo jefe del Ministerio Público (MP).
El Gobierno, por su lado, aseguró que no es necesario, tal y como afirman las actuales autoridades del MP, publicar un acuerdo gubernativo en el diario oficial para difundir dicho nombramiento. También dijo que ya notificó al ente encargado de la persecución penal el nombre del nuevo fiscal general para el período 2026-2030, con el fin de que se inicie el proceso de transición.
La CC conoció las acciones legales promovidas por el diputado José Chic, Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz; las primeras dos contra el gobernante Bernardo Arévalo y la postuladora; la tercera solo contra el mandatario guatemalteco.
“En las citadas garantías constitucionales se denegó el amparo provisional respecto a los reproches formulados contra el Presidente de la República en el proceso de designación de fiscal general”, aseguró la CC por medio de un comunicado de prensa.
También indicó que en “los que se cuestiona además el proceder de la Comisión de Postulación, se determinó que las actuaciones relacionadas fueran remitidas al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia en Materia Civil, Económico Coactivo y Contencioso Administrativo –demandas nuevas–, para que designe a un Juzgado de Primera Instancia Civil, a efecto de que conozca y tramite esas acciones”. Detalló que la decisión se adoptó con el voto del Pleno de magistrados.
El próximo 17 de mayo, María Consuelo Porras deberá dejar el MP luego de ocho años de mandato como fiscal general. En este contexto, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) celebró la inminente salida de Porras (vea: Exigen fin de criminalización).
En ley
En una conferencia de prensa, el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, explicó que el nombramiento de García Luna no se publica en el Diario de Centro América, por ser un acuerdo administrativo.
Señaló que incluso el segundo nombramiento de Consuelo Porras en 2022, hecho por el expresidente Alejandro Giammattei, tampoco se divulgó en el diario oficial (vea: Precedentes).
El funcionario indicó que únicamente uno de los nombramientos realizados en las últimas décadas fue publicado, situación que, según dijo, confirma que no existe obligación legal de hacerlo.
Agregó que lo que procede legalmente es ejecutarlo por los canales correspondientes, algo que ya se realizó, dado que se emitió un oficio con copia certificada del acuerdo gubernativo al MP “para que tomen cartas en el asunto y procedan al proceso de transición dentro de la institución”.
Además, informó que el propio García Luna fue notificado personalmente desde el lunes con una copia certificada de su nombramiento.
El presidente Bernardo Arévalo, quien anda de gira por el departamento de Petén, también se pronunció sobre el tema al ser consultado por periodistas.
“Legalmente no es necesario y es falso que se deba publicar. El pueblo ya está cansado (de las actuales autoridades del MP) y que se apuren en estos seis días que les faltan porque los guatemaltecos quieren darle vuelta a la página y lo que necesitamos es que el nuevo fiscal general pueda tomar posesión”, señaló el mandatario.
En voz de expertos
Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg), se pronunció sobre la actitud de las autoridades del MP de negarse a iniciar un proceso de transición con el argumento de que el nombre del nuevo titular de esa institución no se ha publicado en el diario oficial.
Rodríguez señaló que eso lo hacen porque no han tenido una gestión transparente, no ha sido una administración clara, sino que tienen muchas cosas que esconder.
“Por eso están tratando de prolongar al máximo ese traspaso, para evitar la fiscalización que sin duda va a venir, sobre todo por los desaguisados que hicieron durante estos ocho años”, subrayó el entrevistado.
David González, analista en temas jurídicos, aseguró que la oposición de la administración saliente a entregar el mando es una obstrucción que atenta contra el Estado de derecho y la continuidad administrativa.
Recordó que la Carta Magna establece que el jefe del MP tiene un período definido y que pretender extenderlo o bloquear el relevo ignora que la institución pertenece al Estado y no a una persona en particular.
Fallo correcto
Rodríguez también refirió que “es muy importante para la democracia que se mantenga la decisión de la Comisión de Postulación, que es una decisión que fue apegada a derecho y en donde no existe ningún tipo de ilegalidad”.
Añadió que hay sectores que están tratando de impedir el relevo del fiscal general, pero lo que es positivo es que la CC no se prestó a este tipo de maniobras, que lo que hacen es debilitar la democracia, debilitar el Estado de derecho y, sobre todo, quieren que continúe la impunidad reinando a través de mantener a Porras en el MP.
González indicó que con esto la CC ha validado que el proceso de elección fue legal y no violó derechos fundamentales. Al rechazar los amparos, la CC aplica el Artículo 268 constitucional, otorgando “cosa juzgada” al nombramiento, lo que significa que ya no existen recursos legales para revertir la llegada del nuevo fiscal. En términos prácticos, esto garantiza la seguridad jurídica del país, pues evita que la dirección de la persecución penal quede en un limbo legal.
Exigen fin de la criminalización
El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) afirmó que la salida de Consuelo Porras de la Fiscalía General representa “un cambio significativo para la búsqueda de justicia” en Guatemala y pidió a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) poner fin a la criminalización de distintos sectores sociales.
En un comunicado, el colectivo acusó a la gestión de Porras de impulsar la persecución de opositores políticos, periodistas, jueces independientes, estudiantes, líderes sociales y autoridades indígenas, además de bloquear investigaciones de corrupción ocurridas en anteriores administraciones y utilizar el sistema de justicia para beneficiar a grupos políticos y económicos.
Entre sus demandas, los estudiantes exigieron el cese de procesos contra defensores de derecho humanos, respeto al Estado de derecho y un MP enfocado en perseguir delitos y no al pueblo.
Además, anunciaron una caminata pacífica para el sábado 16 de mayo hacia la sede central del MP, en respaldo a la transición en la Fiscalía General. Camila Cano / Redacción
Deja un comentario