Las obras de servicio e infraestructura que necesita cada población son planeadas por la misma comunidad. Estas deben ser proyectadas y gestionadas para su ejecución por medio de los Consejos de Desarrollo, a los que el Gobierno provee de los fondos necesarios para la concreción de las obras por medio del presupuesto nacional, en el cual se asigna una cuota anual.
A partir de 2016, en la administración del presidente Jimmy Morales, los Consejos han obtenido en conjunto presupuestos que superan los Q 1,500 millones, registrando en 2016 la asignación de Q 1,683.8 millones y al año siguiente Q 1,777.6 millones, con una ejecución promedio del 80 por ciento.
Para este año, los Consejos de Desarrollo debieron trabajar con los mismos fondos asignados en 2017, dado que el presupuesto de este año no fue aprobado por el Congreso de la República. Por lo tanto, las comunidades debieron readecuar sus planes de inversión en obras.
Estos entes locales son parte del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), que a su vez es parte del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, al igual que los otros Consejos de Desarrollo de las diferentes escalas territoriales.
Los Consejos son “el medio principal de participación de la población maya, garífuna, xinka y mestiza en la gestión pública, para llevar a cabo el proceso de planificación democrática de desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca”, según lo describe el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe.
El Conadur está conformado por representantes de todos los sectores del país, que van desde el Presidente de la República, ministros, secretarios, representantes de cooperativas, asociaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de trabajadores, de mujeres, ONG y las universidades entre otros.
Es un ente con gran representatividad, que se encarga de formular políticas de desarrollo, ordenamiento territorial y descentralización administrativa, además de facilitar la organización y participación de la población y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos de Estado.
