COLUMNAS
Ocurrencias
Legislamos por ocurrencias y evaluamos y calificamos –y también descalificamos, es el colmo– por similares ocurrencias e incluso –colmo de los colmos– hasta juzgamos.
Carecemos de un concepto de Estado y de cualquier atisbo de visión de largo plazo.
Hoy le toca hacer gala de esos inveterados defectos, inveterados defectos entre nosotros, a la Comisión de Postulación que deberá presentar al Presidente de la República una nómina de seis abogados que reúnan los requisitos de ley para que el Mandatario, dentro de los seis propuestos, designe al Fiscal General de la República que deba servir el periodo constitucional 18 de mayo 2018-18 de mayo 2022.
Esta Comisión, integrada también por abogados, entre los remolinos de “los aires de los tiempos”, a merced de la clase mediática y de los grupos y grupitos de presión venía siendo empujada para que, por sí y ante sí –legisladora de ocasión– dispusiera que cualquiera de los abogados que llegare a escoger tuviese que reunir, además de los requisitos exigidos por la ley, otros requisitos caprichosos como el de no haber defendido a los imputados por cierto tipo de delitos (la negación misma de la profesión de abogado) absurdo que arrastraba a que quedasen proscritos casi todos los abogados de la defensa pública en tanto que los acusadores, tan campantes, elevados a la santidad y beatitud.
La Comisión no cedió del todo a las presiones y se limitó a establecer que haría una evaluación ética de la participación de los abogados que hubieren llevado la defensa en estos casos lo que lleva, sin embargo, al absurdo de no exigir evaluación ética alguna de la participación de acusadores y –en general– la de no exigirla en todo el resto del quehacer profesional.
La Comisión de Postulación no se encuentra –en absoluto– más allá del bien y del mal y muchísimo menos la clase mediática y los grupos y grupitos de presión por lo que es importante que se atenga a lo establecido por la Constitución y por las leyes.
Es con la anticipación debida y no a la carrera que se deben establecer las normas, normas que una vez establecidas, en tanto vigentes, deben acatarse.
¿Ninguna evaluación ética de la participación de los jueces en los procesos que hayan llevado? ¿Ninguna evaluación ética de las actuaciones de quienes no hayan participado en litigios, ni como jueces, ni como defensores, ni cómo acusadores? ¿Ninguna evaluación ética de quienes no hayan hecho nunca nada? ¡Por favor!
Ya va siendo hora de que no se improvise y de que la Comisión de Postulación, reitero, se atenga a normas anteriormente establecidas y que no incurra en las barrabasadas ya incurridas anteriormente como la de cambiar las reglas de juego después de haber convocado a los abogados para postularse (cambio de reglas de juego “después de iniciado el partido”).
Nuestros legisladores han sido pródigos en ocurrencias “periodiqueras” las que se consolidan con la clase mediática y, así, se dieron a establecer normas sobre el transfuguismo que son claramente inconstitucionales por cuanto de las diputaciones no se adjudican a los partidos políticos sino a cada candidato.
Acostumbrados a que las leyes no se cumplan, cualquier ocurrencia se legisla y, así, la inconstitucional ocurrencia de establecer la condición de diputado tránsfuga y atribuirle consecuencias, norma que, sin embargo, es tanto no declarada su inconstitucionalidad por acción, excepción o incidente conserva su vigencia y debe aplicarse.
El juzgador ¿Por qué no? también tiene ocurrencias y, así, “legisla”, función que no le corresponde, Una cosa es suspender un acto y otra, muy distinta, imponer camino y plazos.
Pero en fin el tema de esta columna es la Comisión de Postulación, ya ha hecho finalmente, al parecer, SU tabla de gradación, papelitos de colores más, papelitos de colores menos…
¡Continuaremos vigilantes!
Fernando Soto,
Director de Fomento de las Artes, Ministerio de Cultura y Deportes
Guatemaltecos, cuyos nombres han trascendido las fronteras de nuestro país por su valor artístico, forman una constelación de estrellas en el firmamento del arte nacional. Nombres como Joaquín Orellana, Carlos Mérida, Efraín Recinos o Miguel Ángel Asturias, son algunas de estas figuras del arte nacional que dan renombre a Guatemala en el universo artístico.
El Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, constitucionalmente tiene la obligación primordial de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional y, anualmente, reconoce a los artistas por medio de la entrega de los Premios por Trayectoria y Aportes al Desarrollo del Arte.
El Estado tiene la obligaciòn de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional.
Marimba, teatro, danza, música, artes visuales y artes circenses son las disciplinas en las que se premia a mujeres y hombres guatemaltecos dedicados al arte nacional, enalteciendo, reconociendo y valorando a las y los guatemaltecos dedicados al quehacer artístico nacional.
Durante el año se entregan los premios a los artistas en cada una de las disciplinas en las que han destacado, contribuyendo al desarrollo del arte, ya sea por medio de la docencia, la proyección de su arte como destacado intérprete, o la labor creadora de obras artísticas, fruto de años de dedicación y esfuerzo, sirviendo como ejemplo a las nuevas generaciones de niños y jóvenes que inician o se están formando en el arte y, a la vez, proyectando su obra creadora a la sociedad guatemalteca, dejando un legado artístico que muestra la grandeza del arte a nivel nacional e internacional.
Educadores que transmiten a las nuevas generaciones su conocimiento y experiencia en las escuelas de arte, conservatorios o academias comunitarias que existen en el territorio nacional; dramaturgos, compositores y coreógrafos que plasman en su obra historias y vidas, paisajes sonoros, lenguajes corporales cadenciosos con el fin de transmitir una idea, un momento, un mensaje, un recuerdo o una realidad; músicos, actrices y actores, bailarinas y bailarines, escultores y pintores, payasos, acróbatas y magos que han dejado su vida en las tablas, en teatros, en galerías, en parques, iglesias, edificios, en festivales o en donde se pueda hacer un escenario o montar una exposición y presentar ante un público diverso y colorido el fruto de la obra creadora
individual o colectiva.
Mientras sigamos reconociendo y valorando a nuestros artistas, seguiremos llenando de estrellas el firmamento artístico de nuestra Guatemala.
El Informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial destaca las principales amenazas que enfrentará el mundo. Entre las más urgentes para los próximos dos años se encuentran la desinformación, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, ciberataques y los conflictos armados.
La desinformación, entendida como información falsa difundida sin intención y como aquella creada deliberadamente para engañar, destaca como una de las amenazas más preocupantes. Dentro de este fenómeno, se incluyen las deepfakes: videos o audios generados con inteligencia artificial que imitan a personas reales diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural.
Estas herramientas, que utilizan modelos de aprendizaje profundo para crear contenido casi indistinguible de la realidad, están ahora al alcance de cualquiera con acceso a un software básico, convirtiéndose en una poderosa arma de manipulación.
En un país como Guatemala, donde persiste la polarización política y la desconfianza en las instituciones, las deepfakes representan un riesgo enorme.
La rapidez con la que se difunde la información a través de plataformas como Facebook, WhatsApp o TikTok, sumada a la tendencia de la población a consumir información superficial sin verificarla, crea un terreno fértil para el éxito de este tipo de
manipulaciones.
Crear un deepfake no requiere de equipos sofisticados; basta con programas accesibles y suficiente material visual de la persona que se desea imitar. Casi cualquiera con intenciones maliciosas puede producir contenido para difamar a figuras públicas, marcas o influir en decisiones políticas y sociales. En un país donde muchos ciudadanos se quedan en la superficie de lo que ven o escuchan, las consecuencias pueden ser tremendas.
Vivimos en una era de sobrecarga de información y contenido instantáneo, donde la veracidad de los hechos importa menos que las emociones que estos generan.
Campañas de desprestigio y contenidos falsos no solo capturan la atención del público y manipulan sus percepciones, sino que también distorsionan la verdad y alimentan la polarización social, aumentando el clima de desconfianza.
A nivel global, estudios como los del MIT han demostrado que las noticias falsas y los deepfakes, se difunden más rápido y llegan más lejos que las noticias verdaderas, especialmente en el ámbito político. Esto se debe a su novedad, apariencia y a su capacidad de generar emociones fuertes como miedo, disgusto y sorpresa, haciéndolas más propensas a ser compartidas en redes sociales.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural. Las redes sociales, que surgieron como espacios para la libre expresión, hoy pueden adormecer el razonamiento crítico, convirtiendo a los usuarios en presa fácil de la manipulación. En lugar de profundizar y cuestionar, muchos se quedan en la superficie de los titulares y contenidos virales, adoptando posturas emocionales antes que basadas en hechos.
Como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad ante esta amenaza. No debemos consumir toda la información que nos llega sin cuestionarla. Necesitamos practicar un escepticismo saludable, fomentar la alfabetización mediática, la cultura de verificación y análisis crítico educándonos para identificar y combatir la desinformación.
Si no aprendemos a discernir entre la verdad y la manipulación, seguiremos siendo vulnerables y presas fáciles. Solo con una ciudadanía informada y crítica podremos proteger nuestro derecho a tomar decisiones .
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas
CONADI, Guatemala.
En Guatemala, se estima que 1,025,465 personas viven con al menos una dificultad, lo que equivale al 9.53% de la población total. Durante muchos años, las personas con discapacidad en nuestras comunidades han sido olvidadas y excluidas de diversos ámbitos sociales.
Este es un tema de preocupación para el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, que, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Guatemala, ha emitido 83 observaciones y recomendaciones al Estado guatemalteco.
Las OMD representan el enlace entre las personas con discapacidad y las entidades municipales.
Para cumplir con estas recomendaciones el CONADI, cuenta con el Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad. A través de sus delegados departamentales trabaja con organizaciones e instituciones dedicadas a las personas con discapacidad.
El objetivo es influir en la voluntad política de las autoridades para que integren la temática de discapacidad en los Planes, Programas, Proyectos y Políticas municipales.
En seguimiento a este mandato, CONADI colabora activamente en la Comisión Departamental de Discapacidad (CODEDIS) y con la Comisión Municipal de Discapacidad (COMUDIS); y a partir de la publicación del Acuerdo Gubernativo 137-23024, el pasado 2 de septiembre en el Diario Oficial, el CONADI podrá participar con voz y voto en los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (CODEDES).
Estos esfuerzos buscan fomentar la participación ciudadana y crear espacios específicos para la instalación de Oficinas Municipales de Discapacidad en los municipios del país.
Hasta la fecha, se han establecido 131 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) y 2 Direcciones Municipales de Discapacidad (DMD), que sirven como enlace directo entre las personas con discapacidad y sus familias en cada municipio.
Las aperturas más recientes incluyen las oficinas de Santa Catarina Mita, Jutiapa; Melchor de Mencos, Petén; Samayac, Suchitepéquez, San Rafael las Flores, Santa Rosa; Olopa y Quezaltepeque en Chiquimula; así como en Jocotenango y Pastores en Sacatepéquez.
