Estefani Cristales
Gestora Cultural
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Datos de interés y bases legales. El sector cultural guatemalteco no cuenta con seguridad social; en su mayoría, está compuesto por artistas, gestores, técnicos, creadores y demás profesionales, y continúa enfrentando una profunda exclusión en el acceso a la seguridad social y a la protección de la salud, a pesar de su contribución profesional, económica y social al país. En octubre de 2025, se presentó la investigación “Acceso al Seguro Social para Trabajadores del Sector Cultural en Guatemala”, elaborada por Isabel Messina. El estudio permite diagnosticar las condiciones laborales actuales, así como las percepciones y necesidades de protección social de las personas que trabajan en el sector cultural del país y revela datos clave que evidencian la relevancia de esta iniciativa, a partir de una muestra de 146 personas de entre 18 y 35 años. Solo el 26.7% de las personas encuestadas tiene cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), frente a un 73.3% que no está afiliado. También nos indica que el 47.9 % cuenta con estudios universitarios de licenciatura, y el 21.2% con formación técnica; es decir, que más de la mitad de la muestra está profesionalizada. Este diagnóstico también muestra que el modelo actual de afiliación voluntaria al IGSS no responde a la realidad del trabajo cultural. Aunque la legislación guatemalteca permite aportes voluntarios, las condiciones actuales requieren que la persona tenga un mínimo de 12 contribuciones en los últimos 36 meses y no incluyen atención médica, lo que deja a muchas y muchos trabajadores culturales sin acceso a servicios de salud. Frente a esta situación, el gremio artístico, las organizaciones culturales y la sociedad civil coinciden en que es necesario avanzar hacia un régimen especial de seguridad social para el sector cultural. Para lograrlo se requieren la voluntad política y la organización del sector cultural, a fin de elaborar una propuesta adaptada a sus particularidades. Quizás una Mesa Interinstitucional de Política Cultural y Seguridad Social pueda ayudar a impulsar esta iniciativa.
Las artes y las industrias culturales están entre los sectores de crecimiento más dinámicos del mundo.
El Código de Trabajo y la Ley Orgánica del IGSS deben incorporar disposiciones específicas para el trabajo cultural, pero esto no será nuevo, ya que existen iniciativas similares que podrán servir de ejemplo, como el régimen especial de las trabajadoras domésticas, lo cual sienta un precedente jurídico para este tipo de política social. Cabe destacar que el sector cultural forma parte de la llamada “economía naranja”. Que ubica a las artes y las industrias culturales entre los sectores de crecimiento más dinámicos del mundo. Un estudio titulado “Guatemala: Un Análisis de la Contribución Económica de la Cultura”, realizado por Ernesto Piedras, economista y experto en industrias culturales (2007), estimó que aportaban alrededor del 7.3% del PIB del país. A nivel internacional, existen instrumentos que sustentan estos reclamos de derechos: el Convenio sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco (2005) reconoce la importancia de las políticas públicas para posibilitar condiciones dignas de vida y de trabajo para los creadores culturales. Las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abogan por la extensión de la protección social a los trabajadores en formas atípicas de empleo, incluidos los trabajadores independientes y los trabajadores creativos. La Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los ODS 3 (salud y bienestar) y 8 (trabajo decente y crecimiento económico), refuerza la necesidad de sistemas de seguridad social inclusivos. Con estos antecedentes, se hace un llamado a reconocer que la cultura es un motor del desarrollo humano y de la economía creativa, y a establecer una política pública que garantice la protección social y la salud de quienes hacen posible la vida cultural del país.
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