Nuestra querida Patricia Samayoa fue asesinada por un guardia de seguridad hace casi cuatro años. Su hija ha exigido justicia en los tribunales, en donde, por esta dolorosa muerte, se sentenció al responsable material a internamiento en un centro de salud mental.
Mynor Guevara, acusado en 1995 por un intento de homicidio y de contar con enfermedades mentales, fue contratado por la empresa de seguridad Shield Security, quien puso en sus manos un arma de fuego. Esto nos lleva a concluir que la empresa es responsable de esta muerte, al no seguir con protocolos establecidos.
La ruta legal para deducir responsabilidades de la empresa llevó a que el Tribunal Quinto de sentencia penal sentenciara al dueño de la empresa Shield Security a 6 años de cárcel por homicidio culposo y 3 por prestación ilegal de servicios de seguridad privada. La semana recién pasada una Sala de Apelaciones, en respuesta a varias reclamaciones, le absolvió del delito de homicidio y dejó solo lo relacionado con la prestación ilegal de servicios, lo cual no requiere de prisión y con el pago de Q 5.00 diarios por tres años se resolvería; abriendo un nuevo camino legal.
Esta sentencia, delicada para el país por la NO deducción de responsabilidades penales a quienes tienen en sus manos el control de tantos hombres armados, es ya un peligro; pero el alcance de este dictamen también es un riesgo a la seguridad de la ciudadanía en general, porque está mandando el mensaje de que cualquiera puede manejar estos delicados asuntos de la manera que le dé la gana.
Los datos hablan: el informe de Small Arms Survey de 2013 estima que en el mundo circulan alrededor de 875 millones de armas, fabricadas aproximadamente por 1 mil compañías de cerca de 100 países, produciendo una ganancia aproximada de USD 8.5 billones de dólares, lo cual indica que el armamentismo es un negocio rentable, a pesar del sufrimiento que genera en la población civil desarmada. Por su lado, el informe de la CICIG de 2009, dice que más de 740 mil personas mueren cada año en el mundo a causa de la violencia armada, de las cuales el 66 % sucede fuera de zonas de guerra. Centroamérica es una de las 3 regiones, sin guerras declaradas, donde se producen más muertes por la violencia armada.
La OACNUDH – Guatemala, en su informe de 2017 dice que según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP), de las 182 empresas registradas, 59 no cumplen con sus disposiciones. El número de agentes de seguridad privada (45 mil 258) es superior al de agentes de la PNC. Además, la DIGESSP informa que en 2017 había registradas 76 mil 557 armas pertenecientes a empresas de seguridad privada. También expone que resulta preocupante que algunas de estas empresas resistan la supervisión de la DIGESSP, entre otras cosas, impidiendo el acceso a sus instalaciones para realizar inspecciones, presentando amparos o incumpliendo las sanciones que les son impuestas.
Así las cosas, la seguridad privada es un falso espejismo de seguridad y el reto para preservar la vida en Guatemala es un permanente en ascenso.
