Guatemala será examinada por un Comité de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas.
Guatemala adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante el Decreto 59-2008 del Congreso de la República, a requerimiento de este sector de la población, comprometiendo al país a impulsar acciones para el respeto y cumplimiento de los derechos de nuestro colectivo, el que históricamente ha estado ausente de las políticas de Gobierno, derivando en altos índices de exclusión y marginación prácticamente en todos los campos del desarrollo humano.
La Convención es la herramienta más avanzada en el campo de los derechos humanos, que hasta hoy, ha logrado construir el movimiento mundial de las personas con discapacidad, que a 7 años de su ratificación por parte del Estado guatemalteco, solo se ha elaborado y presentado un único informe de país en el año 2012, construido en consulta y diálogo con instituciones del Gobierno central y alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil.
Hubiera sido importante contar con el compromiso de la mayoría de las instituciones del sector público, para presentar un informe lo más aproximado a la realidad del país, pero de 47 entidades que atendieron la convocatoria del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), en principio, no más de 25 entregaron los cuestionarios elaborados con sus representantes, lo que evidenció la falta de visión y orientación en la inclusión de esta temática en sus políticas, programas y servicios.
A 4 años de la entrega del primer informe, se ha recibido convocatoria del Comité de Expertos de las Naciones Unidas, encargado de esta Convención, para que el próximo 22 de agosto nuestro país sea examinado en el cumplimiento del Decreto 59-2008, en función de lo cual deberá integrarse una comisión de alto nivel, para que las recomendaciones y observaciones que deriven del examen no queden sin ser resueltas.
Según la convocatoria recibida, deben formar parte de esta comisión, además del Conadi, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Presidencial en esta materia, los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Gobernación, el Presidente de la Comisión sobre Asuntos de Discapacidad del Congreso de la República y otros funcionarios que por su actividad dentro del Estado, tengan responsabilidad en el seguimiento de los programas sociales.
Definitivamente que en este primer informe, se tendrán muchas observaciones y recomendaciones, especialmente porque no se han atendido las orientaciones de la Convención, bien sea por razones económicas o, porque no se ha garantizado la sostenibilidad de los asuntos de país en la responsabilidad de incluir el tema, pero el reto que debe atenderse desde ya, es que como Estado, Guatemala debe asignar recursos técnicos, materiales, humanos y financieros en las distintas dependencias para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Decreto 59-2008.
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