Proveer de un techo propio a sus habitantes, es un esfuerzo que hacen todos los países en busca de cumplir con el derecho a la vivienda, que fue reconocido en 1948 como parte de la declaración universal de las garantías individuales. Pero esto debe ser más que disponer de 4 paredes; y por ello, los planes de urbanización deben asegurar los servicios de agua potable, drenajes, energía y vías de acceso, además de la certeza jurídica de la propiedad.
El gobierno del presidente Jimmy Morales plantea una agenda urbana para los próximos 50 años, con el propósito de trabajar sobre un marco que permita empujar el progreso en los centros poblacionales, que van desde las comunidades hasta las ciudades, y así poder dar a los guatemaltecos un hogar.
De acuerdo con lo planificado por el Ejecutivo, este proyecto considera puntos importantes, como la aprobación de una ley de desarrollo urbano y gestión territorial, y la creación de un ente estatal que sea capaz de llevar a cabo las estrategias, que bien podría ser un ministerio específico. Pero antes, será necesario establecer un diálogo nacional sobre el tema, para escuchar a todos los sectores que puedan contribuir para promulgar una política en esta materia.
En esa discusión tendrán que participar las municipalidades, pues son las entidades autónomas del Estado que manejan la administración pública local y que deberán efectuar ordenamientos territoriales y establecer condiciones para que llegue a la mayoría.
Según los cálculos de la Asociación Centroamericana de la Vivienda, Guatemala presenta un déficit habitacional de 1.6 millones de unidades, y solo se construyen 20 mil al año, por lo cual es urgente atender la gran demanda de casa propia y digna.
Esta iniciativa también ayudará a tener una infraestructura resistente a los fenómenos naturales, para que los habitantes sean menos vulnerables y se deje de tener gastos en la atención de emergencias por desastres que afectan a los más desprotegidos.
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