La falsificación de 392 certificados de buenas prácticas sanitarias en seis meses es uno de los hallazgos que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) detectó luego de un proceso de investigación, el cual tuvo como fin el fortalecimiento institucional, la transparencia y la rendición de cuentas.
De acuerdo con Mynor Melgar, asesor de la Unidad de Asuntos Internos del Mspas, de dicha cifra encontrada en la Dirección de Regulación y Control de Medicamentos y Productos Afines, 189 fueron tramitados de manera “exprés”, mientras que 21, aprobados en menos de 24 horas. También se descubrió el uso inadecuado de usuarios en el sistema informático, falsificación de firmas y omisión de requisitos legales.
La principal sospechosa es identificada como directora técnica X, a cargo de los establecimientos farmacéuticos y afines. Es acusada de gestionar 2 mil 191 inscripciones sanitarias y atender 60 empresas. Según Melgar, durante su dirección desaparecieron 189 expedientes que se tramitaron sin respetar los debidos procesos.
“Un detalle interesante es que, como parte del trámite, las certificaciones quedan en resguardo de la unidad correspondiente; sin embargo, cuando se hizo la búsqueda, no se encontraron”, añadió.
Según la cartera de Salud, “tras estos hechos, ya se han presentado las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes”.
Los hallazgos
El asesor ejemplificó que el 30 de septiembre del año pasado ingresaron en el sistema 13 casos para ser aprobados, los cuales fueron avalados en menos de 24 horas. “Los registros evidencian que fue a las 6:00 horas, antes de que empezara el horario laboral”, manifestó.
Detalló que la acusada nunca trabajó sola, puesto que coordinaba con sus dos hijas. Una era la responsable de 12 inscripciones sanitarias y 54 establecimientos; la otra, de 526 instituciones sanitarias y 84 compañías.
Estas anomalías generaban beneficios, ya que los involucrados en los negocios recibían alrededor de Q3 mil 500 por cada caso, en concepto de honorarios.
Las denuncias
Entre noviembre de 2025 y febrero del año en curso, el ministerio presentó cuatro denuncias ante el Ministerio Público (MP). La primera, del 11 de noviembre pasado, surgió luego de investigaciones en la utilización de la copia del certificado de buenas prácticas.
Otra fue por sustracción de hojas de certificados de buenas prácticas, el 8 de diciembre. Luego, el 12 de febrero de 2026, se acusó la utilización de credenciales informáticas. “Esto lo reportó un trabajador, quien afirmó no haber realizado los registros y desconocer la firma que aparece en los documentos”, apuntó Melgar.
Por último, el 24 del mes anterior, se impuso una querella por la sustracción de los 189 expedientes.
“Se llevaron por hechos delictivos específicos. Sin perjuicio de ello, al acumular la información y comprender el modo de operación del grupo, corresponderá, eventualmente, unificar los casos, conforme determine el MP. La función de la cartera es poner a disposición todos los documentos que sustenten lo manifestado”, advirtió.
El modus operandi consistía en ingresar expedientes al sistema institucional como trámites normales, para después acelerar su aprobación sin cumplir con los procesos establecidos. Posteriormente, se alteraban los rastros informáticos y, en la fase final, se extraviaban los expedientes físicos.
Trabajo estructurado
Julio Flores, comisionado contra la Corrupción, planteó que “los hallazgos no son producto de acciones espontáneas, sino del resultado de un trabajo estructurado dentro del Ministerio de Salud”. En sus palabras, esto marca un giro importante: “A la corrupción no solo se reacciona, sino que se detecta activamente como parte de un proceso de fortalecimiento institucional”.
Además, subrayó que el problema no se limita a las adquisiciones; alcanza los procedimientos administrativos, donde se han identificado irregularidades como “alteración de sistemas informáticos” y “aprobaciones en plazos que no corresponden a la realidad”, lo que puede representar riesgos para la salud pública.
Indicó que otro punto clave es el enfoque integral. No se trata solo de denunciar, hay que “depurar procesos” y consolidar los mecanismos internos. Finalmente, destacó que “ya existe una ruta clara de actuación, lo que sugiere continuidad en la presentación de casos y en el refuerzo de los controles y la transparencia dentro del sistema”.
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