La prisión provisional debe ser de carácter excepcional, además de mejorar las condiciones para implementar medidas sustitutivas, como el uso de dispositivos telemáticos. En relación con el marco legal, es necesario analizar reformas para limitar la duración y la prórroga de la prisión preventiva, así como eliminar el catálogo de delitos.
Las anteriores son algunas de las recomendaciones que se incluyen en un estudio sobre prisión preventiva y su impacto en el sistema de justicia, elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
“Hace 10 años, en Guatemala había 8 mil 615 privados de libertad en el país, de los cuales el 34 % se encontraba en prisión preventiva. Actualmente, la población reclusa total creció 190 %, pues se ubica en 24 mil 400 personas en las diferentes prisiones. Casi la mitad está en prisión preventiva”, afirmó Walter Menchú, experto en datos y analista del CIEN.
De acuerdo con el documento, es imperante contemplar la instalación de carceletas dignas, destinadas específicamente a prisión provisional, y atender el reto de ampliar la infraestructura penitenciaria con procesos de planificación eficientes y considerar su administración bajo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria• Redacción, con información de Maynor Pelén
