La reciente convocatoria aprobada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala para la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031, encendió las alertas, debido a posibles ilegalidades.
Los señalamientos llegaron a los tribunales. Dos acciones de amparo se presentaron contra el llamamiento del CSU. Una fue interpuesta por el diputado oficialista David Illescas ante la CC.
Illescas enumera varios vicios, como la celebración de la asamblea en un hotel de la zona 10, la falta de inclusión del punto en la agenda y la difusión de la convocatoria por medio de aplicaciones de mensajería. Sostiene que, de los 41 integrantes del CSU, solo una minoría mantiene su cargo vigente.
El abogado Javier Monterroso promovió otro amparo ante el Organismo Judicial, y solicita la suspensión del mecanismo hasta que el CSU esté debidamente integrado, al exponer que al menos 23 consejeros tienen el período caduco.
Riesgos
El Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT) explicó que el proceso presenta anomalías que podrían comprometer su legalidad y transparencia.
Cuestionó la omisión de información clave, como lugar y hora en que se efectuará la elección final, prevista para el 16 de febrero, luego de la recepción de expedientes (5 y 6 del mismo mes).
Para el Panel, esta falta de precisión vulnera principios básicos de publicidad y certeza jurídica. El PEI-GT pone en duda la integración del CSU, al sostener que persisten “graves irregularidades” debido a la permanencia de consejeros con mandatos no vigentes.
Alertan
A estos recursos y señalamientos se sumaron pronunciamientos de organizaciones civiles. Impunity Watch demandó un proceso público y transparente, mientras que colectivos como Movimiento Pro Justicia y Justicia Ya criticaron la celeridad y opacidad del procedimiento. El debate se intensifica en un contexto donde la legitimidad del CSU vuelve a estar en el centro de la discusión nacional.
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