Por considerar muy probable que el diputado Christian Jacques Bosussinot Nuila cometió los delitos de extorsión, abuso de autoridad, peculado por sustracción y peculado por uso, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentaron una solicitud de antejuicio contra el legislador.
De acuerdo con una denuncia con información documental presentada en la CICIG en el 2015, el diputado Boussinot contrataba personas de su confianza para que, en lugar de desempeñarse en el Organismo Legislativo según las funciones respectivas de sus contratos laborales, realizaran otro tipo de actividades para el propio diputado o su partido político. La información de la denuncia también evidencia que algunos de estos empleados tenían que entregar -bajo amenaza- un alto porcentaje del salario devengado a un intermediario del congresista.
Según las investigaciones llevadas a cabo, el MP determinó que algunas de las actividades realizadas por el personal contratado por el diputado eran: mantenimiento a inmueble en el Condominio Juan Gaviota Marina del Sur, en Puerto de San José, rentado por el diputado Boussinot y su familia; trabajos de construcción y mantenimiento en residencia del legislador en Fraijanes, en particular, la construcción de un salón de eventos y un helipuerto.
El mantenimiento a bodegas en la ciudad pertenecientes a la empresa CATRASA, vinculada a la familia del diputado; elaboración de estructuras para la colocación de vallas publicitarias que pertenecían a la empresa ALCANCE EJECUTIVO S.A., vinculada a la familia de Boussinot; actividades político partidistas a favor del Partido “TODOS”, para la ubicación de propaganda electoral y proselitista, y realización de mítines, entre otros, en diferentes municipios del departamento de Guatemala.
Detienen a asistente de legislador
Asimismo, en Mixco se detuvo a Edgar Leonel Fernández Regalado, por el delito de extorsión. Durante años Fernández Regalado sirvió como intermediario entre el diputado Boussinot y empleados contratados por el Congreso (pero que no laboraban allí), para cobrar parte del salario mensual que devengaban del Organismo Legislativo, explican las autoridades del ente investigador.
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