De acuerdo con datos de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), creada en este gobierno, varios ministerios del Ejecutivo denunciaron en el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, 425 casos relacionados con posibles actos de corrupción de administraciones anteriores, los cuales representan un impacto financiero de Q2 mil 496 millones 58 mil 934.91; sin embargo, no hubo mayores avances en las investigaciones.
El reporte de la CNC detalla que, del total de expedientes reportados, el ente pesquisidor desestimó 81 y otros 15 se archivaron. Nueve expedientes fueron finalizados y del resto no hay avances.
El documento también revela que las instituciones más afectadas son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), con 108 quejas que ascienden a Q860 millones 58 mil 26.10; el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), desde el que se evidenciaron 98 casos que representan Q1 mil 240 millones 536 mil 591.05, y el Ministerio de Gobernación (Mingob), que elevó 60 acusaciones por Q199 mil 44.38.
Las anomalías se presentaron en proyectos y contrataciones destinados a los departamentos de Guatemala, Quiché y Suchitepéquez. Además, indica que los posibles delitos que más se reportaron fueron incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, cohecho pasivo y peculado por sustracción.
Postergación sistemática
El abogado y experto en política criminal Marco Antonio Canteo consideró que las desestimaciones y el archivo de quejas relacionados con posibles actos de corruptela reflejan la nula preeminencia de este tipo de investigaciones durante la administración de Consuelo Porras al frente del MP.
“Prácticamente puso debajo de una alfombra los casos de corrupción”, afirmó el abogado al referirse a la gestión anterior del ente investigador. Añadió que, tras una etapa en la que la administración de Thelma Aldana dio prioridad a las pesquisas por estas anomalías, la administración de Porras “le quitó esa prioridad y se dedicó a archivar y desestimar casos”.
Según Canteo, “la gran cantidad de archivos y desestimaciones solo demuestran esa tesis”, y aseguró que el MP “no tenía de prioridad la investigación de los casos de corrupción”, pese a que se trata de “la principal demanda social, a raíz de que los recursos que se pierden en la corrupción estatal se dejan de invertir en la política social, tan necesaria que hay en el país”.
El profesional indicó que uno de los principales retos para el nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, será atender con eficacia los legajos de alto impacto que continúan sin resultados. “La corrupción debería tener categoría número uno”, reconoció.
La necesidad de revisar los documentos que no avanzaron en años anteriores. “Más que una revisión, el fiscal general necesita hacer una auditoría forense de los hechos de corrupción sin indagar”, recalcó.
Canteo también consideró necesario fortalecer las capacidades de la entidad indagadora mediante unidades especializadas y herramientas tecnológicas. “Para aclarar los grandes casos de corrupción se necesita levantar de nuevo las unidades especiales de investigación”, indicó.
Agregó que espera que la nueva administración impulse un plan para abordar los hechos pendientes y evitar impunidad en pesquisas de corrupción de alto impacto.
Acción penal
David González, abogado penalista y experto en temas jurídicos, consideró que respecto a la desestimación de 81 casos presentados por el Ejecutivo durante los dos últimos años de la administración de Porras en el MP, podría encuadrar en el tipo penal de denegación de justicia, aún con el respeto a la presunción de inocencia.
Explicó que la desestimación es una facultad “excepcional” que solo aplica cuando un hecho no es punible, por lo que al archivar quejas que involucran miles de millones de quetzales del erario “se pudo haber incurrido en una flagrante omisión de la acción penal pública”.
La inacción de la gestión de Porras, al no agotar las líneas de investigación o guardar las querellas sin fundamentación técnico-científica, expone a la administración a calificaciones penales como incumplimiento de deberes o abuso de autoridad, manifestó.
“En el ejercicio del derecho penal, la omisión deliberada de perseguir el delito cuando existe una obligación constitucional de hacerlo no es una simple deficiencia administrativa, sino una conducta penalmente relevante que atenta contra la administración de justicia y la seguridad jurídica del Estado”, aseveró.
Herencia negativa
Respecto al panorama tras el relevo en el ente investigador, González enfatizó que el nuevo jefe del MP, García Luna, tiene el imperativo legal de dirigir la entidad con absoluta imparcialidad y autonomía, dictado en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Argumentó que García Luna debe aplicar de oficio la reapertura de los casos desestimados, una facultad contemplada en el Código Procesal Penal, cuestión que evitará “incurrir en las mismas omisiones o errores procesales de su antecesora”.
El abogado penalista advirtió que el nuevo funcionario no puede “heredar la inercia procesal de la gestión anterior”.
Y reiteró: “Lo que se espera de su magistratura no es un juicio político, sino la reactivación técnica de los expedientes para que sean los tribunales de justicia los que determinen la verdad real de los hechos”.
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