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STEG quiere decidir sobre temas administrativos en el Mineduc
Sindicato sostiene que negociación del Pacto Colectivo no debe ser conocida por terceras personas
Parte II
La autonomía de las decisiones administrativas del Ministerio de Educación (Mineduc) ha estado en juego en las negociaciones del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo entre esta cartera y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), según consta en las actas de las reuniones a las que tuvo acceso el Diario de Centro América (DCA), por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Uno de esos casos ocurrió durante la reunión del 24 de abril, cuando se discutió y redactó el artículo 27 relacionado con el descanso por maternidad. En el texto se estableció que las trabajadoras del Mineduc gozarán de dicho beneficio durante los 30 días que precedan al parto y 110 días posnatales.
Ahí se establece que los días de descanso, que superan los del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), serán pagados por el mencionado despacho.
“Para hacer efectivo este descanso, en coordinación con el STEG, el Mineduc establecerá el procedimiento correspondiente”, se indica en el artículo consensuado por las partes.
24 de abril del presente año se discutió el tema del descanso por maternidad, según consta en acta.
Sin embargo, cuando la ministra de Educación, Anabella
Giracca, firmó lo actuado por los delegados de la parte patronal, los instruyó para que “se excluya del artículo 27 lo relativo a la expresión en coordinación con el STEG’, en razón de que la misma vulnera el
artículo 154 constitucional, que prescribe que la función pública no es delegable”.
Más adelante, en el encuentro del 29 de mayo, se retomó el tema. En esa ocasión, los delegados del STEG manifestaron que no compartían lo anterior porque “coordinación no es sinónimo de delegación”. No obstante lo manifestado, indicaron que estaban de acuerdo en que lo referido sea discutido nuevamente.
Más desacuerdos
En la reunión del 8 de mayo, ocurrió otro caso similar. En esa ocasión fue por la lectura del numeral 20, calidad de los servicios prestados, que había quedado pendiente de aprobación por solicitud de la comisión delegada por la parte patronal.
Estos argumentaron que el texto contiene pasajes que no deben estar en el Pacto Colectivo, toda vez que el Artículo 49 del Código de Trabajo establece que este instrumento jurídico tiene por objeto reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas.
Lo anterior, “significa que no se deben normar en él asuntos propios de administración de la institución en la cual rige, ni decisiones técnicas que competan con exclusividad a la máxima autoridad de la misma”, se lee en el acta que, a ese día, correspondió el número 9.
Más adelante los representantes del Mineduc sostienen que “no corresponde al Sindicato aprobar programas que sustenten los eventos de capacitación ni a los profesionales que las impartirán, ni tampoco ‘alentar’ la participación del magisterio a los mismos”, puesto que es responsabilidad de la institución la elaboración de los programas de capacitación y selección de docentes.
Por su parte, los delegados del STEG manifestaron que el
artículo 20 tiene su fundamento en el 41, inciso j, de la Ley de Educación Nacional, el cual estipula como derecho de los educadores, entre otros, participar activamente por medio de organizaciones en el estudio, discusión y aprobación de planes, programas y proyectos académicos.
Los sindicalistas también señalaron que ya el citado numeral forma parte del pacto vigente, mismo que ya fue homologado por el Ministerio de Trabajo y, por lo tanto, es ley entre las partes.
De esa cuenta, “manifiestan que no están de acuerdo con disminuir los derechos adquiridos en el pacto”.
Al final de cuentas, los delegados de la parte patronal indicaron que, ante la falta de consenso, no existe modificación y, no obstante, no estar de acuerdo con su contenido, lo descrito conservará la redacción original establecida en el tratado actual.
26 de junio se abordó otra desaveniencia; en esta ocasión, relacionada con los conflictos laborales.
Sin avance
El 26 de junio volvió a surgir otra desavenencia en la negociación. Ese día, la cartera educativa propuso que se adicionara el siguiente párrafo: “Debido a la naturaleza conciliatoria de las Juntas Mixtas, durante las reuniones se propondrán formas ecuánimes de solución a los conflictos laborales individuales o colectivos que se planteen; dichas propuestas deben encontrarse dentro del marco legal pertinente, para que sean ejecutadas por las dependencias correspondientes, de acuerdo con sus respectivas competencias”.
El STEG manifestó su desacuerdo, toda vez que esto es objeto de un reglamento y no debe estar contenido en el tratado.
“Como se ha manifestado a lo largo de estas últimas sesiones, el objetivo de las propuestas es que las Juntas Mixtas funcionen de manera ordenada con lineamientos legales claros y específicos”,
replicaron los negociadores del Mineduc.
Además, indicaron que la obligación de elaborar el reglamento ya se encuentra regulada en el pacto vigente; y que la propuesta de redacción del artículo no desarrolla procedimiento alguno.
Sin embargo, aseguraron que debido a que esta norma ya se encuentra activa, se aprueba sin modificación.
Sin publicidad
En la reunión del 22 de mayo, Ofelia del Carmen González Jácome, delegada de la parte patronal, hizo del conocimiento de la mesa que tras un análisis se consideró que existe obligación legal para entregar, por la Ley de Acceso a la Información Pública, copia de las actas que documentan la negociación.
Al respecto, los delegados del STEG manifestaron “que de conformidad con lo establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, la negociación es autónoma y no corresponde que
terceras personas sepan lo que se está negociando”.
El tema volvió a ser abordado el 19 de junio. En esa ocasión, los delegados patronales propusieron modificar 11 artículos que buscaban normar de manera clara ciertos procedimientos. Los sindicalistas externaron su desacuerdo.
Ante la negativa se planteó que, tal y como se venía haciendo, se discutiera artículo por artículo y que quedaran en actas los consensos o la aceptación o rechazo.
Pero el STEG advirtió en ello una mala fe, porque “al solicitar que queden plasmadas las propuestas de modificaciones en las actas que se levantan en cada sesión y la no aceptación de las mismas, es exponerlos públicamente ante los medios de comunicación”.
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Llaman a romper ciclo de corrupción en el país
Presidentes de los tres organismos del Estado participaron en Sesión Solemne por 203 años de Independencia centroamericana
Romper el ciclo de la corruptela, garantizar el imperio de la independencia entre los poderes republicanos y la importancia de elegir candidatos idóneos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones fueron los temas de los discursos de los tres presidentes de los organismos del Estado, durante la Sesión Solemne celebrada ayer en el Congreso de la República por los 203 años de emancipación de España.
“Como país hemos sabido romper con las cadenas más pesadas que una sociedad libre puede enfrentar: la tiranía, dictaduras y guerra. Más recientemente hemos elegido librarnos del yugo de la corrupción; no podemos permitir que siga doblegando a nuestro pueblo”, afirmó el mandatario Bernardo Arévalo en su alocución.
Remarcó que el saqueo de los recursos públicos “ha sido siempre la antítesis de la independencia”. Tras indicar que la emancipación se puede ver como un proceso continuo, recordó que el año pasado los cuatro pueblos de la nación defendieron con valentía y valor la
democracia.
“En sus hombros descansa la pesadísima responsabilidad de iniciar un ciclo virtuoso de justicia, progreso y prosperidad. Y he de decir, hemos dado muestras de querer construir sobre esos cimientos. Diputadas y diputados: debemos mantener esa sintonía, pues se anticipan retos grandes para la justicia de Guatemala”, indicó el jefe de Estado ante los legisladores que elegirán en los próximos meses a los integrantes de las altas Cortes judiciales del país.
En una misma dirección
Oscar Cruz, presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la CSJ, argumentó que cumplir un año más de emancipación conlleva celebrar, pero más que eso, “mantener ese firme compromiso con la independencia de los poderes del Estado”.
Refirió que Guatemala vive tiempos complicados y difíciles, pero que “en manos de cada uno de nosotros está dar una respuesta positiva”. Subrayó que se está a las puertas de la integración de los nuevos magistrados del OJ.
“Nuestro compromiso se va a ver reflejado en el momento de la selección y posteriormente de la votación, porque necesitamos personas comprometidas con el sistema de justicia e independencia, personas que dediquen su tiempo a brindar ese servicio y ante todo ese acceso a la justicia de una manera pronta y cumplida”, agregó Cruz.
Aseguró que la integración del OJ “es un gran reto y un gran desafío para el pueblo de Guatemala”.
Valores irrenunciables
Mientras, Nery Ramos, presidente del Congreso, expresó que somos una nación libre, con un régimen republicano, democrático y representativo, “que a pesar de las constantes amenazas sigue fortaleciéndose todos los días, gracias a ese trabajo valiente del pueblo de Guatemala”.
Dijo estar “convencido de que continuaremos cimentando nuestra democracia y consolidando nuestra libertad”. Luego resaltó: “Independencia, soberanía y libertad son tesoros invaluables que como guatemaltecos siempre lucharemos para proteger, ya que constituyen la base de nuestra sociedad”.
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Más escuelas remozadas que en tres años del gobierno anterior
Ejecutivo busca dejar un sistema de enseñanza digno para los estudiantes y maestros
En total, 7 mil 500 escuelas fueron remozadas por el Ministerio de Educación (Mineduc) de enero al 31 de agosto de 2024, superando la cifra de establecimientos restaurados entre 2020 y 2022, cuando la administración anterior alcanzó 4 mil 992 planteles, según cifras oficiales.
Para los trabajos de mejoras en los edificios escolares en la presente gestión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, se han invertido 559 millones de quetzales.
Los datos comparativos refieren que en 2020 fueron reparados 1 mil 456 centros, por un monto de 99.7 millones de quetzales; en 2021 se impactó en 554, con una inversión de 40.7 millones, y en 2022 se alcanzaron 2 mil 982, por un monto de 205.1 millones de quetzales.
35 mil 922 establecimientos se prevé remozar durante los cuatro años de la administración de Bernardo Arévalo y Karin Herrera
Necesidad de mejora
El viceministro técnico del Mineduc, Francisco Cabrera, señaló que lo efectuado en las escuelas este año demuestra la necesidad de mejorar la infraestructura del sistema educativo, que por muchos años tuvieron poca atención.
“Lo que encontramos fue una infraestructura sumamente deteriorada, lo que implica riesgos de seguridad para los estudiantes y los docentes. Además, afecta los procesos de aprendizaje, por lo que el presidente Bernardo Arévalo ordenó entrarle con un plan fuerte de remozamientos”, afirmó Cabrera.
Las tareas incluyen reparación de muros, techos, baños, pisos, puertas, ventanas, tuberías de agua, drenajes, electricidad y pintura. El funcionario agregó que esta no es la única actividad, ya que, adicionalmente, se trabaja en el desarrollo de una política para la construcción de nuevos edificios escolares, lo que entraría en los próximos años.
Se hace lo correcto
Los procedimientos administrativos que utiliza el Mineduc son correctos, pues facilita los fondos a las Organizaciones de Padres de Familias (OPF), que son las que ven de cerca las necesidades de cada establecimiento y así tomar decisiones, dijo María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y exministra de Educación.
La experta agregó que es necesario seguir trabajando esos remozamientos, así como identificar aquellas escuelas que necesitan reconstrucción y no solo reparaciones. “Nosotros estamos recomendando hacer un censo de edificios escolares que no se hace desde hace más de 15 años”, señaló Aceña.
De acuerdo con el Mineduc, la meta para este año es restaurar 10 mil planteles en todo el país, con una inversión de 750 millones de quetzales. Sin embargo, esperan superar esa cifra. “El objetivo que tenemos es ambicioso. Nunca antes se había tenido una cantidad similar de recuperación de establecimientos en un año”, manifestó Cabrera.
A finales de septiembre y principios de octubre, la cartera de enseñanza hará el desembolso a las OPF para el último bloque de mejoras para este año, aseguró el viceministro.
El mandatario Arévalo ha manifestado que existen 35 mil 922 centros educativos oficiales y que se han trazado ir remozando 10 mil centros cada año hasta lograr que, durante toda su administración, se deje un sistema educativo digno para los estudiantes y maestros del país.
¿Qué incluyen las reparaciones?
Reparación de muros
Techos
Baños
Puertas
Ventanas
Piso
Tuberías de agua
Pisos
Mejora de drenajes
Recuperación de red eléctrica
Pintura
Un Tribunal de Apelación de Ginebra, Suiza, confirmó ayer una condena de 14 años contra el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Erwin Sperisen.
La sentencia no implica que el exfuncionario volverá a prisión, pues ya ha pasado once años recluido, incluyendo un período bajo arresto domiciliario, lo que es más de dos tercios de la pena impuesta por su presunta complicidad en la ejecución de siete prisioneros en la cárcel Pavón en 2006.
Esta es la cuarta vez que Sperisen es juzgado en Ginebra, en una sucesión de procesos que se han prolongado por más de 12 años.
El exdirector de la PNC acusó de negligencia a la Justicia de Ginebra y dijo que seguirá luchando por su reputación, “y demostrar que todo lo que esta gente se ha inventado no es cierto”.
Comentó que su interpretación del veredicto de ayer, es que para el tribunal modificar su opinión implicaría reconocer que han hecho las cosas mal.
Florian Baier, uno de los abogados de Sperisen, criticó que el Tribunal juzgó a su cliente, “sin entender ni investigar los hechos en el terreno y sin escuchar a ningún testigo”.
En los primeros juicios, el sentenciado fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, pero esta pena fue rebajada posteriormente a 15 años en un tercer proceso, en 2018, por considerarlo cómplice y no coautor de los hechos.
