miércoles , 27 noviembre 2024
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Se garantiza continuidad de obras

Como consecuencia de las acciones legales contra empresas contratistas del Estado, que están siendo investigadas por supuestos actos de corrupción en la administración pasada, el Ejecutivo actuará para que no se detenga la reparación y construcción de carreteras.

Durante el Gabinete de Gobierno de ayer, el Consejo de Ministros decidió declarar estado de calamidad pública en las principales vías, por un período de 30 días, para garantizar que las obras se ejecuten de acuerdo con la programación establecida.

Y es que la red vial se encuentra al borde del colapso y, como lo afirmó el presidente Jimmy Morales, está literalmente en un estado deplorable e intransitable que atenta contra la seguridad de los guatemaltecos, la economía, el turismo y el desarrollo.

Lo anterior, porque por décadas no se invirtió de manera adecuada en esa infraestructura, y gran parte de los fondos destinados a ello fue a parar a otros bolsillos, lo cual quedó evidenciado la semana pasada con las capturas de personas vinculadas con hechos ilícitos en los proyectos carreteros.

En este sentido, en el marco de la transparencia, ahora se actuará con respeto a la Ley para continuar los trabajos, pues el buen estado de las vías es una de las exigencias y demandas de los ciudadanos.

Adicionalmene, esta semana se presentará en el Congreso de la República una iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, y con ello implementar procesos de liquidación expresos con seguridad jurídica, tiempos de contratación y sus respectivos mecanismos de supervisión más ágiles.

Además, se convocará a una mesa de trabajo para evaluar los convenios que presenten problemas legales, para encontrar una solución efectiva, transparente y basada en la legislación.

También se buscará modificar la institucionalidad de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), para nuevos registros de proveedores y requisitos de participación contractual.

Las acciones anunciadas ayer por el Gobierno garantizan que las obras, especialmente en relación con las precarias condiciones de la red vial, se ejecuten, y que los recursos del pueblo regresen al pueblo, como lo ha indicado el mandatario.

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