Mientras la sociedad no obligue a que se produzcan auténticos cambios, los esfuerzos seguirán siendo insuficientes e infructuosos.
El olor a putrefacción que dejó el gobierno del innombrable Partido Patriota aún es persistente, insoportable, y realmente vergonzoso. La gangrena de la corrupción se extendió en todo el cuerpo de la cosa pública; no hay institución que se salve, pues por donde presionan las manos de la justicia, lamentablemente brota pus. Aunque ya no se quiera hablar del tema, resulta imposible pasar inadvertida la avidez con la cual los funcionarios actuaron para desfalcar al erario nacional. Se ha vuelto una costumbre que detrás de un caso develado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), al poco tiempo aparezca otro de similar o mayor impacto social, que trascienda fronteras, evidenciando, por un lado, la porosidad del aparato estatal y, por el otro, el rastro de impunidad y corrupción trazado desde hace décadas.
Hoy, se conversa del caso denominado Construcción y Corrupción, materializado el 14 de julio de este año, por la CICIG y el MP, en el cual su principal protagonista es el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, aún prófugo de la Justicia. Toda vez que ha sido vinculado a empresas de cartón que recibieron cerca de US $10 millones en sobornos, pagados por otras compañías con el propósito de garantizar los pagos de deuda de arrastre que les debía esa cartera, y así asegurar la adjudicación de nuevos proyectos, según señalan las investigaciones hasta ahora efectuadas.
Verdaderamente, cuesta creer que el Partido Patriota diseñara un plan para ejecutar el robo del siglo y no para dirigir el accionar del buen funcionamiento de la gestión pública y velar porque se cumpliera con el principio constitucional de que prevaleciera el bien común sobre el particular. De esa manera, lejos estamos de extirpar el cáncer de la corrupción que continúa carcomiendo la institucionalidad, pues el sistema está instaurado para que políticos inescrupulosos, en complicidad con particulares, cometan excesos con los recursos económicos de la población. Mientras la sociedad con ciudadanos genuinos al frente no obligue a que se produzcan auténticos cambios al podrido y maloliente sistema, los esfuerzos seguirán siendo insuficientes e infructuosos.
Por ello, se debe ejercer presión para que se consoliden cuanto antes las reformas tanto al sistema judicial como al electoral, pues está visto que sostener dichos sistemas es el objetivo fundamental de los políticos tradicionales, que entorpecerán cualquier intento que apunte a la transparencia. Como ciudadanos, no debemos bajar la guardia, pues el riesgo de que las fuerzas oscuras se reacomoden para mantener la anarquía y el estatus quo es enorme. Dependerá de nosotros que políticos apátridas sigan dilapidando los recursos del ya deshilachado erario nacional, de una sociedad que necesita con urgencia atención a sus principales demandas y a quien le ha sido vedado el derecho al verdadero desarrollo de sus comunidades y a su cada día más escasas oportunidades de superación en el país.
