La suspensión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación de 2026 por parte la Corte de Constitucionalidad (CC) no evitará el impulso de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población guatemalteca, informó el
Gobierno.
Jonathan Menkos, titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), aseveró en sus redes sociales que no se detendrán los esfuerzos por “mejorar la calidad de vida y cobertura de los servicios públicos”, pese al amparo otorgado por la CC.
“Se iniciará el año dando mayor prioridad al presupuesto para los servicios esenciales y para avanzar en la inversión que está a poco de finalizarse”, afirmó el funcionario.
Añadió que, junto a las entidades ejecutoras, priorizarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas como salud, educación, seguridad, servicio a la deuda pública, pago de salarios, transferencias obligatorias, entre otras.
Advirtió, sin embargo, que un presupuesto “desfasado” limita la creación o ampliación de programas, nuevas inversiones y ejecución de proyectos previstos, en exclusiva, en el Presupuesto 2026.
Mientras que el Ejecutivo señaló, por medio de un comunicado de prensa, que se trabajará en las vías necesarias que permitan que los recursos lleguen a los guatemaltecos.
La CC otorgó amparo provisional argumentando que “las circunstancias lo hacen aconsejable dados los vicios formales denunciados por los amparistas Diego Sagastume Vidaurre y Fernando Linares Beltranena”.
No obstante, el magistrado Roberto Molina Barreto no estuvo de acuerdo con la resolución por considerar que no procedía y dejó plasmados sus argumentos (Ver infografía: Voto razonado).
Reajuste
Tras la suspensión temporal del plan de gastos para 2026, que es de Q163 mil 469.3 millones, entrará en vigencia el del año pasado, que asciende a Q154 mil 936.6 millones. Así está establecido en la literal b) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
En este contexto, se presentará una iniciativa de ley para ampliar el presupuesto. La acción buscará optimizar la ejecución de recursos disponibles, con prioridad en proyectos estratégicos y sociales, aseguró el Ministerio de Finanzas Públicas.
La dependencia fundamentó que la propuesta de ley permitirá cumplir con “los plazos para la ejecución de iniciativas de infraestructura económica, desarrollo social y fortalecimiento institucional previstas para 2026”.
Añadió que se contará con normas presupuestarias actualizadas y facilitará un crecimiento económico más robusto, progreso social y mayores oportunidades de empleo.
De acuerdo con un comunicado de prensa del Ejecutivo, la iniciativa será presentada en el transcurso del presente mes y actuará en el marco de la legalidad para cumplir con el pueblo guatemalteco.
“Nuestro objetivo es claro: continuaremos llevando salud, seguridad, educación y promoviendo más crecimiento económico y más empleo, bases indispensables para el desarrollo y el bienestar de las y los guatemaltecos”, remarcó el documento.
No es la primera vez
La cartera del Tesoro indicó que “no es la primera vez que un presupuesto queda suspendido por la Corte de Constitucionalidad”.
Recordó que el Decreto 18-2023, que contenía el plan de gastos para el ejercicio fiscal 2024, fue suspendido por la máxima corte y, por tal razón, quedó vigente el Decreto 54-2022, más las ampliaciones autorizadas mediante los decretos 1-2023, 0-2023 y 10-2023 del Organismo Legislativo.
“Posteriormente, el Gobierno del presidente Arévalo solicitó una ampliación al Congreso que fue aprobada mediante el Decreto 17-2024”, trajo a colación el Minfín.
Publican distribución analítica 2026
Luego de que la CC suspendiera el presupuesto aprobado para el año en curso, el Ministerio de Finanzas, por medio del Acuerdo 1-2026, publicó hoy en el Diario de Centro América el plan de gastos que regirá en 2026.
“Conforme al Decreto 36-2024 del Congreso, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, vigente para el 2026, y sus ampliaciones aprobadas, se aprueba la distribución analítica” del plan de gastos para el año en curso por un monto de Q154,836.6 millones, se lee en el documento.
En los considerandos se señala que la Constitución en el artículo 171 literal b) establece que “si al momento de iniciarse el año fiscal, el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Legislativo, regirá de nuevo el que está en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso”.
Reacciones
El analista independiente en temas económicos Edgar Alfredo Balsells Conde lamentó la judicialización de decisiones clave del país, como en el caso del presupuesto y el abastecimiento de medicamentos, y señaló que la CC ha incurrido en análisis de carácter formalista.
“Es necesario que el Ministerio de Finanzas y el Legislativo coordinen una respuesta técnica que permita, mediante una ampliación presupuestaria, atender las brechas entre el vigente y el propuesto para el año en curso, en apego a las observaciones formales de la CC”, dijo Balsells Conde.
La diputada oficialista Victoria Palala rechazó los señalamientos de anomalías en la aprobación del Decreto 27-2025 y subrayó que el proceso se realizó conforme a la Constitución y a la legislación vigente.
Señaló que operar con un presupuesto correspondiente a 2025, aunque ampliado, afecta la planificación del Ejecutivo y limita la asignación de recursos a las municipalidades, lo que impacta la descentralización de la obra pública.
El abogado constitucionalista Edgar Ortiz señaló que la suspensión del Presupuesto 2026 deja sin efecto un decreto que, a su criterio, contenía diversas ilegalidades, entre ellas disposiciones relacionadas con fondos multianuales para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y mecanismos de financiamiento mediante el uso de reservas internacionales.
No obstante, advirtió que la decisión de la CC sienta un precedente preocupante, al basarse en vicios de forma y no en el análisis de fondo de dichas disposiciones.
En ese sentido, indicó que existían vías constitucionales específicas para cuestionar el contenido del plan de gastos y coincidió con el voto razonado del magistrado Roberto Molina, al considerar que el amparo no es el mecanismo idóneo para este tipo de resoluciones.
Por medio de un comunicado, la bancada del Movimiento Semilla deploró la resolución provisional de la máxima corte constitucional del país y expuso que el Decreto 27-2025 fue aprobado conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Legislativo.
Los diputados reiteraron su rechazo a señalamientos de irregularidades y afirmaron que impulsarán las acciones necesarias para garantizar el derecho de la población a la salud, educación y desarrollo social, así como la continuidad del plan de trabajo del Gobierno.
Es necesario que el Ministerio de Finanzas y el Legislativo coordinen una respuesta técnica que permita, mediante una ampliación presupuestaria, atender las brechas entre el plan de gastos vigente y el propuesto para el año en curso”.
Edgar Alfredo Balsells
Analista económico
Los magistrados de la CC aducen un tema de forma, cuando la aprobación del Decreto 27-2025 se hizo en el marco de lo que establece nuestra legislación y la Constitución”.
Victoria Palala
Diputada oficialista
Es una mala noticia la forma en que se cae el presupuesto. Recuérdense que las sentencias o los fallos de la Corte generan precedentes y lo que estamos viendo es que no se está discutiendo el fondo de los asuntos”.
Edgar Ortiz
Abogado constitucionalista
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