La vivienda es un derecho universal contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado …en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica…” y el artículo 11: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda.”
Por ello la preocupación del gobierno por atender la demanda habitacional, por medio de una estrategia encomendada al Viceministerio de Vivienda de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que ha buscado la adjudicación de fondos para poder otorgar subsidios a grupos familiares.
Con el presupuesto del próximo año se calcula atender la demanda de 12 mil unidades habitacionales, y para ello se cuenta con 595 millones de quetzales, con lo cual se triplica la inversión que se hizo en el año que termina.
De acuerdo con los cálculos del Viceministerio en cuestión, en el país se registra un déficit de vivienda de 1.6 millones de unidades habitacionales para resguardar a igual número de familias.
El tema de la vivienda ha sido poco atendido por las anteriores administraciones de gobierno, y con el crecimiento poblacional, cada año aumenta el número de familias que necesitan un techo seguro, además de aquellas que tienen vivienda en condiciones de vulnerabilidad, como las ubicadas en laderas de barrancos y montañas.
El Viceministerio de Vivienda debe otorgar subsidio directo y facilitar el acceso al crédito a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema que no cuentan con vivienda propia y segura.
Para estos grupos objetivo se ha planeado dar, en 2019, subsidio a cada familia por 35 mil quetzales, de acuerdo con los estudios socioeconómicos que se realicen a las familias que lo soliciten.
También se tiene contemplado mejorar las condiciones de los entornos donde se construyan las viviendas subsidiadas. Para esto, el Banco Centroamericano de Integración Económica ha dispuesto otorgar al país un préstamo por 100 millones de dólares (unos Q770 millones), el cual está pendiente de ser aprobado por el Congreso de la República.
