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Nueva titular de la Sesan insta a trabajar en equipo
La nueva titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (Sesan), Maritza Méndez de Oliva, se presentó ayer ante el equipo de trabajo de la institución, y lo instó a trabajar unido y dar lo mejor en favor de los guatemaltecos.
Durante su discurso, Méndez de Oliva manifestó su entusiasmo por trabajar lo antes posible en cumplimiento de los compromisos del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, para impulsar la Cruzada Nacional por la Nutrición.
La funcionaria posee una licenciatura en Nutrición por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), cuenta con certificado de cierre de la maestría en Salud Pública y Epidemiología por la Universidad Rafael Landívar y estuvo certificada como asesora de Lactancia por la International Board of Lactation Consultants (IBLCE, por sus siglas en inglés), de Virginia, Estados Unidos.
Cuenta con amplia experiencia en diseño, implementación y seguimiento de estrategias y programas nacionales, orientados a prevenir la malnutrición en todas sus formas.
Su experiencia se inició en una asociación no lucrativa; luego, como parte de la administración pública, en el equipo del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y posteriormente con la cooperación internacional, en el Programa Mundial de Alimentos, del Sistema de las Naciones Unidas.
También ha participado en mesas técnicas multisectoriales para definir e incidir en políticas y programas relativos a seguridad alimentaria y nutricional.
La Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con sede en Quetzaltenango, en coordinación de efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), realizan una diligencia de allanamiento en inmueble ubicado en San Sebastián, Retalhuleu, en seguimiento a una denuncia por distribución de pornografía infantil.
EFE
La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó el Código Procesal Penal con el que facultan a la Policía Nacional a tener autoridad para allanar, sustraer equipos electrónicos e informáticos y exigir a las telefónicas la información digital (llamadas, mensajes de texto y voz, y geolocalización) de las personas que estén bajo su investigación, sin necesidad de una orden judicial.
La reforma procesal penal, propuesta por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fue aprobada por 89 de los 91 diputados que integran el Parlamento.
La iniciativa reformó 8 artículos del Código Procesal Penal, entre ellos uno que autoriza a la Policía requerir a la empresa de telefonía «información de los titulares de lineas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización, la ubicación de antenas emisoras y receptoras».
También el «número del módulo de identidad del suscriptor, de las direcciones de protocolos de internet, la identidad internacional de un equipo móvil y los usuarios vinculados a los equipos de las empresas telefónicas”.
Policía podrá realizar allanamientos sin orden judicial
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, podrá además «realizar registros, allanamientos y requisas que sean necesarios”, y podrán extraer y acceder a información de sistemas electrónicos e informáticos.
Todas esas acciones las podrán hacer sin una orden judicial en “casos de urgencia” y tendrá un plazo de tres días hábiles para la “convalidación del acto ante la autoridad judicial”, según el texto.
Asimismo, la reforma mandata al director general de la Policía a pedirle a las instituciones financieras públicas y privadas información sobre las transacciones de las personas naturales o jurídicas que estén siendo investigadas.
Asimismo, “incautar, ocupar o inmovilizar activos, títulos valores, certificados de depósito, documentos y cuentas bancarias».
También podrá suspender operaciones o transacciones financieras. Todas esas medidas podrán hacerse sin que la persona investigada sea informada.
«Todas las personas que tengan acceso a esta información deberán guardar absoluta reserva de su contenido. Los funcionarios públicos que violen esta disposición podrán ser destituidos de sus cargos, sin perjuicio de las responsabilidades”, señala la reforma.
La enmienda establece que aún en declaración de rebeldía, el proceso en contra de la persona no se suspenderá y si ya comenzó un juicio “el acusado será representado por un defensor” público.
El nuevo paquete de leyes
La Policía y la Fiscalía tendrán esa facultad para perseguir delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación, crimen organizado, contra la administración pública, contra el Estado o sus instituciones, ciberdelitos, cualquier otro que pueda ser perseguido en Nicaragua conforme a los instrumentos internacionales ratificados por el país, entre otros.
El diputado sandinista Carlos Emilio López dijo en el pleno que esa reforma otorga «mayor fortaleza de actuación a las instituciones del sistema de justicia», debido a que «se perfeccionan las formas de dirección, gestión y administración del sistema penal».
De igual forma, «se otorga un conjunto de herramientas que constituyen un verdadero blindaje a las instituciones que investigan, persiguen y juzgan los delitos del crimen organizado».
Sostuvo, además, que esa enmienda constituye un avance armónico con la política de seguridad del Estado y la estrategia de cero tolerancia a los crímenes transnacionales.
La legisladora oficialista María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que estas reformas están en coherencia con las enmiendas hechas la semana pasada al Código Penal, a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, y a la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo.
EFE
Uno de los 135 excarcelados nicaragüenses privados este martes de su nacionalidad por las autoridades de Nicaragua recibió la noticia con sorpresa, «un dolor inmenso» por una decisión a la que se sumó además la congelación de los bienes de ese grupo de exiliados acogidos desde el pasado 5 de septiembre en Guatemala.
«Se siente como una espada atravesando mi pecho», dijo a EFE el excarcelado Pedro José Gutiérrez, que recibió la noticia de que oficialmente había perdido la nacionalidad nicaragüense mientras se encontraba en un hospital de la Ciudad de Guatemala recibiendo atención médica por problemas en su columna.
Gutiérrez, que es mecánico industrial y activista, asegura que es «un dolor inmenso que nuestros hermanos de lucha han sido desterrados y se hayan perdido nuestros bienes, es una gran impotencia porque no podemos hacer nada estando en medio de un proceso de refugio».
La Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución en la que ordenó «la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional».
Gutiérrez estuvo preso 18 meses desde 2022 hasta el pasado 5 de septiembre, luego de criticar abiertamente en redes sociales y en acciones públicas al presidente Daniel Ortega por el apresamiento de opositores, activistas o artistas, entre otras personas.
Antes de ser liberado y llegar a Guatemala, Gutiérrez asegura que fue golpeado, torturado y además pasó 90 días en una celda pequeña esposado de manos las 24 horas.
En 2018, Gutiérrez también fue detenido durante las manifestaciones de abril de ese año que se realizaron en rechazo a diversas reformas políticas, así como el incendio de la reserva natural de Indio Maíz.
«Esta decisión de Ortega nos va a afectar a todos sin excepción, nadie puede decir que puede regresar a Nicaragua, nadie se libra de perder sus bienes», lamenta el excarcelado.
El nicaragüense buscará concentrarse por ahora en seguir los procedimientos fijados por las autoridades de Estados Unidos y Guatemala para regularizar su situación migratoria, pero indica que seguirá denunciando a distancia su preocupación por «los presos políticos actuales que no pudieron» acompañarles.
Esos 135 apátridas se suman a los 317 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, a los que las autoridades retiraron su nacionalidad en febrero de 2023.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria».
