Ciudad de Panamá, Panamá | Juan José Rodríguez, AFP
El Gobierno de Panamá anunció en un comunicado que cooperará vigorosamente con la Justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones de este domingo por diarios de diferentes países, acerca de fortunas escondidas por distintas personalidades del mundo.
Así reaccionó el Ejecutivo después de que el domingo diversos periódicos del mundo publicaran la investigación Papeles de Panamá, tras una filtración de documentos del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.
La pesquisa afecta a personalidades del mundo entero, que van desde el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el entorno cercano al mandatario de Rusia, Vladimir Putin; al jefe de la UEFA Michel Platini, pasando por el astro argentino Lionel Messi y el director de cine español, ganador de un Óscar, Pedro Almodóvar, entre otros.
Además, se informó que entre los clientes del bufete está la guatemalteca Marllory Chacón, la Reina del sur, quien es acusada de supuestamente lavar dinero para grupos de narcotraficantes, entre estos el Cártel de Sinaloa. La firma, de acuerdo con la investigación periodística, creó para la sindicada la empresa Brodway Commerce Inc., que a la vez tenía vínculos con el abogado Francisco Palomo Tejeda, asesinado en 2015.
La administración panameña del presidente Juan Carlos Varela “reafirma que en sus 21 meses de gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros” y “lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia”, dice la nota.
“Esto es un crimen, un delito. Hay un ataque contra Panamá porque a algunos países no les gusta que seamos bien competitivos para atraer empresas”, dijo en diálogo telefónico con la AFP Ramón Fonseca Mora, director y miembro fundador de Mossack Fonseca.
“Hay una guerra entre los países abiertos como Panamá, que estamos creciendo al 6 por ciento, y países impositivos que quieren imponer más y más impuestos”, añadió.
Desde enero de 2016 entraron en vigencia en Panamá nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades de ese país canalero.
“Con esas nuevas normas las entidades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros”, dice el Ejecutivo panameño.
Además, creó un ente público para prevenir el lavado en 16 actividades económicas como zonas francas, casinos, bienes raíces, construcción, transporte de valores, casas de cambio, bolsa de diamantes y notarías.
El escándalo estalla en momentos en que Panamá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran sus diferencias en torno al intercambio de información fiscal para evitar el blanqueo de capitales.
El gobierno panameño está dispuesto a intercambiar información fiscal, pero con un modelo propio, bilateral y con garantías de confidencialidad con cada país y no de manera inmediata, como solicita la OCDE, que acusa al país centroamericano de no estar comprometido con el intercambio automático de información financiera.
El 18 de febrero, el presidente Varela anunció que Panamá había salido de la lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que agrupa a 32 países y 2 organismos regionales.
El grupo confirmó que Panamá ya cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional apropiado para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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