La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acudió a un tribunal federal en San Juan y solicitó la aplicación del título III de la Ley Promesa, que establece, mediante una declaración de quiebra, un proceso para la reestructuración de la deuda de US $70 mil millones (Q513 mil 800 millones).
La normativa señala que se recurre a ella solo cuando la negociación entre el Gobierno puertorriqueño y los acreedores, se haya agotado sin éxito.
El título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE. UU., paraliza todas las demandas judiciales, y tras las reclamaciones y objeciones, deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
Protege los intereses
En un comunicado el presidente de la JSF, José Carrión, explicó que la Junta determinó que la medida era necesaria y apropiada para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, después de que la moratoria, que impedía que estos últimos reclamaran en los tribunales el pago de la millonaria deuda de la Isla, dejará de tener efecto a partir del lunes.
Ello, abrió la puerta al proceso de quiebra, iniciado ayer, tutelado por la Justicia.
Carrión enfatizó que este amparo al título III no debe impedir los “esfuerzos para continuar las negociaciones para la restructuración voluntaria de los compromisos financieros y buscar acuerdos consensuados con los acreedores”.
La deuda a la que el Congreso estadounidense, al que queda sometido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su Constitución, intentó dar solución con la aprobación en junio de 2016 de la llamada Ley Promesa.
