Fotos: cortesía OJ
Guatemala es un país que tiene una ubicación geográfica muy importante, ya que conecta comercialmente a México con América Central y viceversa. A diario, entran y salen grandes cantidades de productos que se traducen en desarrollo para los países de la región.
No obstante, las fronteras son lugares en los que con frecuencia se dan situaciones ilícitas que, en un buen porcentaje, se relacionan al contrabando y la defraudación aduanera.
Como parte de las acciones del Organismo Judicial (OJ), se instaló el Juzgado de Paz Penal de Conocimiento a Prevención de Delitos de Narcotráfico, Defraudación y Contrabando Aduanero, Violencia Sexual y Trata de Personas en el municipio de Tecún Umán, en el departamento de San Marcos.
Este tribunal tiene competencia para conocer delitos ligados al tráfico de mercadería y de evasión de impuestos, que son cometidos por quienes incumplen las obligaciones tributarias al ingresar productos desde México.
Según Nohemí De León, jueza titular de la referida judicatura, las faltas y delitos aduaneros que se cometen con mayor frecuencia son: Infracción tributaria: ocurre cuando la mercadería no se declara, pero su valor no sobrepasa los US $3 mil. Esta situación se debe solventar con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y no es motivo para detener a una persona.
Contravención de medidas sanitarias: sucede cuando una persona trae de otro país productos perecederos para el consumo local, por ejemplo: queso, yogur, leche, entre otros, ya que según autoridades sanitarias podría poner en riesgo la salud de los guatemaltecos. Quien incurra en este delito puede recibir condenas que van desde los 6 meses hasta los 2 años de prisión.
Contrabando aduanero: se comete cuando se afecta al Estado al no pagar el impuesto de ingreso y se consuma cuando el valor de la mercancía sobrepasa los US $3 mil. En la mayoría de los casos, los vehículos que transportan productos ilegales son decomisados y mediante un proceso de extinción de dominio pasan a formar parte de los bienes del Estado. Los autores de este delito pueden recibir condenas que van de 7 a 10 años de cárcel.
En 2020 se instaló un puesto de control interinstitucional fronterizo, en el que participan la SAT, Ministerio Público (MP) y Policía Nacional Civil (PNC), que ha permitido identificar y capturar a personas que hayan cometido algún tipo de ilícito.
Desde entonces ha aumentado considerablemente el número de casos que conoce el Juzgado de Ayutla. De enero a noviembre de 2022 han sido procesados 248 expedientes relacionados con la defraudación y contrabando aduanero.
La jueza De León considera que, desde el OJ, la lucha frontal a los delitos aduaneros ha sido apoyada por la actual administración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por la magistrada Silvia Patricia Valdés Quezada, mediante la dotación de equipo y personal calificado para desempeñar esta labor.
Agregó que la prevención es crucial para hacer conciencia sobre lo importante que es cumplir con los procesos aduaneros y evitar sanciones, multas o, incluso, ir a prisión.
• Con información del OJ
