La administración del presidente Jimmy Morales ha sido consistente en sus esfuerzos por clarificar el quehacer público, y, en ese sentido, ha promovido la transparencia y la participación ciudadana en procesos que por muchos años, pese a ser de mucho interés para la población, fueron poco conocidos y
generaron dudas y desconfianza. Todo esto, en el marco del cumplimiento de compromisos del Plan Nacional de Gobierno Abierto.
Es el caso de la formulación del Presupuesto General de la Nación, que para 2018 el Organismo Ejecutivo propone sea de Q87 mil 672 millones, y, en ese contexto, cobra gran significado el hecho de que se haya dado a conocer la integración del Listado Geográfico de Obras de infraestructura para el próximo año.
Gracias a esa apertura, materializada institucionalmente y expresada por los funcionarios a cargo de las carteras concernidas, como Miguel Ángel Moir, de la Secretaría de Planificación y Programación, se sabe que se plantea que sean invertidos Q7 mil 341 millones en 2 mil 312 obras.
Del monto citado, el gobierno central ejecutaría Q5 mil 65.5 millones en 335 proyectos y el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en su nivel departamental, Q2 mil 275 millones en mil 977 inversiones.
El Plan expresa claramente un afán por recuperar la infraestructura vial del país, pues el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tendrá a su cargo 187 iniciativas, con un valor de Q4 mil 562.47 millones.
Pero igualmente importante es dentro de la proyección la obra social con impacto directo en las comunidades más necesitadas, específicamente para reducir los índices de desnutrición, puesto que se prevé que el 48 por ciento del gasto de los Consejos de Desarrollo Departamentales se dedique a proyectos de agua y saneamiento, y el 42 por ciento, a planes relacionados con la educación.
El conocimiento de esta información compromete a todos los estamentos a responder a las necesidades sentidas de la población, canalizadas por medio de las instancias de participación ciudadana, y, sin duda, fortalece el sistema democrático de la nación.
En la misma línea, brinda legitimidad a la acción pública y mejora la gobernabilidad, lo que se traduce en confianza e incrementos en la moral tributaria, para que el Estado pueda aumentar por fin sus ingresos y ofrecer más y mejores prestaciones, con la participación de todos los sectores en la búsqueda y solución de los problemas históricos que afectan a Guatemala.
