Cinco países latinoamericanos y Canadá hicieron ayer oficial una petición para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una carta sellada por los líderes de sus respectivos países, solicitando la intervención de la Corte con sede en La Haya.
La misiva, remitida a la CPI, va acompañada de informes elaborados por expertos internacionales.
Entre esos documentos, que ya son públicos, figura un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, en el marco de las protestas antigubernamentales de entre abril y julio de 2017.
También otro, redactado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que concluyó que existía un “fundamento razonable” para considerar que 11 individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad.
Posiciones
El canciller peruano, Néstor Popolizio, destacó que, de comprobarse varios de los elementos contenidos en esos documentos, “quedarían claramente configurados los crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
Su homólogo chileno, Roberto Ampuero, insistió en que los informes son “sólidos y contundentes” y “muestran de manera muy seria y documentada las denuncias”.
“Consideramos (…) que permanecer impasible, indiferentes o especulativos ante esta realidad podría tener ribetes de complicidad con el régimen de Venezuela”, apuntó el canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni.
