El Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM) continúa consolidándose como una de las principales estrategias sociales del Gobierno para atender a personas de la tercera edad en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Hasta el momento, 297 mil 26 adultos mayores son atendidos en el ámbito nacional y de ellos 162 mil 120 son mujeres, lo que representa el 54.6 % del total, de acuerdo con registros del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).
Se apoya con Q500 mensuales a quienes tienen 65 años o más, se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, no cuentan con jubilación y tampoco con cobertura de seguridad social.
Prioridad
Los cuatro territorios que encabezan el padrón de favorecidos con el PAM tienen altos índices de miseria y de poblaciones ancestrales; en este último caso, la excepción es quien ocupa el segundo lugar (vea: Apoyo para mejorar calidad de vida).
La lista la lidera Alta Verapaz. (90.3 % de pobreza general y 93 % de población indígena), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023 y el censo de 2018.
Le siguen San Marcos (73 % y 31 %), Huehuetenango (81.2 % y 63 %) y Quiché (86.4 % y 89 %). Estas condiciones sociales y económicas reflejan las brechas históricas que enfrenta gran parte de los adultos mayores atendidos por el PAM.

Dignificación
Pedro Diego Toledo, jefe del programa, destacó que la actual administración ha priorizado la descentralización de los procesos de inscripción y el robustecimiento del equipo de trabajo social en los territorios, con el propósito de acercar la atención a comunidades históricamente excluidas.
“Se ha laborado para dignificar la atención al adulto mayor y llevar el beneficio a comunidades que durante años no habían tenido acceso a el”, afirmó el funcionario.
Como parte de las acciones implementadas, Toledo resaltó la incorporación de 43 mil 044 personas que permanecían rezagadas entre 2006 y 2023 y que finalmente fueron integradas al proyecto social.
Asimismo, explicó que el PAM vigorizó sus mecanismos tecnológicos mediante la vinculación con bases de datos oficiales como la del Registro Nacional de las Personas (Renap), con el fin de garantizar transparencia y comprobar el cumplimiento de requisitos.
“Ahora existe un mayor control y verificación de la información para garantizar que el aporte llegue realmente a quienes cumplen con las condiciones establecidas”, subrayó.
Ayuda necesaria
Luis Linares, coordinador de asuntos laborales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y exministro de Trabajo, resaltó que el PAM es una política necesaria frente a la limitada cobertura de la seguridad social. “Es un programa necesario, aunque debe verse como un paliativo, porque surge de la necesidad de cubrir a los ancianos en situaciones de pobreza”, señaló.
También consideró que el beneficio de Q500 mensuales representa un alivio importante, pero sería oportuno que el Estado revise periódicamente la cantidad para ajustarla al costo de vida.











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