Por: Mina Griselda González
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En el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, es propicio reflexionar sobre las condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional en que vive la niñez guatemalteca, cuyo impacto merma de manera significativa el desarrollo integral de las personas y, por ende, el progreso social y económico del país.
Desde la aprobación de la Ley y la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guatemala continúa poniendo en la agenda política la priorización de acciones para reducir la desnutrición, en consonancia con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo K´atún: Nuestra Guatemala 2032, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente las metas de Hambre Cero. Guatemala ha sido líder y pionera en establecer un sistema nacional con una visión holística y una misión de articulación multisectorial de las intervenciones y estrategias, que ha servido como modelo para otros países latinoamericanos, para definir sus políticas desde un enfoque de derechos; no obstante lo anterior, los índices actuales de desnutrición, así como la valoración de sectores vinculados a la temática, señalan que el reto que tenemos como Estado es pasar de la teoría a la práctica, e implementar la política de SAN es el mandato.
Un determinante para avanzar en la prevención y erradicación de la desnutrición crónica es la sostenibilidad de las acciones que han mostrado con evidencia ser costo-efectivas, como políticas de Estado, fortaleciéndolas con recursos y llevándolas a gran escala, entre ellas la implementación de la Ventana de los mil días, cuya evidencia se sustenta en estudios técnicos y científicos, y derivan de un consenso global.
