Juan Alberto Lecaros Urzúa
Director Observatorio de Bioética y Derecho
El momento que vivimos en Chile con el inicio del proceso constituyente es un tiempo que no se agota en un plazo, en un tiempo medible, en lo que los griegos llamaban Cronos; sino que es un tiempo abierto en el que se juega un destino colectivo, lo que llamaron Kairós, el tiempo adecuado y oportuno para lograr el éxito de un gran desafío en situaciones imprevisibles.
El proceso constitucional nos ofrece este tiempo especial, para preguntarnos y reflexionar cómo hemos habitado y convivido hasta ahora en nuestro territorio y cómo queremos habitar y convivir en el futuro. En ese contexto, consideramos que es esencial preguntarse cuál es la sociedad del conocimiento que debería estar presente en el espíritu de la nueva Constitución y cómo esta debiera configurar, a su vez, nuestro futuro hábitat para el conocimiento. En las sociedades del conocimiento, las personas acceden y participan libremente en las dinámicas del conocimiento de donde emergen transformaciones colectivas científico-tecnológicas, sociales, culturales y económicas que, a su vez, desencadenan nuevas dinámicas de conocimiento.
Sin embargo, cuando hablamos de conocimiento, lo asociamos usualmente en nuestro país a un resultado a lograr, a un producto medible, ya sea en la economía, la educación, en la ciencia, tecnología e innovación, incluso en la cultura y las humanidades. Este sesgo está presente cuando, por ejemplo, reducimos la ciencia a papers, a número de investigadores y a financiamiento de proyectos concretos, como también la tecnología, a patentes, y la innovación, a desarrollo económico. Adoptamos también este enfoque cuando buscamos en los modelos de desarrollo de otros países la respuesta a nuestras necesidades y prioridades sociales, como si estos modelos externos, reducidos a su potencial de desarrollo económico, fuesen simples realidades trasplantables.
No se puede reducir el aporte que hace el conocimiento a la sociedad.
Incurrimos en este sesgo porque nos hemos limitado a mirar el conocimiento como un “objeto” a producir o como un resultado a alcanzar, y no como un proceso o dinámica social y cultural conducido por personas y que requiere de un hábitat que lo nutra y lo encauce hacia propósitos consensuados desde los territorios y sus prácticas, y que esté orientado por principios de Estado que definan la sociedad que queremos ser. Es en este sentido que pensamos que la Constitución debe jugar un papel en definir el espacio para conectar y dar fluidez a las dinámicas del conocimiento, pues estas necesitan operar desde el reconocimiento de principios y valores asociados a la colaboración y a la legitimidad de los actores.
Uno de los desafíos de la nueva Constitución estará entonces en reconocer, desde las bases de la institucionalidad hasta las formas de gobierno de los territorios, este derecho esencial que la Declaración Universal de los Derechos Humanos asegura a toda persona, el “derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Sin embargo, el principal reto no es reconocer el acceso al conocimiento como un derecho individual, sino establecerlo como un principio inspirador y articulador que considera a nuestros recursos naturales, la biodiversidad, la salud, la educación, la cultura, la economía y la modernización del Estado.
El primer paso para alcanzar este objetivo es que la convención constitucional reconozca nuestros saberes, habilidades y capacidades locales, incluyendo los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas, y la brecha que hay para desarrollar un nuevo hábitat nacional para el conocimiento. No se puede reducir el aporte que hace el conocimiento a la sociedad simplemente reconociendo, como lo hace la actual Constitución.
Continuará…
