El mantenimiento en buen estado de la red vial, la cual incluye las carreteras asfaltadas y los caminos rurales, es una condición ineludible para el desarrollo de un país cuya economía se basa en gran parte en la agricultura y el comercio con el exterior, lo cual necesita de espacios adecuados para transitar de forma expedita y sin contratiempos.
Es por ello que el mejoramiento y el mantenimiento constante de las condiciones de las rutas es una de las principales demandas de la población, y sobre la cual mantiene una vigilancia constante para señalar a los responsables del deterioro de esta infraestructura.
Por otro lado, de forma histórica, estos proyectos han generado múltiples ganancias ilícitas a políticos corruptos de todos los niveles del poder, por lo que los guatemaltecos han pagado altos costos en trabajos de baja calidad, que deben ser corregidos de forma constante.
De esa cuenta, el Organismo Legislativo estableció en el artículo 100 de la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación 2017, una cláusula que obliga al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a liquidar todas las obras de arrastre antes de hacer nuevas contrataciones.
Lo que no se tomó en cuenta en dicha instancia del Estado es que muchas de estas son realizadas en lapsos mayores a los 12 meses; es decir, que rebasan los períodos fiscales, aunque no precisamente lleguen a un nivel de atraso.
Asimismo, existen obras que datan de gobiernos anteriores y que no se liquidaron en su momento, y actualmente es difícil comprobar su ejecución, pues por el tiempo transcurrido han vuelto a quedar en mal estado.
El Gobierno prioriza la transparencia y está anuente a cumplir al pie de la letra las leyes que favorezcan la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la máxima publicidad de costos y gastos.
Sin embargo, considera que no es justo para los ciudadanos enfrentarse día a día con carreteras en mal estado debido a los obstáculos impuestos por errores cometidos en el pasado, y sin tomar en cuenta cuestiones técnicas.
Los diputados deben hacer un análisis a conciencia sobre la urgencia de aprobar las enmiendas a los artículos que ponen en riesgo el bienestar y el progreso de los guatemaltecos.
