Una nueva amenaza se cierne sobre la población migrante de Centroamérica, que reside en tierras estadounidenses. El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), en el cual se contemplan permisos de trabajo y de estancia provisional está por concluir, y de no ser prorrogado, tendrán que retornar obligatoriamente a su país de origen, aproximadamente 350 mil centroamericanos. El 10 de noviembre de este año, 60 días antes de que finalicen las autorizaciones de permanencia en Norteamérica, el 5 de enero de 2018, vence el plazo para que la administración de Donald Trump, renueve el TPS para Honduras y Nicaragua. En tanto, que el 8 de enero del próximo año, vence el plazo para El Salvador, que termina el 9 de marzo.
Vale mencionar que el TPS es un beneficio provisional que permite a aquellas personas de determinados países que ya están en los Estados Unidos de América, vivir y trabajar legalmente de forma temporal. Nicaragua y Honduras fueron amparadas por el TPS en 1999, tras la destrucción causada por el huracán Mitch, mientras que El Salvador recibió esa designación en 2001, después de una serie de terremotos. Si bien es cierto, Guatemala, no cuenta con el TPS, por la poca importancia exteriorizada por el gobierno del Partido de Avanzada Nacional (PAN), al considerar innecesario que nuestro país obtuviera y gozara de esa prerrogativa, pese a los estragos que causó la devastadora misma tormenta tropical Mitch, en 1998, en el territorio nacional, la cual dejó centenares de damnificados, ni así, esa administración lo estimó pertinente.
Según datos oficiales, el 51 por ciento de la población vive sumida en la pobreza y ha sufrido innumerables catástrofes naturales, que en los últimos 35 años dejaron más de 24 mil muertos, casi 9 millones de afectados y millonarias pérdidas económicas, las cuales han orillado a centenares de personas al éxodo. Para nadie es un secreto que las políticas antiinmigrantes del gobierno de Trump, han castigado en varias ocasiones a la comunidad migrante en general, pues recientemente el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas en inglés), está en un limbo jurídico. Toda vez, que queda en las manos del Congreso norteamericano aprobar o no, una ley de urgencia que considere su situación legal, antes del 5 de marzo de 2018, para evitar la deportación de aproximadamente 800 mil jóvenes mexicanos y centroamericanos entre los cuales figuran 39 mil guatemaltecos.
¿Estarán los gobiernos del Istmo preparados para albergar a sus connacionales?, si la mayoría no cuenta con un lugar dónde habitar en el momento de su regreso. El vendaval que se aproxima con el posible retorno de miles de centroamericanos a su lugar de origen, es motivo para que los gobernantes de la región repiensen en las políticas públicas que se implementarán para enfrentar otra probable crisis humanitaria y sus
consecuencias.
